El espejo corrupto de España

Alcanza a todos. En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sevilla estalló el pago ilegal de prejubilaciones y forzó la renuncia del presidente autonómico, José Griñán; en Cataluña investigan al Partido Convergencia y Unión por adjudicaciones ilegales de servicios y coimas para construir el suntuoso Palau de las Artes; en Baleares condenaron por corrupción al ex presidente autonómico Jaume Matas (PP) y a la ex presidenta del legislativo de Mallorca, María Munar, de Unión Mallorquina.

Durante décadas los españoles vivieron el “deme dos” adormilados por cantos de sirenas. En 2008 estalló la crisis: recortes sociales, embargos, desempleo y un tembladeral bancario. En el desaparecido país de la fantasía se investiga hoy a unos 600 políticos y empresarios por maniobras estimadas en más de 1,2 millones de euros.

Con la mayoría de los denunciados en libertad y pocas condenas hay repudio en las calles y frente a los juzgados. La corrupción tomó a contramano a un sistema judicial desbordado y lento ante delitos complejos y vinculados al poder político que lo pulsea en varias canchas.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española sólo habilita la cárcel antes de la condena para asegurar la presencia del imputado, evitar fugas o que se oculten pruebas. La mayoría permanece en libertad. Algunos con fianzas superlativas: Urdangarín y Rosalía Iglesias —esposa de Bárcenas— debieron garantizar seis millones de euros.

Como en la mayoría del mundo democrático, en España la prisión provisional es la excepción. Rige la presunción de inocencia. Uruguay sigue a contramano: primero la cárcel y después las condenas. Cambiará cuando se apruebe el proyecto del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Aquí muchos procesados han ido a la cárcel en los últimos años por delitos similares a los españoles: José, Jorge y Dante Peirano, el ex comandante en jefe de la Armada Juan Fernández Maggio, el ex director de Aduanas Víctor Lissidini, el extinto ministro de Economía Enrique Braga, el ex intendente de Artigas Carlos Signorelli, el ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa, y el ex procurador del Estado Gualberto Pérez Riestra, por citar arbitrariamente algunos. Cuando llega la condena, muchos ya están en libertad.

Los jueces uruguayos ordenan la prisión antes de la condena basándose en el concepto de “grave alarma social” (artículo 3º de la ley 15.859). De dudosa constitucionalidad, esa disposición les da la discrecionalidad para medir la “temperatura” social según la repercusión pública: más difusión, más alarma.

El 2 de noviembre de 2004 el Tribunal Constitucional español suprimió ese concepto por considerar su naturaleza subjetiva y populista. Como es en Uruguay.

En el nuevo CPP, la prisión ocurrirá sólo cuando haya elementos (indicios fuertes, pruebas) de convicción suficientes, una eventual pena de penitenciaría, el riesgo de que se comentan nuevos delitos o que se pueda evadir la acción judicial.

¿Por qué esta reseña? Acostumbrados al sistema actual, los uruguayos seguramente pretenderán que aún con el nuevo CPP todos vayan a la cárcel antes de la condena aunque no se den las condiciones citadas. Es visceral pretender verlos con la cara detrás de las rejas aún sin condena.

Aunque en Uruguay estos delincuentes son niños de pecho al lado de los españoles, ante eventuales reacciones públicas futuras es necesario mirarse en el espejo español cuando se voten fondos para la reforma. Se requieren recursos para una intensa campaña publicitaria destinada a educar sobre el nuevo proceso.

La Unión Europea donó cinco millones de euros para, entre otras cosas, instruir a jueces y fiscales. Bienvenidos. Pero, ¿y los ciudadanos, las víctimas y los periodistas? Hay que prepararlos para los cambios. Para transmitir que la libertad durante el proceso no es impunidad y que cuando existan pruebas habrá condena.

También se tendrán que votar fondos para que, además de un número mayor, los jueces y fiscales tengan apoyo policial, tecnológico y científico de calidad para una definición rápida. En España hay asuntos de más de seis años sin condena. Si en Uruguay ocurre lo mismo cundirá la incredulidad y el riesgo de estallidos sociales sobre un sistema que, para el Estado, debe ser más esencial que otros. O por lo menos igual.

La frustración emerge mientras los delincuentes no son castigados. No se trata de venganza ni revancha. Todos —especialmente quienes son ajenos o contrarios a la presunción de inocencia— necesitan tener la convicción de que la justicia funciona y de que es igual para todos.