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En 2024 el gobierno de Luis Lacalle Pou reglamentó la ley que habilita el acceso público a la documentación sobre la última dictadura cívico-militar resguardada en el Archivo General de la Nación (AGN). Hasta entonces, esos archivos solo estaban disponibles para familiares de las víctimas, algunos investigadores y académicos, y funcionarios de la Justicia.
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La ley se aprobó en mayo y fue reglamentada en diciembre de ese año. Sin embargo, hoy no registra mayores avances. Por el momento se conformó un grupo de trabajo a fines del año pasado, que se reunió en diciembre y acordó diseñar un procedimiento para solicitar la documentación a los distintos organismos obligados a remitirla al AGN. Ese procedimiento de transferencia todavía está en redacción.
Así surge de una solicitud de informes a la que accedió Búsqueda, presentada en mayo por el senador nacionalista Javier García ante el Ministerio de Educación y Cultura, cartera de la que depende el AGN. Entre otros puntos, García preguntó por el estado actual del proceso de recepción de documentos y por la cantidad de material que ya está disponible para consulta inmediata del público.
Respecto de los documentos pendientes de publicación y el cronograma previsto, la respuesta oficial señala que la sección del AGN encargada de los archivos de la dictadura cuenta con una sola funcionaria a cargo. “Además de otras tareas en las que debe participar, es la responsable de dar respuesta a las solicitudes de acceso de información sobre esos documentos, que llegan a la institución”, afirmó la directora del AGN, Alejandra Villar.
Vista del Archivo General de la Nación.
Presidencia de la República
La ley de acceso público fue elevada en mayo de 2024 al Parlamento por el Ministerio de Educación y Cultura, con la firma de Lacalle Pou y los ministros de aquel momento. Establece que se hará disponible al público general todo testimonio material de un hecho o acto del período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. El decreto reglamentario de la ley, publicado en diciembre de 2024, ordenó además la creación de una nueva sección en el Archivo General de la Nación, denominada Archivo del Pasado Reciente y Violaciones a los Derechos Humanos.
“El objetivo principal es reunir, organizar y conservar documentos relativos al pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos verificadas en el país, así como asegurar su libre acceso y difusión mediante la publicación en línea de aquellos que se definan como no reservados”, afirma el decreto, que solicita a los organismos públicos remitir al archivo todos los documentos que tengan en su poder, en su forma original o en testimonio auténtico. Entre los organismos que concentran la mayor parte de esta documentación se encuentran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República.
El decreto también incluye la creación del grupo de trabajo ya formado por el gobierno actual, integrado por representantes de los organismos obligados a brindar los datos y por un representante del AGN. El principal cometido de ese grupo es la confección del procedimiento que definirá los criterios de obtención, organización, conservación, acceso y publicación de los documentos.
Del Ejército Nacional al Ministerio del Interior
La elaboración y aprobación de la ley provocó un debate político en 2024, con el respaldo del gobierno de coalición y cuestionamientos de dirigentes del Frente Amplio, que expresaron su preocupación porque la liberación universal de los archivos derivara en la divulgación de información personal y sensible sobre las víctimas de la represión y sus familiares, y por que pudiera entorpecer las tareas de búsqueda de detenidos desaparecidos.
“La idea que inspira esto es dar transparencia y conocimiento a la verdad. Hasta ahora de ese pasado doloroso y trágico lo que conocemos es un relato, que muchas veces coincide con la verdad y otras veces es una tradición oral o una verdad que se fue construyendo a partir de repetir cosas que no son comprobables efectivamente. Entonces nos parece que no hay ninguna razón para que ese pasado doloroso y trágico no sea conocido”, indicó entonces el ministro de Defensa Nacional, Javier García.
El Ministerio de Defensa Nacional, entre otros, es uno de los organismos obligados a otorgar información.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En junio, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del AGN, firmó un convenio con la Universidad de la República y la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para la elaboración de pautas de trabajo que “promuevan el tratamiento, la preservación y la administración de la información de los archivos y repositorios documentales relacionados a las violaciones a los derechos humanos”, en un período más amplio a 1973-1985, que va desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985.
En abril, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de Presidencia de la República, anunció que incorporará herramientas de inteligencia artificial (IA) como parte de un proceso de modernización de la gestión documental vinculada a la dictadura. Se trata de un proyecto piloto en el cual participarán funcionarios científicos de Presidencia que determinarán la factibilidad técnica de utilizar reconocimiento OCR (reconocimiento óptico de caracteres), generación automática de metadatos y búsquedas de información asistidas por IA.
Actualmente, el AGN cuenta con declaraciones juradas y otros documentos en microfilm del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el órgano de coordinación conjunta entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea que durante la dictadura cumplió un rol central en la estructura de inteligencia militar; material de archivo proveniente de la Escuela de Inteligencia del Ejército; antecedentes históricos de la Corte Electoral sobre inhabilitados especiales durante la dictadura, y legajos personales de médicos, odontólogos, químicos y enfermeros retirados, dados de baja o fallecidos, remitidos por el Ministerio de Defensa Nacional. A ellos se suman boletines de órdenes diarias, una selección de documentos de familiares de detenidos desaparecidos y partes de novedades del Ministerio del Interior.
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