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Algunas irresponsables embestidas políticas ocultan la realidad e inducen en error a quienes se pliegan a militar sin pensar en sus propios perjuicios. Para el caso descalifican a un organismo como la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) porque, según ellos, prioriza lo político sobre lo jurídico, bandera del expresidente José Mujica. Si debido a esa u otras auditorías se produjeran sanciones de la Justicia, como ha ocurrido, qué dirán ante fallos consumados.
Los ejemplos son varios, pero me refiero a la construcción del Antel Arena bajo la responsabilidad de la expresidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. La Jutep señaló que se violaron normas éticas y de transparencia y que la buena adminstración estuvo ausente. Con detalle —para que no quede en el bla bla bla— lo reseña la semana pasada Guillermo Sicardi en su columna de Búsqueda.
La Jutep se basó en una auditoría independiente de Antel y su informe —que no rectificó ni amplió— fue votado por el representante del Frente Amplio, Jorge Castro. Cuando sus camaradas lo cuestionarion por dar una opinión independiente, renunció. Priorizó lo político sobre lo jurídico. Arrastrará esa vergüenza toda su vida.
Para Cosse fue una “peseudo auditoría” de un “notorio militante herrerista”. Se sumó el candidato a presidir el Frente Amplio, Fernando Pereira, quien como Cosse apronta su candidatura para 2024. Definió a la Jutep como un organismo de “ajuste político”, vale decir, antidemocrático. Mala memoria: para designar al directorio se necesitaron tres quintos de votos del Senado y el apoyo de su partido hace poco más de un año. Cualquier cosa vale cuando se da vuelta la tortilla.
Ocurre lo que advierten los dentistas: “El dulce pica los dientes”. Quince años de dulces sin control no solo les picaron los dientes, sino que a muchos hay que extraérselos sin anestesia. Las embestidas cerriles siembran preocupación sobre cómo enfrentará la oposición designaciones en las cúpulas de la administración de Justicia que en los próximos tres años requerirán venias parlamentarias.
Ese proceso de vacancias comenzó el 27 de octubre al cesar Luis Tosi en la Suprema Corte de Justicia. Si transcurren 90 días sin acuerdo político para designar a un sustituto, la Constitución establece que ingresará el ministro más antiguo de los tribunales, que es Ana Maggi. Pero cesará el 9 de enero antes de vencer los 90 días. En ese caso ingresaría Doris Morales. ¿Alguien tiene objeciones morales o técnicas? Si las tiene, que lo diga.
El 19 de diciembre de 2022 se retira por cumplir 70 años Eduardo Vázquez Cruz del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). La situación se complica sin un acuerdo. Es que los ministros de tribunales más antiguos son José Balcaldi, Ángel Cal y Rosina Rossi, con la misma antigüedad en los tribunales. Pero el artículo 236 de la Carta establece que ante igualdad de antiguedades en los tribunales se considerará a quien tenga más años en la judicatura, que son Balcaldi y Rossi con la misma antigüedad. No hay nada establecido respecto a quién entre ambos tiene la priodidad ni quién la determina. El 30 de enero de 2023 cesa Nilza Salvo en el TCA por cumplir 70 años.
La frutilla de la complejidad comenzó a crecer esta semana con la renuncia del fiscal de Corte, Jorge Díaz. Constitucionalmente, debería cesar el 17 de abril del año próximo y, aunque dice que desde hace un año tenía pensado renunciar, hasta no hace mucho estaba dispuesto a asumir como ministro de la Suprema Corte de Justicia si mediante una acuerdo político la jueza Graciela Gatti pasaba a ser titular de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Esa posibilidad naufragó hace algunas semanas, fundamentalmente por la negativa terminante de Cabildo Abierto.
La cuestión que importa es que renunció. Su sucesor debe ser propuesto por el presidente de la República, y requiere el respaldo de los tres quintos de votos del Senado. Sin negociar es como sacar la grande sin comprar un número. Pero no se requiere urgencia porque mientras tanto ocupará ese puesto el fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, inobjetable y experimentado, quien hasta junio de 2025, cuando cumple 70 años, podría desempeñarse al frente de la FGN. Está claro que en ese momento el gobierno y el presidente serán otros.
Varios candidatos han circulado en la ronda de rumores: la jueza graciela Gatti, el fiscal penal de Homicidios, Carlos Negro, la fiscal penal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, y el fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Enrique Rodríguez, entre otros. No es obligatorio ser juez o fiscal. Puede ser un abogado con 10 años de antigüedad, ciudadano natural o en ejercicio legal y tener 40 años de edad cumplidos. Hay varios académicos con sobradas credenciales. También se ha citado a Alvaro Garcé, director de la secretaría de Inteligencia, ex comisionado parlamentario de cárceles, exdirector del Registro Civil, profesor univesitario de Filosofía del Derecho y Evolución de las Instituciones Jurídicas y excandidato blanco a la Intendencia de Montevideo.
Complejo por donde se lo mire, pero con sensatez se evitarán irresponsables embestidas que prostituyan a la Justicia. En realidad ya comenzaron proponiendo un Ministerio de Justicia.
Para tener claros los riesgos basta con mirar la vereda de enfrente. Una Argentina globalmente degradada tiene un Poder Judicial célebre por la maleabilidad de sus integrantes y su sujeción a los gobiernos de turno. La diferencia no solo es de sistemas o de gobernantes corruptos. En Uruguay el espíritu republicano, la separación de poderes y la independencia de jueces y fiscales son de fierro. Hasta ahora.
