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Haciendo equilibrio entre las necesidades fiscales y la intención de evitar un freno en la economía al aumentar los costos de producción, el Poder Ejecutivo pretende que sean aprobados incrementos “moderados” en las tarifas públicas al inicio de 2019, aseguraron a Búsqueda fuentes oficiales.
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El Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las empresas públicas empezaron a trabajar en torno al ajuste. “Se están viendo los números”, dijo uno de los informantes.
El Poder Ejecutivo entiende que es necesario congeniar la intención de reforzar los ingresos fiscales vía tarifas sin que ello suponga un incremento excesivo en la carga para el sector productivo, en momentos en que la economía está creciendo pero débilmente. Ese razonamiento se aplica en particular para el aumento que regirá desde enero para la tarifa de UTE.
En el caso de Ancap y las tarifas de los combustibles, la reciente baja del precio internacional del petróleo da un poco de oxígeno, lo mismo que la estabilización del tipo de cambio. El barril de crudo Brent —la variedad de referencia para Uruguay— se ubicó en los últimos días en torno a los US$ 64, uno de los menores niveles del año y por debajo de la referencia del ente.
El Poder Ejecutivo entiende que es necesario congeniar la intención de reforzar los ingresos fiscales vía tarifas sin que ello suponga un incremento excesivo en la carga para el sector productivo, en momentos en que la economía está creciendo pero débilmente.
El próximo ajuste de las tarifas públicas es un dato esperado con expectativa por el sector privado, que en muchos rubros de actividad está teniendo que incorporar aumentos salariales acordados en la actual ronda de negociación colectiva.
Esta semana, en el marco de la celebración del Día de la Industria y los 120 años de la gremial del sector, su presidente, Gabriel Murara, reiteró la preocupación del empresariado acerca de los costos. Ante varias autoridades del gobierno, planteó que hay un “significativo deterioro” del ambiente de negocios y se expresó pesimista respecto a la posibilidad de que se modifiquen los “aspectos estructurales que quitan el atractivo a invertir en Uruguay”.
“Me refiero principalmente al frente fiscal, a las empresas públicas y sus tarifas, a las relaciones laborales y a la firma de nuevos acuerdos comerciales”, puntualizó.
En esa línea, la Confederación Empresarial quiere poner sobre la mesa la discusión sobre la “gestión” y “eficiencia” de las empresas estatales, sin cuestionar su propiedad, declaró a Búsqueda el presidente de esa organización que agrupa a más de 20 cámaras y asociaciones. Para el próximo martes 27 convocarán a un seminario acerca de los “desafíos y transformaciones necesarias” para los entes.
Garrafas.
Mientras avanza la discusión sobre el futuro ajuste de tarifas públicas para el año electoral, un episodio puntual provocó un cortocircuito dentro del Poder Ejecutivo.
El lunes 19, los ministerios de Industria —encabezado por la precandidata presidencial Carolina Cosse— y de Trabajo y Seguridad Social convocaron para el día siguiente a una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que anunciarían un descuento de $ 74 en hasta 12 recargas al año de garrafas de 13 kilos, a partir de febrero, para los pasivos que perciben hasta $ 11.544. La medida forma parte de la “política energética dirigida a los sectores de menores recursos”, según el comunicado.
Pero el martes 20 la conferencia fue suspendida “hasta nuevo aviso”, sin dar explicaciones. Mientras, en el sitio web de Presidencia se informó acerca del beneficio de las garrafas a precio rebajado para los pasivos de menores ingresos.
Sin embargo, fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que en el Ministerio de Economía y en la Torre Ejecutiva ven con reticencia la medida, por lo que su anuncio generó “malestar”. Ante ese contrapunto, pusieron en duda que el decreto llegue a firmarse.
