El conflicto entre gobierno y militares

1.Introducción. Cuando menciono en el título “laberíntico conocimiento,” aludo a la indebida dificultad que tenemos los ciudadanos comunes en una democracia, a pesar de los esfuerzos de la prensa en general (que tiene similares dificultades aunque —como ocurrió— mejores medios para vencerlas), en conocer el verdadero porqué o porqués de los insólitos y extraños acontecimientos desencadenados con motivo de la elevación del fallo del Tribunal de Honor del Ejército al Poder Ejecutivo-Presidencia de la República. Pero esta dificultad cognitiva también actúa en el sentido de intensificar nuestra natural impulsión hacia el conocimiento de la verdad y, por ende, al ejercicio de nuestro derecho de conocer todo lo referente a la cosa pública. Estoy seguro de que al igual que quien suscribe, muchos ciudadanos no se resignan —afortunadamente— a no tener el debido conocimiento de la verdad de lo ocurrido entre el Ejército y el Poder Ejecutivo a causa de ese fallo militar. El poder, aún el democráticamente logrado, siempre tiende a usar y abusar de la posibilidad de ocultar algunas verdades a la opinión pública y dejar —si acaso— para el lento trabajo de la historiografía su tardío conocimiento bien alejado de las crisis institucionales. Aquí no pretendemos más que ejercer, de alguna manera, nuestro derecho a interpretar los acontecimientos que afectan la vida pública, aunque sea con los pocos elementos cognitivos de que disponemos. En esta débil y limitada tesitura, en la que sobran preguntas y faltan respuestas, es que trataremos algunos aspectos de esta cuestión en la que reinan olímpicas las apariencias y, según creemos, se ocultan verdades relevantes que tenemos derecho de investigar y, si es posible, conocer como ciudadanos de una república democrática. 2. Una posible causa no excluyente de otras concurrentes de la cuestión entre el Poder Ejecutivo y el Ejército. 2.1 La profunda y añeja disconformidad del Ejército con la Justicia ordinaria que juzgó a militares por violaciones de los DDHH en dictadura. Sabemos que el excomandante del Ejército Gral. Manini Ríos elevó al Poder Ejecutivo, conjuntamente con el expediente relativo al fallo del Tribunal de Honor, una comunicación en la que criticaba ásperamente la actuación de los tribunales del Poder Judicial en el procesamiento y condena de algunos casos de militares –que explicitó— por violaciones de los derechos humanos en la dictadura que –a su juicio y el de la generalidad de la oficialidad de la Fuerza—, se habrían dispuesto sin las debidas garantías (sobre todo la principalísima de imparcialidad). Esta crítica del entonces comandante, en lugar de haber sido comprendida y atendida por el presidente Vázquez como lo que fue, un intento de reivindicación de justicia de parte del jerarca y vocero de la principal fuerza militar del país (que como toda reivindicación razonable, pacífica y reservada no ameritaba otra cosa que no fuera una respuesta igualmente razonable y adecuada), molestó tanto al presidente que inmediatamente destituyó al Gral. Manini y luego causó ulteriores inusuales en la historia del país. Fue así que comenzó este largo y complejo culebrón que día a día nos sigue sorprendiendo y abismando con nuevos capítulos cuando ya esperábamos su final. Puede pensarse que dicha reivindicación en esa nota es un dato relevante a considerar para tratar de conocer los acontecimientos. 2.2 El contenido del fallo del Tribunal de Honor a la luz de la confesión del Sr. Gavazzo. En las actas labradas durante el proceso ante el Tribunal de Honor, consta que el exmilitar Sr. Gavazzo confesó haberse ocupado solo, sin ayuda de nadie, del ocultamiento en aguas del río Negro del cuerpo sin vida del tupamaro Sr. Roberto Gomensoro, al que habría asesinado a causa de las torturas que le infligió. (Testimonios de los entonces militares Sres. Silveira y Debat que revistaron —contemporáneamente— al hecho confesado por Gavazzo en la misma unidad militar en la que actuaba este último, citados en El Observador del 30/3/2019, págs. 4-6). No obstante, el fallo consigna que este tipo de conductas del Sr. Gavazzo y el Sr. Silveira no afectaron el honor del Ejército, sino que lo que lo afectó fue el hecho de que sabiendo los dos que el Cnel. Gómez era inocente (fue procesado y condenado por la Justicia penal a partir del solo testimonio plagado de contradicciones de un solo testigo tupamaro), no lo hubieran dicho a la Justicia que condenó a dicho Cnel. (Cumplió penitenciaría durante unos tres años hasta ser sobreseído). Es claro que no fue el ocultamiento del cadáver de Gomensoro confesado por Gavazzo, por horrible que haya sido, sino el incumplimiento con sus deberes de decir la verdad sobre la inocencia del Cnel. Gomez lo que les valió la condena de pase a reforma… etc. ¿Cómo se puede comprender esta aparente o real incongruencia o desviación del fallo del Tribunal de Honor que no condenó por un hecho tan grave, como es la desaparición del cadáver de una persona previamente torturada, pero sí lo hizo por no haber declarado los procesados por aquel Tribunal la inocencia del Cnel. Gómez? Veamos. 