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Varios de los reiterados y manidos argumentos para fundamentar el desinterés de los abogados en ingresar a la carrera judicial, comenzaron a hacer agua desde la vereda de enfrente y arrojan interrogantes que sólo el tiempo y las decisiones de fondo pueden definir.
La mayoría de los jueces comienzan su carrera a partir de los cursos que los abogados realizan en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU). Este es un organismo dependiente de la Suprema Corte de Justicia creado para perfeccionar a los futuros magistrados y otorgarles, presuntamente, un nivel de posgrado.
En los últimos años se ha acentuado el desinterés por esos cursos y el Poder Judicial rebajó las exigencias de ingreso buscando aumentar las inscripciones. Además de un atajo simplista y peligroso resultó inútil porque no creció sustancialmente el número de inscriptos, aunque porcentualmente lo parezca.
Hace unos meses el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) alertó sobre la “falta de preparación de algunos jueces en actividad” y le reclamó a la Corte, sin aparente éxito, “cambios urgentes para colocar a la magistratura como una primera opción para los mejores estudiantes de derecho…”. La directora del CEJU, la ministra Nilza Salvo, había señalado, además, que el nivel de postulantes es bajo.
La pretensión del CAU es sensata, razonable y justificada para una sociedad que pretenda destacarse por su calidad y seguridad jurídica, y como garantía para los ciudadanos. Se trata de una aspiración de igual o superior importancia que las proyecciones económicas. Más tarde o más temprano, las economías tambalean y casi todas sus consecuencias se dirimen ante los tribunales.
Otro de los argumentos que en los últimos años han formulado algunos integrantes de la Corte y del CEJU es que los peregrinajes por el interior desestimulan a los abogados a ingresar al Poder Judicial, ya que por otra parte obtienen mejores remuneraciones en el ejercicio de la profesión.
¿Cuánto debe ganar un abogado recién egresado para pagar el alquiler de una oficina, luz, agua, teléfono, IVA, aportes sociales y gastos diarios, entre otros gastos fijos? No olvidemos que parte de sus ingresos debe llevarlos a su casa.
Algunas consultas que realicé entre abogados indican que una recaudación conservadora no debería ser inferior a $120.000 mensuales entre los gastos fijos y la retribución personal. Hay que considerar la inactividad que generan las dos ferias judiciales (enero y julio) y semana de turismo. Vale decir, casi dos meses al año con ingresos cero.
¿Cuántos abogados jóvenes son capaces de obtener ese ingreso mensual, regular y constante? No puedo responder con certeza desde esta columna. Sería bueno conocerlo a través del CAU si tiene ese registro.
Algunas de las presuntas razones sobre el desinterés de los abogados por la magistratura se derrumbaron hace una semana al cerrarse el plazo de inscripciones para concursar para Fiscal Adscripto, un cargo que regirá para el Ministerio Público a partir del 1º de enero. Es la primera vez que se realiza este concurso.
¿Sabe cuántos abogados se inscribieron? 730. Una cifra similar al número anual de egresados universitarios y abrumadoramente superior a los interesados en cursar el CEJU. Entre 2008 y 2011 los inscriptos a los cursos del Poder Judicial oscilaron entre 75 y 91.
De la información surge un dato interesante: entre los postulantes para el Ministerio Público hay algunos actuarios del Poder Judicial y alumnos del CEJU. Se presume, si ingresan al Ministerio Público, que puede mermar la reserva judicial.
¿Acaso los abogados prefieren ser fiscales antes que jueces? No hay estudios que lo indiquen salvo la elocuencia de los datos que desarticulan varios argumentos sobre su desinterés en ingresar al sistema judicial.
Veamos: el nuevo cargo de Fiscal Adscripto es similar al de Juez de Paz de ciudad en el Poder Judicial. Los dos marcan el comienzo de ambas carreras. El salario es similar: $ 65.000 nominales, incluidas partidas especiales. Tanto jueces como fiscales deben estar dispuestos a trasladarse a cualquier lugar del interior del país. A los postulantes al Ministerio Público pareció no preocuparles el traslado al interior donde, a diferencia de los jueces, deberán suscribir una declaración jurada de residencia.
Para concursar para Fiscal Adjunto no se estableció límite de edad, salvo el del tope constitucional de los 70 años. Se consideró que si un abogado con experiencia y vocación desea incorporarse, puede hacerlo. Sin embargo la amplia mayoría de los inscriptos son jóvenes.
Se destaca otra diferencia: en el Ministerio Público se concursa en forma anónima hasta la comparecencia personal ante el tribunal. No hay designaciones a dedo.
Los 730 inscriptos deben pasar primero un filtro. Para cubrir las 64 vacantes sólo concursarán los 300 con mejor escolaridad. Luego tendrán que demostrar lo que valen y saben en pruebas que se realizarán el 1º de diciembre.
Para esta convocatoria se han establecido reglas claras de transparencia. Similares a las que la Fiscalía de Corte planea para más adelante cuando en el Ministerio Público se deba concursar para todos los cargos.
