Cuando se comience a implementar la reforma del proceso penal, en febrero de 2017, los fiscales pasarán a tener un rol protagónico, ya que serán los encargados de dirigir las investigaciones, en lugar de los jueces.
Mientras la Fiscalía se prepara para este nuevo rol —y se adapta a su nuevo estatus como servicio descentralizado— el fiscal de Corte, Jorge Díaz, considera que es momento de hacer una “fuerte redefinición de sus cometidos”.
“Entendemos que la Fiscalía cumple hoy un montón de cometidos que tuvieron una justificación histórica pero que hoy ya no la tienen, sobre todo en el área civil”, dijo Díaz a Búsqueda.
En esta línea, considera que los recursos humanos y materiales que se dedican a la parte civil deberían “redireccionarse”, principalmente al área penal.
“Tenemos que hacer frente a una reforma penal, y a una reforma del Código Aduanero que ya está vigente. Y necesitamos redireccionar los recursos que tenemos”, explicó.
El 53% del trabajo de la Fiscalía uruguaya es civil y la mayor parte se trata de trámites de divorcios, tenencias, visitas, sucesiones, indicó Díaz. En este tipo de asuntos “no es necesario que intervenga el fiscal”, señaló.
“Para velar por el cumplimiento del orden público ya están los jueces. No es necesario que el Estado les pague el salario a dos funcionarios públicos, para cumplir con el mismo cometido”, opinó.
Díaz dijo que en determinados temas, como los de violencia de género, o en situaciones de vulnerabilidad de los derechos de niños y adolescentes, sí se justifica la intervención del fiscal. Pero se debe “eliminar el fiscal como dictaminante técnico”, explicó.
“Las fiscalías del siglo XXI no tiene competencia civil”, señaló. En el resto del mundo “hoy las fiscalías civiles prácticamente no existen, o se va hacia su desaparición”, añadió.
“Ahorrar”.
El fiscal de Corte considera que esta reforma permitiría “ahorrar recursos y redireccionar recursos humanos y materiales”. Es que según cálculos de la Fiscalía, cada vista de un fiscal nacional civil le cuesta al Estado U$S 65. “Si se suma el salario, el arrendamiento, la luz, el agua, el teléfono, el transporte, el pago a los funcionarios, y se divide en el numero de vistas fiscales, nos da ese costo”, explicó Díaz.
“Entendemos que es un costo para el contribuyente que no es necesario que se pague. La vista es obligatoria, pero es una pérdida de tiempo para el justiciable. Con esto hacemos un aporte a la agilidad del proceso y a la utilización razonable de los recursos”, argumentó.
Se trata de “poner la institución arriba de la mesa y repensarla”, dijo Díaz. El fiscal pretende presentar la propuesta al Parlamento “lo antes posible”. “Es una reforma estructural que la tendrá que discutir y votar el Parlamento”, afirmó.
“Cambio histórico”.
La reforma que impulsa el fiscal de Corte pretende acompasar los nuevos desafíos que enfrenta la Fiscalía. Por un lado porque ayer el Senado aprobó la ley que crea la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, fuera de la órbita del Poder Ejecutivo.
Esto le otorga un “grado de autonomía que permite trabajar con más libertad”, dijo ayer Díaz en conferencia de prensa. “Es un día histórico, es el primer cambio institucional del Ministerio Público en más de 100 años”, celebró.
Díaz anunció que pretende crear un Consejo Consultivo que asesore en determinados temas al fiscal de Corte. Tendrá representantes de la academia, del ámbito político y de la sociedad civil, entre otros.
Por otra parte, Díaz informó a Búsqueda que el “número dos” de la Fiscalía será el fiscal penal de cuarto turno, Ariel Cancela. “En el marco de esta ley va a tener otras funciones, va a ser el subrogante del fiscal de Corte en el área administrativa”, explicó. Hoy jueves presentará la propuesta al Poder Ejecutivo.
Nuevo Código.
La Fiscalía se enfrenta al desafío de asumir un rol protagónico en las investigaciones, a partir de que se implemente el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en 2017.
La Fiscalía está trabajando en conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para prepararse para el nuevo sistema.
Junto al Poder Judicial se crearon tres comisiones. Una de ellas trabaja sobre la implementación del nuevo CPP. “Nos estamos poniendo de acuerdo en cómo va a funcionar el sistema una vez que se ponga en práctica la reforma”, explicó Díaz.
Entre otras cosas, la Fiscalía y la Suprema Corte coinciden en que los juzgados deberán trabajar doble horario y no solo en la tarde, como ocurre en la actualidad. “La idea es que jueces y fiscales trabajen a doble turno, de mañana y de tarde”.
Además coinciden en que el CPP deberá comenzar a implementarse en Montevideo y Canelones, para luego extenderse a todo el país en un plazo de cinco años. “En principio estaríamos de acuerdo con eso, si determinados institutos como las medidas cautelares, tienen aplicaciones en todo el país”, explicó Díaz.
Otra comisión está trabajando en elaborar un nuevo proyecto del Código Penal juvenil, para que también pase a ser acusatorio y público. “No tiene sentido tener un código acusatorio para los adultos y uno inquisitivo para los adolescentes”, afirmó Díaz.
La tercera comisión trabaja en desarrollar una propuesta sobre salidas alternativas de conflicto y justicia transicional, que son medidas alternativas al juicio.
Con el Ministerio del Interior se crearon cinco comisiones de elaboración de protocolos de actuación para la investigación criminal: delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, violencia de género, seguridad rural y drogas.
