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    El impacto ambiental que provoca el desecho de pilas y baterías se mitiga con iniciativas aisladas y carece de una solución definitiva

    El nuevo gobierno deberá reglamentar la Ley de Residuos y crear un sistema de recolección y disposición para esos residuos contaminantes

    El local de Antel está repleto en vísperas de las fiestas. Allí, al igual que ocurre en otros puntos comerciales de la empresa, no solo venden celulares, sino también reciben los que ya están viejos o en desuso. Los componentes de las baterías de los teléfonos, que incluyen metales, tienen un circuito diseñado para que al desecharlos no contaminen, y los locales de Antel son algunos de los sitios donde se pueden depositar. Pero pocos saben de su existencia. La funcionaria encargada de recibir los celulares cuenta que los lleva al depósito y que el contenedor se traslada cuando se llena, pero que eso no ocurre muy seguido. De hecho, hace unas semanas, como excepción, alguien dejó dos cajas repletas con baterías y celulares. Pero la concurrencia suele ser escasa.

    Además, el destino final de las baterías aún no está resuelto y las soluciones son, por ahora, transitorias. La empresa estatal lleva las baterías viejas a un sitio con piso de hormigón para evitar que contaminen aguas y tierra, pero es una medida temporal que aguarda una alternativa definitiva.

    Según datos brindados por Antel a Búsqueda, en 2019 el ente gestionó 104.590 kilos de chatarra electrónica RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y 105.640 kilos de monitores. Asimismo, recuperaron 50.000 módems devueltos por clientes o retirados por fallas, que fueron reacondicionados para volver a ser utilizados. En cuanto a las baterías de celulares, en 2019 Antel gestionó 2.130 kilos, además de 651 kilos de pilas, provenientes de las campañas de recolección de residuos de la estatal. Paralelamente, durante el mismo período recolectó 72.960 kilos (480 unidades) de baterías de centrales o radio bases (baterías de plomo ácido).

    Originalmente, el problema ambiental que generaba el uso de las pilas –usadas cotidianamente en los hogares– era el gran contenido de metales pesados que incluían. Sin embargo, eso se modificó cuando poco a poco la presencia de algunos componentes muy contaminantes, como el mercurio, disminuyó drásticamente en los últimos años. El problema de los metales pesados en las pilas ya no es el mismo que hace 20 años.

    Ahora generan especial preocupación nuevas pilas que contienen litio (usadas en baterías de celulares, tablets, notebooks, entre otros). En estas, uno de los problemas más grandes es la inestabilidad: son sumamente inflamables y pueden llegar a autoencenderse. Su principal riesgo, la combustión, quedó en evidencia con un modelo de celulares Samsung, que llegó a explotar debido a un recalentamiento de sus baterías de litio. Además, con la aparición de los autos eléctricos, se prevé que comiencen a circular cada vez más baterías con litio para desechar.

    “Hasta ahora no existe una solución efectiva para recuperar el litio de las baterías, algo que será cada vez más acuciante debido al crecimiento de la movilidad eléctrica. Pese a que cada vez se construyen más baterías de litio, no hay plantas para desmantelarlas ni circuitos o canales para enviar las baterías a sus dueños, de forma que puedan ser recicladas. Toda la movida de tablets, celulares y computadoras, y el incremento de su consumo en Uruguay, no fue acompañado por un sistema de recuperación de esa batería”, dijo a Búsqueda el director ejecutivo de la asociación Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre), Federico Baráibar.

    Para el especialista ese es uno de los principales desafíos. De todas formas, indicó, en la medida en que aumenta la presencia de autos eléctricos, con baterías mucho más grandes y voluminosas, comienzan a aparecer algunos proyectos que podrían encargarse de las baterías de litio. “Todavía no están a punto, está a nivel de expresión de deseo”, afirmó.

    Tanto las pilas comunes como las de litio generan un impacto negativo si van a parar a basureros comunes, a cursos de agua o si son enterradas sin una protección especial. Por otro lado, las pilas de uso doméstico, aquellas utilizadas en controles remotos, linternas, juguetes o relojes de pared, no deberían terminar en una simple bolsa de basura. Las opciones son variadas.

