El control militar de las cárceles es una medida “paliativa” que “no cambia el fondo de la cuestión”, opinó representante de ONU

Según el experto, la medida que tomó el gobierno uruguayo de disponer que el Ejército controle el ingreso a las cárceles es “paliativa” pero “no cambia el fondo de la cuestión”.

Según Incalcaterra hay que tomar en cuenta dos factores: que América Latina “es una de las regiones más violentas en el mundo, a la par de regiones donde hay una conflictividad muy fuerte como el norte de África o Asia” y que “es una de las regiones más desiguales del mundo, donde hay poblaciones que no se benefician del Estado de derecho, de participar de la riqueza que producen sus países”.

Desde su oficina se ve con “preocupación” que “no hay una visión integral de lo que es la seguridad ciudadana” que integre a “los tres poderes del Estado con la sociedad civil, que determina cuál es el grado de violencia aceptable y cuál es el grado de delito que consideramos que merece pena privativa de libertad”.

El representante de Naciones Unidas puntualizó que uno de los principales problemas en las cárceles es la gestión. “¿Están las personas más adecuadas para llevar adelante una política penitenciaria adecuada? Porque nos enfrentamos a grandes sectores que se oponen a muchos cambios. En las cárceles hay mafias, es un submundo con sus propias reglas y actores. Se necesita capacidad de gestión, que muchas veces es lo que falta”, reflexionó.

A juicio de Incalcaterra, “Uruguay tiene una voluntad política” de buscar soluciones para el tema. No obstante, opinó que la medida de que el Ejército controle el ingreso a las prisiones es “paliativa para responder a un momento determinado” pero “no cambia el fondo de la cuestión”.

“Sí es correcta la visión: si entran armas o productos indebidos a una cárce­l­ es porque alguien los dejó entrar. Ahí sí hay un problema de corrupción sumamente importante que hay que trabajar. La formación de cuadros que trabajan con una población de reclusos es sumamente delicada porque estás oponiendo a profesionales frente a otras personas que tienen un historial muy difícil. No es fácil. La medida de utilizar el Ejército es una medida que puede dar una solución momentánea pero no mucho más”, opinó.

“¿Hay capacidad en este momento de llevar adelante la voluntad política expresada por las autoridades? Esa es la pregunta”, sostuvo.

Incalcaterra dijo que “el Estado tiene que invertir en” formar “un equipo multidisciplinario con especificidades propias que vea en la población reclusa cuáles son las medidas de formación, de capacitación, de tratamiento psicológico que se requieran para lograr el más alto índice de rehabilitación”.

Agregó que “simplemente ser depositarios de una persona no sirve porque esa persona tarde o temprano va a salir”. En cambio, hay que procurar “aquellas oportunidades para que cuando regrese tenga las herramientas suficientes para reincorporarse adecuadamente a la sociedad”.

“Hoy muchas de las cárceles están administradas por la propia Policía, cosa que nosotros consideramos que no es la mejor función. La Policía tiene una función muy propia e importante, que es la prevención del delito. Luego se necesita otra persona diferente, no puede ser el mismo policía que se dedique a la rehabilitación porque no tiene la formación”, sostuvo.

Para Incalcaterra “hay que hacer un proceso de identificación de los reclusos de acuerdo con su peligrosidad, y eso va aparejado a un programa de rehabilitación paulatino, tratando de que la persona tenga un círculo de experiencias en privación de la libertad que pasen de la más severa hasta la semilibertad a través de un proceso”.

Incalcaterra destacó que existe un protocolo adicional a la convención contra la tortura que fue firmado por varios países, entre ellos Uruguay, y establece un mecanismo nacional de prevención: “Es una respuesta que puede ser útil si es bien implementada. Una comisión es establecida dentro del propio país y tiene la facultad de visitar sin previo aviso todos los centros de privación de libertad para que puedan hacer la interlocución con las entidades del Estado correspondientes para que se mejoren aquellas partes del sistema que no están funcionando, haciendo recomendaciones. Es un sistema preventivo y sirve para prender los semáforos amarillos antes que se transformen en rojos”.