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“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos”. Mark Zuckerberg
Cualquiera que sea responsable de la gestión de bienes inmuebles públicos sabe lo dificultoso e ingrato que es procurarles un mejor destino cuando no son útiles o están mal aprovechados. Venderlos en forma transparente y positiva requiere enormes esfuerzos de muchísimos actores internos y externos a las organizaciones propietarias. Las trabas burocráticas son permanentes e infinitas. La inmensa mayoría de los intentos terminan en puntos muertos y los que son exitosos solamente logran que esa venta figure como un resultado extraordinario en el balance del organismo o en una transferencia ingrata a “Rentas Generales”.
El Estado tiene muchísimos bienes inmuebles ociosos, algunos de alto valor inmobiliario, algunos ocupados ilegalmente, algunos en situaciones jurídicas confusas. También tiene necesidades urgentes de inversiones propias de cada una de esas instituciones o empresas públicas con el propósito de cumplir mejor sus fines primarios. Imagino a la Fuerza Aérea o la Armada y sus necesidades imperiosas de contar con aviones y buques para patrullar fronteras, pero disponiendo de tierras y edificios inútiles o excesivos para sus cometidos, muy valiosos para otros fines.
Asimismo, hay enormes necesidades sociales insatisfechas relacionadas con la provisión de viviendas o terrenos para familias y emprendimientos agropecuarios o fabriles.
Parece lógico entonces facilitar el tránsito del valor de esos bienes ociosos (que, mientras lo son, provocan costos de impuestos, mantenimiento y seguridad para sus organismos propietarios) hacia inversiones necesarias de esos organismos o de la sociedad en su conjunto.
Los organismos públicos no cuentan con los recursos humanos ni pericia para acometer por sí mismos este esfuerzo, tampoco con los incentivos adecuados, y enfrentan trabas burocráticas internas y externas que dificultan aún más el proceso,
Pero ello tiene soluciones, que consisten en:
Concentrar en algún organismo público existente la gestión (venta, transferencia a otro organismo público, etcétera) de los bienes inmobiliarios ociosos del Estado, procurando profesionalidad, agilidad y transparencia.
Los inmuebles de valor inmobiliario relevante se venden al mejor postor.
Los inmuebles ocupados ilegalmente se regularizan o desalojan, con la intervención de otros organismos públicos vinculados a la temática.
Reducir por ley al mínimo imprescindible los requisitos nacionales y municipales para la transferencia de esos bienes hacia esos organismos gestores, para que sea ágil la decisión y ejecución.
Establecer que el resultado de la venta de esos inmuebles, luego de deducidos los gastos directos, tendrá destinos definidos, por ejemplo:
10% para la empresa pública gestora de la venta.
60% para el organismo público que suministra el bien, que solo podrá ser utilizado para inversiones propias, sin límite temporal para su ejecución.
30% para el Ministerio de Vivienda para la erradicación o urbanización de asentamientos.
El legislador intentó dar una solución a estos asuntos en el pasado, facilitando la transferencia de inmuebles ociosos al Ministerio de Vivienda, aparentemente con pobres resultados hasta ahora. Faltó dar incentivos y levantar barreras a los organismos para que esa transferencia o la venta a terceros sea promovido activamente.
“Puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla”. Martin Luther King
