El fugado del escuadrón

Ahora la Suprema Corte de Justicia decidirá si la asociación para delinquir, la desaparición forzada, y los homicidios que se le imputan a Sofía prescribieron o son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Antes, el expediente pasará al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Su opinión no es vinculante pero ha sostenido que son crímenes de lesa humanidad.

A 47 años de la desaparición y asesinato de Héctor Castagneto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, y a casi 10 de que Sofìa se convirtió en prófugo, la sentencia, sea cual fuere, cerrará esa parte de la guerra sucia que sumergió al país en un baño de sangre. La responsabilidad penal de Sofía es la única pendiente.

Fue capturado el martes 8 en Punta Carretas. Por tratarse de hechos previos al actual Código del Proceso Penal, la Policía lo puso a disposición de la jueza penal Fanny Canessa. Hace 10 años el fiscal Ricardo Perciballe pidió su procesamiento. Una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Aníbal Martínez Chaer frenó el trámite en el juzgado de Canessa y lo dirigió a la Corte.

En abril de 2009, por primera vez en un documento oficial, un fiscal dijo que existió un grupo paramilitar de ultraderecha que en los 70 actuaba con el aval del Ministerio del Interior y el apoyo de agentes de la CIA.

Solicitó el procesamiento de Sofía, Bardesio, Freitas, Jorge Grau y Angel Grignoli por “asociación para delinquir”, “desaparición forzada” y “homicidio muy especialmente agravado” por los casos de Castagneto, Ramos Filippini y Gutiérrez cometidos en 1971.

Los involucrados por la jueza Graciela Eustachio en el caso de Castagneto son Bardesio, Freitas y Sofía, aunque no analizó su responsabilidad por estar prófugo.

Para la jueza, los delitos imputados no son de lesa humanidad. Consideró prescritos los homicidios de Ramos Filippini y Gutiérrez y así liberó la responsabilidad de Grau y Grignoli.

Mantuvo el de Castagneto al elevar en un tercio el plazo de prescripción de 20 años. Consideró a Bardesio y Freitas como sujetos “peligrosos” (artículo­ 123 del Código Penal) y recordó que tampoco se considera el período de la dictadura entre el 27 de junio 1973 y el 1° de marzo de 1985.

El Tribunal de Apelaciones de tercer turno coincidió con la tesis de Eustachio. Lo integraba Bernadette Minvielle, que hoy es ministra de la Corte (Búsqueda Nº 1.526, 1.533 y 1.534).

Si la Corte mantiene su posición sobre la prescripción, igual Sofía puede ser responsabilizado por el secuestro y muerte de Castagneto. Como Bardesio y Freitas.

La inmoralidad de Sofía tiene otros ribetes. En la dictadura fue funcionario de la sección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Puesto clave: allí se controlan los pasaportes. El gobierno militar luego lo designó segundo secretario y agregado de Prensa en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos. Tenía como misión contrarrestar la ofensiva de prensa contra la dictadura que desarrollaban Wilson Ferreira Aldunate y la Convergencia Democrática con el apoyo de la administración del presidente Jimmy Carter y del senador demócrata Edward Kennedy.

En medio de ese operativo afloró un miserable ladronzuelo: robó en dos ocasiones en un supermercado y el gobierno de Estados Unidos solicitó su remoción. Regresó a Uruguay pero no fue destituido. Sus servicios en el escuadrón eran de mayor peso. Tenía entre otros el respaldo del director general del ministerio, el coronel Walter Machado y fue designado en la Embajada en Taiwan.

A su regreso, el gobierno militar le concedió una onda radial que denominó Emisora del Plata. Su éxito lo llevó a fundar el Grupo del Plata: FM Total, Futura, Cenit de Rivera, Real de San Carlos de Colonia, Santa Rosa de Canelones y La Pradera de Rocha. Las vendió en 2007 al poderoso empresario mexicano Ángel González, que utilizó testaferros. Fuentes del sector sostienen que Sofía cobró más de un millón de dólares.

Su espera entre rejas no se limita a violaciones a los derechos humanos. El fiscal Carlos Negro y el juez penal Alejandro Asteggiante ordenaron la semana pasada su prisión preventiva por 60 días por “falsificación ideológica por un particular” y “uso de certificado falso”. Usó una cédula auténtica de Adolfo Casaballe Lapido, a quien le fue hurtada hace varios años. Así logró viajar a Argentina y también evitar su captura.

¿Alguien de tal notoriedad puede permanecer 10 años prófugo sin ser ubicado? Vivía y veraneaba en lugares de gran afluencia de público. ¿Nadie lo reconoció? La viviendas en las que vivía en Montevideo y Punta del Este eran notorias. Solo es posible con la ayuda de algunos o el silencio cómplice de otros. ¿Quién o quiénes? Difícil determinarlo.