    Las empresas pueden pagar y enviar las suyas al relleno de seguridad de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) inaugurado en 2013. Otras empresas prefieren pagar por servicios como el de Werba S.A., que aprovecha varios de los componentes de las baterías con su plan maestro para baterías de plomo ácido, aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), destinado principalmente a baterías de autos y camiones, aunque también recibe de otros usos.

    Las pilas que los vecinos depositan en los recipientes colocados en diferentes puntos de la ciudad por la Intendencia de Montevideo (IM) son recolectadas por la comuna y enviadas a un relleno de seguridad municipal, que tiene piso de membrana y cubre las pilas en triple bolsa y con cal.

    Desde el área de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la IM informaron a Búsqueda que hay “vecinos con conciencia” que llevan las pilas a los más de 50 contenedores dispuestos para ese fin, pero que la mayoría las tira directamente en la basura. La comuna se limita a recoger los recipientes del circuito vecinal. Y aunque existen iniciativas privadas y organizaciones que se ocupan de juntar pilas para evitar que terminen en la basura, la comuna insiste en que no deberían hacerlo por su cuenta a menos que estén dispuestos a pagar luego para que se gestione su desecho final en grandes volúmenes.

    Por otra parte, la intendencia deriva a Antel a quienes quieren deshacerse de dispositivos que contienen litio, como celulares, tablets y otros.

    En la IM aguardan con ansias que la reglamentación de la nueva Ley Integral de Residuos aprobada en setiembre defina esos aspectos, y cree un nuevo sistema para la disposición de pilas y baterías, dijeron desde el área ambiental. Además, entienden que las pilas son residuos especiales y que su gestión excede a su competencia.

    Los responsables del área ambiental de la comuna opinan que lo ideal sería que cuando una persona compre pilas las devuelva al mismo comercio uan vez terminada su vida útil. A su vez, debería pagar un sobrecosto para financiar la gestión del residuo.

    Una vez que el nuevo sistema previsto por la Ley Integral de Residuos esté reglamentado, podría recoger todas las pilas que utiliza el mercado con el objetivo de otorgarles valor. Hoy empresas que se encargan de llevar adelante esa tarea (como Werba S.A.) cobran por el servicio, por lo que no resulta una alternativa eficiente para el tratamiento de las pilas acercadas por los vecinos, afirman desde el gobierno departamental. Además, las empresas solo trabajan con grandes volúmenes.

    Plan nacional

    El director nacional de medioambiente, Alejandro Nario, dijo a Búsqueda que recientemente Uruguay confirmó su participación en un proyecto regional de residuos electrónicos. Esa iniciativa permitirá financiar tanto modificaciones reglamentarias de los países que lo integran (en el caso de Uruguay, la Ley Integral de Residuos), como determinar los mecanismos de gestión.

    “Establece una mirada más amplia. La lógica que veníamos pensando es que hubiera un plan de gestión de electrónicos en general y no uno específicamente de las pilas, porque eso no tiene mucho sentido. Quizás en otra época hubiera sido más razonable, pero hoy la problemática es más general a todos los componentes electrónicos que tienen distintos metales”, indicó Nario.

    Según el jerarca, ese tipo de componentes son los que más han crecido en volumen en los últimos años, y tienen componentes que pueden ser reutilizados. Por eso, la idea al redactar la ley fue viabilizar la recuperación de materiales que tienen valorización, con la posibilidad de que existan a futuro soluciones nacionales o a través de la exportación, pensando en un concepto de economía circular.

    El nuevo modelo implicará la creación de un plan, indicó el director, donde deberán definirse los puntos de captación, el vínculo entre el sector privado y los gobiernos departamentales, y posteriormente elaborar el mecanismo de exportación para que los materiales puedan reusarse. Además, habrá que resolver cómo se financiará.

    “La ley establece distintos mecanismos, como la responsabilidad extendida o la coordinación con planes departamentales para avanzar en ese sentido, como marco legal. Y el proyecto que estamos comenzando daría el soporte técnico para la elaboración de ese plan. El tiempo de implementación, en tanto, dependerá del nuevo gobierno nacional”, explicó Nario.

    Para el jerarca, el financiamiento es la clave. “El problema principal es quién paga y la basura no se paga sola, como parece ser una vieja leyenda urbana. La ley estableció que haya competencias y responsabilidades, así como el mecanismo para financiar eso”, cerró.

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    2019-12-26T00:00:00