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En estos días se ha conocido el fallo del TCA referido al reclamo de un funcionario contra medidas sancionatorias que le aplicó la dirección de la Ancap, donde el Tribunal califica en forma muy especial la actuación del directorio de la época, en particular la de su presidente, Sendic. Esta noticia deja al descubierto una triste e injusta situación que debió padecer un contador, funcionario de carrera de Ancap, cuando en el ejercicio de sus funciones realizó observaciones y denuncias con respecto a procedimiento de gastos y pagos de una de las divisiones de la empresa. La noticia de este fallo ha sido comentada a través de las redes sociales y la prensa por parte de distintos actores. Por una parte, los senadores De León y Otheguy, integrantes de la lista 711, restándole trascendencia al fallo y denunciando que la oposición chicanea con esto para mantener en la agenda pública el tema Ancap y seguir cuestionando la honorabilidad de Sendic; por otra parte, el abogado Pérez nos subestima a todos diciendo verdades a medias sobre procesos, denuncias y cosas juzgadas. La oposición reclama que se analicen las denuncias presentadas, que el fallo del TCA se sume a los expedientes judiciales que están analizando distintos aspectos de la gestión de Ancap entre los años 2005 y 2015, sin poder explicar por qué en su momento cuando ellos recibieron estas denuncias las desestimaron. En realidad ninguno parece ver cuál es la gravedad de la situación que este fallo ha puesto al descubierto.
Ancap entre marzo del 2010 y octubre del 2015 fue utilizada para posicionar a Sendic como exitoso gobernante, cosa que en principio de haber sido así nos hubiera beneficiado a todos los uruguayos. En cambio Sendic, sus asesores y segundones lograron lo que es muy difícil de explicar en el mundo empresarial, llevaron a la quiebra contable a la mayor empresa del país que opera bajo un régimen monopólico. Los buenos ancapeanos, al decir de la ministra Cosse, fueron testigos y algunos partícipes de errores y horrores que se resolvieron y llevaron adelante en estos años y más de uno al ver lo que se estaba haciendo debe haber tenido la intención de denunciar lo que estaba pasando, pero el mensaje recibido fue claro: todo aquel que denuncie, al nivel que sea, cualquier irregularidad será separado del cargo, sumariado y defenestrado como “tipo complicado”, como calificó Sendic al contador denunciante. Surge una pregunta que debería ser planteada al más alto nivel y contestada por parte del gobierno, por el sindicato y funcionarios de Ancap: ¿Se usó el sumario, separación del cargo y descrédito para silenciar y castigar denunciantes? ¿esta amenaza amordazó a los funcionarios del ente para que no se atrevieran a realizar ningún cuestionamiento o denuncia? ¿hay otros casos de abuso de autoridad por parte del directorio de Ancap para con funcionarios que realizaron denuncias? ¿el actual directorio ha recibido denuncias sobre la gestión anterior; si es así, ¿qué ha hecho al respecto? ¿existen hoy garantías para los funcionarios de Ancap que quieran presentar una denuncia?
Lo trascendente de este caso no es si las denuncias realizadas por el funcionario eran o no verosímiles, si el Juzgado del Crimen Organizado las desestimó o no, lo importante es que en Ancap no se podía, y quizás hoy en día no se pueda, denunciar nada porque se impuso la ley de silencio, al mejor estilo de la omertá. Esta afirmación surge dado que a pesar de las malas decisiones, pésima gestión, malos contratos, sobreprecios pagados, despilfarro en fiestas, publicidad, donaciones, etc., no hubo denuncias por parte de quienes veían a diario reinar la ineptitud. Es de esperar que el tema de Ancap, que a esta altura se puede catalogar de tsunami financiero y madre de las penurias fiscales que vive el país (ajuste incluido), no salga de la agenda política, que sea evaluada por la ciudadanía en su real dimensión y tenida en cuenta llegado el momento.
