El 11 de mayo, el directorio del ente ordenó una investigación administrativa después de que, días antes, recibiera información de “la presunta existencia de irregularidades vinculadas a los procedimientos” desarrollados en el hemocentro. La investigación tuvo como objetivo “esclarecer, por un lado, la eventual omisión de realizar, en forma previa a los procedimientos de plaquetoaféresis, los estudios pretransfusionales exigidos por al normativa técnica vigente —hemograma, estudios inmunohematológicos y serológicos— y, por otro, determinar las circunstancias relativas a la falta de realización de las consejerías correspondientes a donantes que presentaron resultados serológicos reactivos, así como las consecuencias derivadas de dicha omisión”, según el informe final, fechado el 21 de julio, de la directora de Jurídica de ASSE, Mariel Nario.
Para las plaquetas se “requiere una evaluación previa destinada a determinar al aptitud del donante y garantizar tanto su seguridad como al calidad del hemocomponente obtenido”, explica el informe. En el Hemocentro de Maldonado, sin embargo, “respecto de determinados donantes habituales, se había instaurado una modalidad operativa consistente en conectarlos al equipo de aféresis y obtener las muestras destinadas a los estudios pre donación al momento de iniciar el procedimiento, difiriéndose su procesamiento para una etapa posterior”. Si los estudios demostraban después que esa donación no podía ser utilizada, se descartaban.
“La modalidad constatada implicaba someter al donante a u n procedimiento invasivo antes de haber verificado íntegramente los requisitos técnicos establecidos para determinar su aptitud, trasladando controles preventivos diseñados para efectuarse con anterioridad a una etapa posterior del procedimiento. Si bien no se acreditaron daños concretos derivados de dicha práctica, ello supone un apartamiento del modelo preventivo previsto por los procedimientos operativos aprobados por el propio Hemocentro”, concluye la investigación.
Las consejerías
El aspecto más crítico sobre la gestión de Curbelo fue el manejo de las comunicaciones a donantes cuyos análisis arrojaron “resultados serológicos reactivos”.
Los estudios serológicos buscan detectar algunos marcadores biológicos que puedan indicar la posible presencia de enfermedades transmisibles como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, de Chagas y sífilis.
Si el resultado es reactivo, la sangre donada se debe descartar y al donante se le deben realizar estudios confirmatorios para establecer un diagnóstico definitivo. El protocolo establece que el hemocentro debe coordinar una “entrevista confidencial”, según explica la investigación, en la que se le informa al donante acerca del resultado, “se recaban los antecedentes clínicos pertinentes, se orienta respecto de los estudios confirmatorios que corresponda realizar y se dispone al derivación al prestador de salud para la valoración médica y eventual tratamiento”.
El donante también debe recibir información sobre “medidas preventivas” que debe tomar para disminuir riesgos. De acuerdo con el informe de Jurídica, la finalidad de la consejería es “proteger la salud del propio donante, facilitar el diagnóstico precoz de eventuales enfermedades transmisibles y contribuir ala prevención epidemiológica y de salud pública”.
La investigación concluyó que hubo una “omisión o demora prolongada” en la realización de las consejerías, principalmente en el caso de aquellas personas que donaron en un ómnibus —el denominado hemobus— que se usaba para jornadas fuera del hemocentro. Esto “privó a numerosos donantes de conocer oportunamente una circunstancia de significativa trascendencia para su salud, impidiéndoles acceder tempranamente a un diagnóstico definitivo, a los controles médicos pertinentes y, de corresponder, al tratamiento adecuado”.
De acuerdo con el informe final, los retrasos en desarrollar esas consejerías habían sido advertidos en reiteradas ocasiones a Curbelo “mediante informes escritos, planillas de seguimiento y comunicaciones verbales, sin que surgiera de la prueba producida, la adopción de acciones suficientes para revertir al situación”.
“Las irregularidades constatadas no constituyeron hechos aislados ni decisiones adoptadas autónomamente por funcionarios subalternos, sino que respondieron a modalidades de funcionamiento implementadas y sostenidas durante la gestión” del entonces director, agrega.
Entre las pruebas, además de los testimonios de funcionarios, menciona informes en 2021 y 2023 del Laboratorio de Enfermedades Transmisibles en los que se advertía a Curbelo “acerca de la existencia de cientos de consejerías pendientes, solicitando la adopción de medidas para regularizar dicha situacion”.
Un informe interno de noviembre de 2021 mencionaba 356 consejerías pendientes correspondientes al período 2017-2021.
La investigación dice que siete donantes “figuraban con la condición de ‘rechazado por sistema’, debido a la existencia de una o más consejerías pendientes originadas en marcadores serológicos reactivos correspondientes a donaciones realizadas entre los años 2018 y 2024, vinculadas, entre otras patologías, a hepatitis C, enfermedad de Chagas, HTLV I/II y sífilis”.
En ocasiones, relata en otro momento, Curbelo ordenaba que se permitiera volver a donar a algunas personas pese a que tenían “consejerías pendientes”.
