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    El informe Bachelet

    Sr. Director:

    Después de leer el informe sobre Venezuela que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet realizó a solicitud de la ONU y luego de cotejarlo con otros informes de varias dependencias de esa organización vinculadas a los derechos humanos (salud, migraciones, alimentación) y con informes de organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales, con informaciones de la prensa independiente, sucesivas declaraciones de gremios y cooperativas autónomos de Venezuela, relatos de venezolanos, las declaraciones de la propia Bachelet y con la respuesta de 70 puntos elevada por la Cancillería de Venezuela, considero que el informe es un trabajo ampliamente documentado, que se atiene a la materia y al período solicitados y que es —desgraciadamente— contundente y veraz.

    Desgraciadamente, porque nadie hubiera querido que esos hechos existieran ni que posteriormente ocurriera la muerte en tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (detenido durante la visita de Bachelet por la Dirección de Contrainteligencia Militar y fallecido una semana después) ni la ceguera del adolescente Rufo Chacón a quien la policía del estado Táchira, mientras reprimía a un grupo que, el 2 de julio, protestaba por la falta de gas, le disparó una perdigonada a la cara que le destruyó ambos ojos.

    Dadas así las cosas, recordando los informes de su antecesor en el cargo Zeid Ra’ad Al Hussein (al cual el gobierno de Venezuela no le dio el pláceme para realizar una visita presencial) el informe Bachelet era predecible. Lo insólito es la respuesta que tuvo tanto del presidente Maduro a través de una carta como de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente, Diosdado Cabello, el 13/07, convocó a una concentración para denostarla.

    Dice Maduro en el segundo párrafo de su carta: “En primer lugar, el informe en cuestión resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor que –como es de conocimiento público— orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela, con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano”.

    Al leer esto es inevitable recordar lo que escribió Boaventura de Sousa Santos (la diaria, 21/02/2019) sobre el predecesor de Bachelet: “Cuando el respetado alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein renunció al cargo en 2018, la opinión pública mundial fue manipulada para no prestar atención al hecho y mucho menos evaluar su verdadero significado. Su nombramiento para el cargo en 2014 fue un hito en las relaciones internacionales. Era el primer asiático, árabe y musulmán que ocupaba el cargo y lo desempeñó de manera brillante hasta el momento en que decidió dar un portazo por no querer ceder a las presiones que desfiguraban su cargo, desviándolo de su misión de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos para volverlo cómplice de violaciones perpetradas por Estados con peso en el sistema mundial. En su discurso y entrevistas de despedida se mostraba indignado con el modo en que los derechos humanos se venían transformando en parias de las relaciones internacionales, obstaculizados por las estrategias autoritarias y unilaterales de dominio geoestratégico...”.

    Por su parte, Cabello dijo1, en el paroxismo de sus diatribas en uno de los actos contra Bachelet, que Elliott Abrams (enviado especial de Donald Trump para Venezuela) fue quien hizo el informe. Como todos sabemos quién es este criminal que pergeñó la represión en Centroamérica en los 80, comprendemos la magnitud del insulto, que acompañó con otros (mentirosa, proimperialista, traidora, etc.). Confieso que he visto muchas veces “matar al mensajero”, pero nunca había visto tantos “linchamientos en la plaza pública” como los que organizó el gobierno venezolano a Bachelet.

    Maduro da el último puntillazo, reivindicando y elogiando a las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), justamente las que Bachelet recomienda disolver (“Disuelva las Faes y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”).

    Así, levantando polvareda en torno a la persona de Bachelet y la supuesta unilateralidad del informe (como si no supieran que ese tipo de informes siempre tienen como objeto de análisis a los Estados y no a los particulares ni a los entornos políticos), transformaron el informe y a su responsable en causa bellis.

    El contenido, las víctimas y las recomendaciones de corrección quedan desdibujados y en la lontananza. Irrespeto, burla y estafa. Pero como esta “guerra” no es más que un pugilato, en un rincón se agrupan los que hacen acríticamente del proceso de Venezuela un ícono revolucionario y niegan los problemas internos, atribuyendo todos los males a artimañas del imperialismo y en el rincón contrario quienes quieren sacar provecho político, sobre todo electoral, los empecinados en homologar a las fuerzas progresistas con el “cuco venezolano”.

    Los primeros tienen razón en que el imperialismo juega fuerte y en contra de los intereses de nuestros pueblos, pero no deberían meter en esa bolsa el que se torture en las dependencias oficiales y que las fuerzas represivas hagan ejecuciones extrajudiciales porque es un exabrupto intelectual y éticamente inaceptable.

    A esta altura deberían haber comprendido que el respeto a la vida, la integridad y la libertad de las personas es una frontera que si se cruza, lo emancipador se transforma en opresor.

    Los segundos, en nuestro país, optaron por un sencillo test que algunos periodistas, politólogos y políticos prodigan hasta el hartazgo y que consiste en la sagaz pregunta: “¿Considera que en Venezuela hay una dictadura, sí o no?”. Quien no conteste que es una dictadura pasa a ser sospechoso de no demócrata y eventualmente de complicidad con las violaciones a los derechos humanos. Se lo preguntan al vicecanciller, al canciller y a cuanta persona de responsabilidad de gobierno se les cruza. Lo único que les falta es preguntárselo a Enrique Iglesias. Tal vez no comprendan que estos ciudadanos que han aceptado llevar adelante, con discreción, la dura tarea de intentar mejorar la suerte de las víctimas y del país hermano, deben andar con pie de plomo, para no decir algo que perjudique el diálogo que están propiciando. O quizás se han puesto las anteojeras para no ver que los derechos humanos también se violan en democracias que ellos consideran legítimas como la liderada por el uribismo en Colombia o las de Honduras y Guatemala para nombrar algunas.

    Mientras tanto, Trump que no deja de cavilar en cómo hacerse de lo único que le importa de Venezuela (el petróleo y demás riquezas) y en cómo cumplir con el Make America Great Again en vísperas de su reelección, cada tanto nos recuerda que “todas las opciones están sobre la mesa”.

    Siempre se supo que la política suele estar plagada de pequeñeces. Ahora sabemos que también de mezquindades.

    E. M .C.

    1. www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=4zH9qHyVU6A