De acuerdo a lo que informa Búsqueda, que recoge expresiones del fiscal de Corte, no compartimos dichas apreciaciones.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáTres aspectos de los muchos que trata esa nota merecen una urgente respuesta a la opinión pública, no sea cosa que las verdades a medias o las interpretaciones forzadas queden asentadas en la conciencia ciudadana como verdades que están más allá de cualquier duda o revisión. Una de ellas tiene que ver con la lectura parcial de la sentencia del caso Gelman; al señor fiscal de Corte no le parece relevante que esa sentencia, tal como reza en su propio texto, se dictó pura y exclusivamente para ese caso particular; extenderla a otros casos como quiere el fiscal, legalmente no corresponde.
Respecto a los delitos de lesa humanidad, sabe el fiscal de Corte que recién en el año 2006 los homologa nuestra legislación, a partir del reconocimiento del Tratado de Roma. Previo a esa fecha no existían para el país esas figuras y por lo tanto mal pueden establecerse acusaciones que los tomen en cuenta sobre hechos o supuestos hechos ocurridos varias décadas antes. Aplicar una ley posterior al delito que esta inaugura es algo que ofende abiertamente el sistema de garantías que tutela el derecho de los habitantes de la República.
El fiscal de Corte también considera que debe intervenir en la decisión de los jueces. Entiende que el soberano acto parlamentario que adoptó la “ley de caducidad”, que la soberana mayoría que lo ratificó en un referéndum y la soberana mayoría que volvió a convalidarlo en un plebiscito son elementos jurídicamente triviales, que esa ley, por más ley que sea, no debe aplicarse en ningún caso porque ni el Parlamento que la adoptó ni la ciudadanía que, como prevé la Constitución, por dos veces le dio su rotunda aprobación, son elementos hábiles según su parecer para que en el Uruguay prevalezca el imperio de la ley y el respeto al Derecho. Cree el fiscal de Corte, asumiéndose como consejero y rector de jueces, que los magistrados deben despreciar la vigencia de una ley y su ratificación por el ciudadano, y dictaminar solamente teniendo a la vista la opinión que él proclama en la entrevista.
Conduele observar que la voluntad de paz, de entendimiento, de cierre de las viejas heridas que todavía son testimonio de un país que estuvo dividido y padeció del encono y de la violencia, que el espíritu de concordia y la necesidad de dar vuelta la página de la historia para poder construir junto el porvenir, que expresó la ciudadanía en enorme mayoría, no tienen en las actuales posiciones del fiscal de Corte a su mejor amigo; y lo que más lamentamos es que el futuro republicano en el cual se funda nuestra democracia, se vea lesionado con estos antecedentes donde la línea política se coloca por encima de la jurídica.
Le saludan atentamente
Gral. Juan J. Córdoba Cnel. Guillermo A. Cedrez
Presidente del Círculo Presidente del Centro Militar
Militar “Gral. Artigas”