Una funcionaria dejó constancia de que Curbelo habría ordenado no realizar las consejerías correspondientes a los años anteriores al 2023, las que debían ser archivadas.
La investigación menciona la existencia de un intercambio de WhatsApp en el que le envían una planilla con las consejerías pendientes entre 2017 y 2022 y entonces director responde que se hagan las del 2022. “El resto archívenla... ya no sentido tiene...Salvo que sea Hepatitis o HIV que supongo que no”, respondió.
Un informe elaborado en julio de este año, meses después de la salida de Curbelo, indica que tras un análisis del sistema se concluyó que había acumuladas 1.015 consejerías pendientes por donaciones registradas entre 2017 y 2026.
“Los hechos constatados durante la presente investigación podrían revestir relevancia desde el punto de vista penal, particularmente en atención a la eventual afectación de la salud pública, a las decisiones adoptadas respecto de donantes con marcadores serológicos reactivos y a las órdenes impartidas en relación con la omisión de consejerías, al que además podrían presentar relevancia desde el punto de vista de la ética profesional médica”, concluye la directora de jurídica en su informe final. Y recomienda “valorar la pertinencia de efectuar la denuncia ante la justicia penal y ante el Colegio Médico del Uruguay”.
Javier Calvelo-adhocFOTOS
Las tres decisiones
Apoyado en esas recomendaciones, el directorio de ASSE decidió presentar una denuncia penal sobre el tema. Fundamentó la medida en la existencia de “un volumen sustancial de consejerias pendientes acumuladas correspondientes a donantes con resultados serologicos reactivos en el periodo comprendido entre los anos 2017 y 2026”, lo que demuestra el “progresivo agravamiento de la situación”. En otro de los considerandos de la resolución recuerda la importancia de las consejerías como una instancia para dar información a las personas y así prevenir “eventuales consecuencias para su salud”.
La resolución dice “que las irregularidades constatadas podrían dar lugar a un reproche penal, en tanto se vería afectada la salud publica”.
La decisión de iniciarle un sumario con retención del 50% del sueldo y suspensión responde no solo al problema de las consejerías. La resolución menciona también el incumplimiento del protocolo para algunos donantes habituales, a las que no se le hacían los estudios previo al proceso de donación.
El manejo presuntamente irregular de las consejerías está en el centro de la tercera resolución sobre el tema adoptada el viernes 21 por ASSE. El directorio ordenó ampliar la investigación administrativa para “determinar eventuales responsabilidades en cuanto a la omision de denunciar los atrasos en la realizacion de las consejerias por parte de funcionarios del Hemocentro Regional de Maldonado”.
Una defensa de Curbelo
Curbelo tuvo oportunidad de defender su gestión el 7 de julio, cuando compareció ante la Comisión de Salud de Diputados. El exdirector del hemocentro había sido convocado por legisladores blancos muy críticos con la decisión de ASSE de removerlo.
El exdirector dijo que durante su gestión, que comenzó en 2009, el hemocentro pasó de 3.000 donaciones al año a 27.000. Subrayó sobre las consejerías y otros “procedimientos técnicos” que nunca se usó sangre inhabilitada para transfusiones. “No puedo aceptar que haya una mínima duda de que no se hicieran estudios o que la consejería estuviera pasando por arriba ciertos procedimientos desde el punto de vista técnico”, añadió.
El diputado blanco por Maldonado, Federico Casaretto, le preguntó a Curbelo si sabía “que haya habido un paciente al cual se le ocultó su condición de HIV positivo”.
El exdirector respondió que no. Aseguró que él ni se enteraba si había casos positivos porque era un procedimiento técnico en el que no participaba. “No solamente eso no ha pasado: no pasa. Y no voy a dejar de respaldar el trabajo que hacen los técnicos que están en el hemocentro, que hacen un trabajo bri-llan-te y que realmente cumplen a rajatabla los protocolos y manuales de procedimiento”, respondió.
“Es el Ministerio de Salud Pública el que se encarga, obviamente, de tratar de llegar al paciente, más allá de la consejería que nosotros tengamos que hacer —y que la hacemos—, citamos al donante para informarle y hacerle el pase al médico infectólogo correspondiente”, sostuvo.
Curbelo describió que “en el peor de los casos”, cuando no encuentran a un donante, después de llamarlo tres veces y no obtener respuesta, le avisan a las autoridades sanitarias. Sostuvo que esas cosas podían suceder porque “hay un montón de gente de determinados recursos que vive cambiando el número de celular y los celulares toda la semana, puede ocurrir que ese número que dejó cuando donó no se detecte y no se lo encuentre”.
Cuando se trata de VIH los protocolos se activan rápido, sostuvo. Y agregó: “se le informa a la Departamental de Salud: ‘Mirá, hasta tres veces lo citamos y no lo pudimos ubicar; traten de ubicarlo ustedes a través de la Policía, porque nosotros no teneno tenemos otros mecanismos para poder citarlo’. Y ahí termina nuestro trabajo”.
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