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La jurisprudencia es el resultado de la creación científica y una fuente de orientación del derecho positivo, pero no significa que todo deba resolverse por esa vía. Suele ser tan importante como la jurisprudencia el sentido común y diferenciar lo principal de lo secundario. Sin embargo, resulta interesante una sentencia de la semana pasada de la Audiencia Nacional de España sobre la solicitud de un procesado, tanto por el fondo, como porque su filosofía trasciende lo jurídico.
Luis Bárcenas, ex tesorero del gobernante Partido Popular, está siendo investigado por una trama de corrupción. Se le atribuyen maniobras superiores a 88 millones de euros relacionadas con la evasión de impuestos y lavado de activos. Se le han ubicado y embargado propiedades por tres millones de euros, y cuentas en Suiza por 4,9 millones de euros.
Bárcenas le solicitó al juez que le liberara diez mil euros mensuales para pagar honorarios de sus abogados y otras necesidades familiares.
La decisión de la Audiencia Nacional fue contundente: si la Justicia decidiera desbloquear ese dinero producto de presuntos delitos, significaría blanquearlo, legalizarlo. Autorizarlo, dice el fallo, equivaldría a “dar entrada en el circuito lícito a cantidades de procedencia ilícita”.
Un ex juez penal me comentó —aunque con una dimensión menor— que siempre consideró ilógico e injusto que cuando se incautan cigarrillos u otros productos de contrabando, se pagara una multa aduanera y quedaran blanqueados para venderse en el mercado a un precio vil, compitiendo con los productos lícitos.
El monumental escándalo de la FIFA y de la Conmebol ha tenido derivaciones de las investigaciones judiciales, pero debido al fraccionamiento noticioso y a que el centro del interés no es deportivo han pasado casi inadvertidas.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le reclama al gobierno parte de los bienes que se le embargaron al ex presidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo: unos U$S 10 millones. La AUF pretende usarlos para instalar cámaras de seguridad en los estadios que tienen un costo de U$S 5,5 millones. Quiere que el gobierno le haga una especie de donación en lugar de destinar todo el dinero a lo que establece la ley.
Este tipo de pedidos (y concesiones) integran la historia nacional degradada. Todos creen tener derecho a que el Estado los subvencione, financie, respalde o salve de la quiebra. Imaginan que la leche de la teta del Estado es interminable. Para muestra basta la cooperativa Alas Uruguay, a la cual el gobierno bancó pese a su previsible fracaso. Cuatro meses después de su primer vuelo, al borde del colapso, le reclama más dinero pese a que la teta le dio más de U$$ 24 millones con el privilegiado seguro de paro de Pluna que pagamos todos. El diputado blanco Rodrigo Goñi anunció una denuncia penal por ese y por otros préstamos del Fondes. Abrirá la Caja de Pandora y así veremos cómo nos tomaron el pelo.
Volvamos al fútbol. La ley 18.494 establece que el dinero obtenido de los bienes incautados (a Figueredo por lavado de activos) será administrado por el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (JND). Se destina a prevenir el consumo de drogas, tratamientos y asistencia e inserción social de los usuarios. También para investigar y reprimir el tráfico de drogas y el lavado de activos.
Esos fondos solo puede facilitarlos una decisión del gobierno; si accede, ese dinero de origen ilícito volverá al mercado. Es asombroso: la AUF no tiene dinero para pagar las cámaras ni el salario de Tabárez y su equipo, y como el rey Midas propone organizar con Argentina el Mundial de 2030.
Es insensato quitarle dinero que la JND usa para campañas de prevención del consumo de tráfico de drogas y contra el lavado de activos. ¿O acaso son más importantes las cámaras de seguridad?
La pretensión de la AUF es enclenque. Ante la corrupción de Figueredo y de la Conmebol hizo como el avestruz. Ni la asociación ni los clubes respaldaron la denuncia de 2013 que terminó con Figueredo entre rejas. Siete clubes desistieron extorsionados por el director general de la Conmebol, el abogado español Gorka Villar. Ahora, la Justicia uruguaya pretende interrogarlo por ese delito mientras él sigue cobijado por la Conmebol, avalado por sus nuevas autoridades, entre ellas el presidente de la AUF, Wilmar Valdez y, a través suyo, de los clubes extorsionados.
¿Por qué la AUF no le reclama a sus presidentes desde 1997 (cuando asumió Figueredo) el dinero que durante 20 años se embolsaron clandestinamente de la Conmebol? Surge clarito del expediente judicial. (*)
Coincidiendo con la AUF, la FIFA ha solicitado a la Fiscalía General de Estados Unidos recuperar dinero por 190 millones de dólares que les incautaron a los mafiosos sometidos a proceso penal en ese país. Por la formalidad del camino planteado en Estados Unidos, la decisión en ese país debe ser jurídica. En Uruguay solo puede ser política.
De cualquier manera, tanto allá como aquí habrá que esperar hasta que las condenas queden firmes y los bienes se rematen. Una larga espera.
Una propiedad incautada en 2006 dentro del marco la misma ley recién saldrá a remate en estos días.
(*) Juzgado del Crimen Organizado de 1er. Turno, Ficha IUE 2-375/2014
