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Justificadas discrepancias ha suscitado el decreto del Poder Ejecutivo que creó el llamado Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. El principal y lógico cuestionamiento a este acto gubernamental reside en que los delitos a investigar son todos los cometidos a partir del 13 de junio de 1968, fecha en que el gobierno del señor Pacheco Areco adoptó medidas prontas de seguridad para combatir a los grupos subversivos operantes en nuestro país desde 1963, por lo menos.
Ello configura un grueso error, pues equivale a retrotraer el inicio de la dictadura, que principió el 27 de junio de 1973, cinco años atrás. O sea, atribuir carácter dictatorial al gobierno constitucional de Pacheco, cuyo carácter de tal surgió de su condición de electo en comicios límpidos.
Cierto es que dicho gobierno, a partir de la fecha antedicha, aplicó permanentemente medidas prontas de seguridad y transgredió, algunas veces, los límites y el sentido excepcional de este poder de emergencia. Pero no es menos cierto que lo hizo siempre bajo control parlamentario, el cual si se ejerció ineficazmente —como así ocurrió— no fue ello imputable al señor Pacheco Areco, salvo cuando este reimplantó dichas medidas. Levantadas por la Comisión Permanente (febrero de 1970) y, más tarde, por la Asamblea General (julio de 1971).
Corresponde puntualizar, asimismo, que la lucha contra la subversión, durante el referido gobierno, corrió por cuenta exclusiva de las fuerzas policiales. Estas, si bien cometieron excesos y torturas, no hicieron desaparecer a ninguna persona ni fueron responsables de otras muertes que las producidas en el curso de enfrentamientos con los tupamaros, así como con otros grupos sediciosos y con estudiantes.
Y justo es no olvidar, como con visión hemipléjica lo hacen siempre quienes reclaman para sus muertos una justicia que —además de parecerse a la venganza— no ofrecen a los caídos en el otro bando, que el instituto policial tuvo sus decenas de muertos, casi todos ellos modestos servidores del orden público.
Corresponde señalar, además, que la apelación a la violencia no partió de la Policía sino del MLN y de otros grupos de perturbadores de la paz pública, ya desde 1963 gobernaba entonces, por segunda vez en el siglo XX, el Partido Nacional y lo hacía con escrupuloso acartamiento a la Constitución y la ley, sin mengua de ninguna libertad ni menoscabo alguno de los llamados derechos humanos.
El alzamiento contra ese gobierno democrático, así como contra el que le siguió, presidido en el año 1967 por el General Gestido, careció pues de la mínima justificación a la luz de la verdad histórica, más allá de que su apelación a la violencia recién se manifestara en diciembre de 1966 y se haya intensificado en el correr de 1968.
Fue entonces y en los años que siguieron, que los tupamaros, tras popularizarse entre algunos sectores de la población por sus robos a bancos, al casino San Rafael, a la Financiera Monty y de las libras de Mailhos, así como por la entrega a gente carenciada, de alimentos robados, dieron en perpetrar delitos cada vez más graves y sangrientos.
Así, el demencial ataque a Pando, en el que perecieron policías y civiles inocentes. También, la voladura —explosivos mediante— del Bowling de Carrasco, en el que murió una inocente trabajadora, y del Club de Golf. Pero hubo delitos más repugnantes, como una larga lista de secuestros, cuyas víctimas, por lo general, sufrían su privación de libertad en la horrorosa “Cárcel del pueblo”. Lo que nunca dicen quienes gustan de autoerigirse en abanderados de derechos humanos violados hace más de cuarenta años.
Aquellos secuestrados, cuyos nombres cito de memoria, fueron el Dr. Ulises Pereyra Reverbel —dos veces—, el banquero italiano Gaetano Pellegrini Giampietro, el embajador británico Geoffrey Jackson, el cónsul brasileño Aloisio Dias Gomide, el Dr. Carlos Frick Davie —destacado productor rural y ex Ministro de Ganadería y Agricultura—, y el empresario Ricardo Ferrés. Ello, sin olvidar a los magistrados Guido Berro Oribe, fiscal de Corte, y Daniel Pereira Manelli, juez de lo Penal.
En suma, carece de fundamentos fáctico, lógico y jurídico, el decreto en cuestión, en cuanto somete a las mismas potestades investigadoras del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a los actos del gobierno Constitucional del señor Pacehco Areco, realizados por las autoridades policiales, y a los excesos delictivos y crímenes del gobierno inconstitucional que se adueñó del poder el 9 de febrero de 1973 y que instauró el 27 de junio de dicho año, con el consentimiento del presidente Juan María Bordaberry, una dictadura militar.
Por último, no se advierte cómo va a hacer el referido Grupo para obtener información útil y veraz a los efectos de esclarecer los asesinatos y desapariciones de personas perpetradas por las Fuerzas Armadas durante el gobierno de facto, así como para ubicar a sus responsables.
A esa insalubre tarea se dedicó —durante dos o tres años— la llamada Comisión para la Paz que en su momento designara el ex presidente Jorge Batlle. La misma estaba integrada por personalidades relevantes. A saber, los doctores Carlos Ramela, Gonzalo Fernández y José Claudio Williman, Nicolás Cotugno —arzobispo de Montevideo—, el padre Luis Pérez Aguirre y el seños José D’ Elia.
Si esa comisión, que obtuvo mucha información porque garantizaba a quienes con ella colaboraron que sus nombres no trascenderían y no serían sometidos a la justicia, no llegó a mejores resultados que los que oportunadamente divulgó en su extenso informe final, ¿cómo creer que esta nueva comisión, que se crea con el propósito explícito de hacer justicia, o sea de someter a los tribunales a quienes considere responsables de los delitos investigados, va a obtener mejores resultados que la Comisión para la Paz?
¿Cuál es, entonces, el objetivo verdadero de la creación del Grupo en cuestión? Como lo dijo el Dr. Carlos Ramela, en reportaje publicado en “El País” el pasado domingo, “Lo que se busca es consolidar una historia falsa de que los tupamaros lucharon contra la dictadura”.
