El enemigo acecha en el barrio

Para ser eficientes, los policías necesitan salarios decentes y acordes, formación profesional, serenidad y equilibro espiritual. Poco de eso tienen. En sus barrios enfrentan agresiones, distorsiones personales y familiares que afectan su rendimiento y en consecuencia la seguridad de todos.

Un informe de 2003 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece una serie de normas para los funcionarios policiales: obligación de cumplir la ley, servir a su comunidad, proteger a todas las personas contra actos ilegales y no cometer actos corruptos.

Deben respetar y proteger la dignidad humana y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas. En todos los casos tienen que observar los principios de legalidad, necesidad, no discriminación, proporcionalidad y humanidad.

La relectura de ese informe, preñado de obviedades, me recordó la irónica frase de un ex compañero de Búsqueda ante este tipo de documentos: “Todo muy lindo, precioso… ¿Y nada más?”.

Nadie exige con energía una vida digna para los policías, ni brega por su derecho y necesidad de vivir lejos del acoso de los delincuentes. ¿Quién protege al funcionario y a su familia en el barrio, escuelas y liceos donde es hostigado y su vida corre riesgos? ¿Cómo pretender seguridad ciudadana de quienes padecen esas condiciones?

Deben considerarse sus grupos familiares. Por dificultades económicas los policías, sus esposas, hijos, y en algunos casos abuelos y sobrinos, comparten apiñados una vivienda. Muchos se ven obligados a ocupar ilegalmente viviendas. Son “okupas”. En suma, el total de afectados debe multiplicarse en algunas familias por más de los cuatro de las tradicionales.

El primer párrafo de la citada declaración de Naciones Unidas dice: “Los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a la persona humana”. Otra vez, como dice mi colega: “Muy lindo, precioso… ¿Y nada más?”.

Ante esas carencias siempre surgen planes, proyectos, declaraciones de buenas intenciones, y hasta un fideicomiso para administrar una contribución especial de seguridad social de 1% creada en la última ley de Presupuesto.

Esta cuestión es responsabilidad de todos. No alcanza con planteos demagógicos, políticos reclamando más seguridad. ¿Que el gobierno tiene responsabilidad? ¡Vaya si la tiene! La mayor, pero no es el único.

¿Dónde queda en esto la responsabilidad de los partidos políticos, de las Iglesias, de las organizaciones sindicales y de los organismos oficiales y privados de defensa de los derechos humanos? ¿Por qué no denuncian o presionan por viviendas dignas y seguras para los policías de la misma forma que en otros asuntos? No recuerdo ninguna campaña política o social destinada a revertir la situación de quienes se levantan y se acuestan padeciendo vulnerabilidad física, moral y familiar.

La proyectada compra de un avión presidencial tendría un costo de un millón de dólares, a lo que se debería agregar unos U$S 500.000 por el mantenimiento y el uso. ¿Cuántas viviendas para policías y sus familias podrían construirse con ese dinero sumado a un complemento presupuestal? Ni hablemos del dinero dilapidado y malversado por el Estado en Pluna, Ancap, Alur, Alas Uruguay, el Mides, negocios con Venezuela y otras cuchipandas con las que juegan a la mosqueta.

El 10 de enero en su casa del barrio Borro la policía Ingrid González Martínez fue asesinada en un incendio. Tenía 29 años. Murió por asfixia y quemaduras de segundo grado luego de haber ayudado a salvar a sus dos sobrinas de nueve y siete años. Algunos vecinos rescataron a su madre de 62 años. La mujer denunció que hacía tiempo que sufrían acoso y que cuando Ingrid regresaba del trabajo le cantaban: “A los milicos hay que matarlos porque crecen como piojos”. Similar filosofía de algunos “revolucionarios” estudiantiles de los años 60 y 70: “Haga patria, mate un milico”.

El asesino, de 18 años, cometió el atentado incendiario para vengarse de un sobrino de la fallecida, porque lo había derrotado en una pelea. Esa noche el adolescente destinatario del atentado no durmió en esa casa. Un sindicalista policial dijo que los hechos fueron denunciados y no se tomó ninguna medida de protección.

A Ingrid la mató el fuego. Otros policías son asesinados con armas de fuego con un poder mayor que la de cualquier policía.

La responsabilidad es de todos, pero las señales públicas, sociales y políticas, son otras. El 23 de enero al referirse a la policía asesinada, el editorial de “El País” señaló: “Ninguna autoridad del gobierno o dirigente político concurrió a su entierro, ni hubo ningún acto simbólico que enalteciera la trayectoria de tan digna agente policial. Nadie se acercó a testimoniar su dolor o rebeldía”.

Los policías y sus familias viven rodeados por el enemigo y nadie toma medidas de fondo. Nadie.