• Cotizaciones
    miércoles 12 de junio de 2024
    • Temas del día

    El devaluado derecho a la verdad

    Nº 2196 - 20 al 26 de Octubre de 2022

    En muchos sentidos, desde luego, no son eventos comparables. Pero ¿qué podrían tener en común los dos grandes escándalos políticos de las últimas semanas, el juicio político iniciado por los ediles de la oposición contra Carolina Cosse y el tan sonado como desgraciado affaire Astesiano?

    Muy sencillo: en ambos casos a la ciudadanía le resulta mucho más difícil de lo aceptable conocer el fondo de cada asunto. En un caso, los ediles de la oposición sostienen que la intendenta de Montevideo no cumple con su obligación de informar al legislativo departamental. Cosse, por su lado, asegura que lo hizo en tiempo y forma. En el otro caso, el gobierno sostiene que Astesiano no era el jefe de la seguridad presidencial. La oposición, por su parte, afirma enfáticamente lo contrario. Sin embargo, no hay dos posibilidades. O Cosse informó debidamente o no lo hizo. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. O Astesiano era, formal o informalmente, de iure o de facto, el jefe de la seguridad presidencial o no lo era. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez.

    Podría poner otros ejemplos. Hay otras controversias parecidas, como la discusión acerca de si bajan o no los delitos o si aumentó o no la pobreza. Todas ellas son inaceptables. No. No podemos seguir por ese camino, el de ni siquiera ponernos de acuerdo en datos objetivos. Este estilo de debate solamente conduce a victorias pírricas. Manipulando la información, es posible ganar pequeñas batallas políticas, pero al altísimo precio de seguir minando la confianza de ciudadanas y ciudadanos en la política y sus actores. El debate político uruguayo está mostrando, en este sentido, señales muy preocupantes. Sobra Maquiavelo y falta Kant. Sobra viveza criolla y falta sinceridad. Sobran chicanas y faltan argumentos. Sobran, en definitiva, las verdades a medias, los datos manipulados, los informes incompletos, la retórica para la tribuna. Lo que falta, en el fondo, es lo más importante: consideración hacia la ciudadanía.

    Lo que está en juego, en última instancia, es si la elite política respeta o no un derecho humano elemental, que sigue esperando ser debidamente codificado: el derecho a la verdad. Cuando se habla del derecho a la verdad generalmente se piensa en el derecho de los familiares de detenidos desaparecidos a conocer el destino de su gente querida. Es un derecho incuestionable. Pero, desde mi punto de vista, este derecho constituye una dimensión específica de un asunto mucho más general. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre los dramas del pasado reciente, pero también a tener información verdadera sobre los problemas y escándalos del presente. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a que no les mientan. Tienen derecho a un debate público sin engaños, sin dobles, sin confusiones. Desde que Maquiavelo justificó la mentira como estrategia política en El Príncipe hasta ahora pasó medio milenio. Es tiempo de dar vuelta la página. No. La mentira no es inherente a la política. Es una práctica equivocada, muy dañina, una herida en la legitimidad de quien la enuncia, una bomba de tiempo en la confianza en la elite política y en las instituciones democráticas.

    Es una impactante paradoja. Nunca hubo tanta información disponible. Al mismo tiempo, nunca fue tan difícil separar la paja del trigo, distinguir hechos de mentiras o de verdades a medias. En muchas partes los líderes políticos se acusan mutuamente de mentir. Viene ocurriendo durante la campaña presidencial en Brasil, como se puede comprobar fácilmente repasando los tristísimos términos del primer debate hacia el balotaje entre Lula y Bolsonaro. Por eso mismo, retomando la vieja distinción griega entre doxa (mera opinión) y episteme (conocimiento verdadero), se publica cada vez más sobre derechos epistémicos y autoridad epistémica. Por supuesto, es legítimo que personas diferentes tengan percepciones distintas de lo verdadero. A través del debate público, la ciudadanía podrá extraer sus propias conclusiones respecto a quién creerle. Pero lo que hay que exigir, en primer lugar, desde una perspectiva centrada en los derechos epistémicos, es que los actores sean sinceros a la hora de comunicar lo que consideran verdadero. En segundo término, para cumplir con la máxima de respetar el derecho humano a la verdad, los actores deberán maximizar la precisión en la formulación de sus argumentos. En suma, cabe exigirles disposición a la sinceridad y exactitud. Ni más ni menos, por respeto a la gente.

    La ciudadanía tiene poca confianza en los partidos y en las instituciones políticas en general. Parte de esa desconfianza es inevitable. Como explicó Adam Przeworski, la democracia inexorablemente produce insatisfacción. La ciudadanía, en las democracias modernas, no siente que su participación política es efectiva. Tampoco confía en poder controlar lo que hacen o dejan de hacer sus representantes. Pero las prácticas políticas concretas pueden fortalecer o debilitar el vínculo entre ciudadanía y elite política. Aquellas que generan inseguridad epistémica, es decir, las que desdibujan la frontera entre lo que es cierto y lo que, lisa y llanamente es falso, desde ese punto de vista, son peligrosas e irresponsables.

    Hace unos años, en su libro Economía y confianza (Fin de Siglo, 2012), Ricardo Pascale, a partir de su propia experiencia, explicó que el primer gobierno democrático (1985-1989) evitó el derrumbe de la economía (y, en consecuencia, contribuyó a la consolidación de la democracia) porque logró construir y preservar la confianza. También la política se apoya en ese frágil intangible. Tenemos muy cerca, en el tiempo y el espacio, el ejemplo de Chile. Las instituciones políticas chilenas, que parecían tan sólidas, crujieron y se derrumbaron a medida que se fue evaporando la confianza. En ese caso, la confianza no fue destruida por la inseguridad epistémica sino por la incapacidad de los partidos para hacerse eco de las expectativas y frustraciones de la ciudadanía. Pero la legitimidad política puede destruirse de modos muy distintos. Nadie puede esperar que la ciudadanía crea en los partidos cuando se acusan sistemáticamente de mentir y cuando ni siquiera pueden admitir con sinceridad y precisión hechos tan sencillos como si se informó a la Junta Departamental de Montevideo o si una persona ocupaba o no un cargo de relevancia.