2.3 El extraño motivo de la condena en el fallo del Tr. de Honor a Gavazzo y Silveira por no haber declarado la inocencia de un militar erróneamente procesado por la Justicia penal. ¿Por qué lo califico de extraño? Porque no solo comprometió la responsabilidad de los condenados por el Tr. de Honor, sino que debió comprometer gravemente la del tribunal o tribunales del Poder Judicial que —en su momento— procesaron y condenaron al Cnel. Gómez sin las debidas garantías (sobre todo la de imparcialidad). El fallo militar pone de relieve implícitamente la actuación de los tribunales del Poder Judicial por haber determinado la pena de penitenciaría de un inocente durante tres años (respecto del cual nunca se levantó correcta y razonablemente la presunción de inocencia que lo amparaba), por estar viciado de falta de imparcialidad como era el caso del desafortunado Cnel. Gómez. Parece evidente que en el fallo, si bien de forma implícita e indirecta, estamos en la misma línea de razonamiento reivindicativo de justicia para los militares del Ejército —en su momento— mal condenados —a juicio— de la “mayoría generalizada del Ejército”, explicitada por el excomandante Gral. Manini Ríos en la nota elevada al Ejecutivo adjunta al expediente con actas y fallo del Tr. de Honor, que tanto y tan injustificadamente enojó al presidente Vázquez, de cuyas interminables y enigmáticas ulterioridades en el Ejecutivo no nos ocuparemos. 2.4 La insistencia del excomandante Gral. Manini luego de haber sido destituido en la misma reivindicación de justicia y consecuencias. De un reciente reportaje de Búsqueda al Gral. Manini surge: a) que preguntado sobre sus críticas a la Justicia en su nota al Ejecutivo —en lo medular— contestó: “Yo critico (…) el accionar de la Justicia, pero aparte digo que ese es el sentir generalizado en el Ejército y si alguien tiene alguna duda que haga una encuesta en el Ejército (…) lo que yo reivindico es mi derecho a criticar a la Justicia. (…) Yo tengo todo el derecho a criticar o a no estar de acuerdo con un fallo de la Justicia”; b) que preguntado si correspondía esa conducta de parte de un comandante, contestó: “(…) lo que hice fue elevar esa crítica (….) por escrito en un documento reservado, que no fui yo ni el Ejército que lo hizo público (…) voy al presidente y se lo digo en la cara” y c) que preguntado si había propiciado con esa conducta y otros antecedentes su salida, contestó: “No fue la idea. Yo le transmití al presidente el malestar que tenía con el procesamiento con prisión de un personal subalterno (…) por algo que pasó hace 40 y pico de años, por un delito que hoy es excarcelable (…) eso era inaceptable para la institución, que estén cargando sobre subalternos” (Búsqueda, Nº 2.014, pág.4). 3. Consecuencias interpretativas y conclusiones. Existen bastantes datos sobre el rol que jugó la reivindicación de justicia del Ejército en esta crisis institucional y, como bien se ha dicho: “Cuanto más sean los datos que confirman una hipótesis, más probable es que ella sea verdadera” (Bunge). Parece entonces razonable pensar que la disconformidad del Ejército con algunos fallos judiciales, que hace muchos años condenaron a algunos militares de esa y otras fuerzas (explicitados por el Gral. Manini en su nota), pudo ser la principal causa determinante del enfrentamiento con el Poder Ejecutivo-Presidencia de la República. Y si pudo ser así, entonces, podemos concluir, por ahora y provisionalmente, lo siguiente: El presidente Vázquez no debió enojarse por las críticas a la Justicia ordinaria que realizó en la referida nota el Gral. Manini ni tampoco destituirlo. Antes bien, debió escuchar serenamente esa crítica reivindicativa de justicia y, además de atenderla, quizás aprovecharla estratégicamente para intentar una solución política “a lo grande” (a instrumentar, tal vez, mediante ley formal) que contemplara la revisión de los casos que el Ejército y las otras Fuerzas (Armada y Aeronáutica, sobre todo la primera, donde sabemos de algún caso de oficiales que pudieron haber sido condenados sin las debidas garantías), entiendan que habrían sido injustamente fallados por la Justicia ordinaria. A cambio, exigirle al Ejército el envío, bajo reserva, a la Fiscalía Gral. de la Nación de todos los datos necesarios para localizar los restos de los desaparecidos, o conocer mediante pruebas lo ocurrido con ellos, y la identificación de los militares responsables, muertos y vivos, de las desapariciones forzadas. Incluso con previsión de una amnistía o atenuación de penas, para los militares aún vivos involucrados en esa información. Porque es posible que, si es verdad que los militares tienen un pacto de silencio al respecto, también lo es que ellos deben entender la igualmente justa reivindicación de los familiares de los desaparecidos, quienes tienen todo el derecho de velar a sus muertos. De haber sido así como lo pienso, desde el comienzo y en los sucesivos capítulos de este insólito culebrón institucional, el presidente Vásquez nunca estuvo a la altura de las circunstancias y –quizás— perdió una oportunidad histórica que la mayoría de los uruguayos necesitamos y queremos: una solución que produzca la definitiva reconciliación entre militares y civiles y la consiguiente eliminación y olvido de —por lo menos— una de las grandes fracturas de nuestra sociedad.