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De manera cíclica y a medida que las tensiones políticas aumentan debido a coyunturas embarazosas, el aparato político —unos u otros— suele despacharse a sus anchas contra la justicia cuestionando, en general sin conocer el expediente, lo resuelto por un Magistrado Judicial, lo decidido por un Fiscal o, en el caso que motiva estas líneas, atacando a un abogado.
Me tocó hace algunos años ser objeto de un ataque directo por parte de un ministro de Estado, que me cuestionaba por patrocinar una causa internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de varios centenares de funcionarios judiciales, a quienes no se les pagaba una sentencia judicial, y procuraba desacreditarme, sin éxito, aludiendo a que era el abogado de los hermanos Peirano, como si ello me descalificara como abogado. Entonces, la reacción del Colegio de Abogados así como de diversos operadores judiciales y destacados abogados fue fulmínea, poniendo a ese señor en su lugar, enseñándole que es inmanente a la democracia, el respeto a las instituciones y la no intromisión política en asuntos que se dirimen en los estrados judiciales. Pretendía que entendiese que su descalificación hacia mí como abogado no solo resultaba desafortunada, sino directamente antirrepublicana.
En esta ocasión los abogados en particular y la opinión pública en general tuvimos que soportar la temeridad con la que un Senador de la República descalificó de forma desapacible a un abogado defensor, menospreciando su actividad profesional. Lo del Senador Da Silva es un ataque directo a un colega, el Dr. Alejandro Balbi y, por elevación, a toda la abogacía penal, desconociendo que la función del abogado en la búsqueda del valor justicia es insustituible en un estado de derecho, con lo cual reconocer, proteger y promover el papel crucial de la profesión jurídica como pilar fundamental del Estado de Derecho y de la promoción y protección de los derechos humanos, se eleva a un valor esencial del sistema democrático.
El Senador Da Silva no tiene derecho a hacer lo que hizo, flaco favor le hace a su investidura su verborragia descontrolada que nada aporta al debate sobre la cosa pública, como es su costumbre.
Si como todos pudimos ver, el Senador desconocía los alcances de las obligaciones de los abogados en el marco de la Ley Integral sobre Lavado de Activos, seguramente desconozca también -aunque no debería- que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por ONU (1990) exige a los gobiernos que garanticen que los abogados puedan desempen~ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obsta´culos, acosos o interferencias indebidas; puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su pai´s como en el exterior; y no sufran ni este´n expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, econo´micas o de otra i´ndole a rai´z de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas e´ticas que se reconocen a su profesio´n.
También dichos principios mandan que los abogados no pueden ser identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempen~o de sus funciones.
El ataque directo de un miembro del gobierno a un abogado defensor no es propio del sistema republicano y democrático de gobierno; y tolerar este tipo de acometida contra la función del abogado es augurio de un futuro ominoso que no podemos consentir.
