El mamarracho es la vicepresidente

La columna de Pau Delgado Iglesias

5 minutos

Nº 2082 - 30 de Julio al 5 de Agosto de 2020

El edil blanco Diego Rodríguez Salomón declaró recientemente estar dispuesto a ir “hasta las últimas consecuencias” en su rechazo al uso obligatorio de lenguaje inclusivo que la Intendencia de Montevideo (IM) aplica desde 2010 para sus actos administrativos y la comunicación institucional. El edil entiende que la intendencia debería ocuparse de otros temas como levantar la basura o bajar el boleto y no de dar cursos de lenguaje inclusivo a quienes allí trabajan. “Les preguntamos quiénes eran los que repartían este tipo de lenguaje, porque también nos llamaba la atención; o sea, en ningún lugar se aprende a hablar lenguaje inclusivo”, expresó Rodríguez Salomón en el programa La tarde en casa de Canal 10. Sin embargo, hace ya varios años que organizaciones como Naciones Unidas promueven el uso de lenguaje inclusivo a través de sus distintos programas (como ONU Mujeres o el PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), publicando guías y ofreciendo capacitaciones, para estimular su uso tanto en el sector público como en el sector privado, fortaleciendo un proceso que ocasiona consecuencias concretas en términos de equidad.

Sorprende el rechazo visceral que muchas veces causan estos intentos de avanzar hacia una mayor igualdad. En primer lugar, parecería haber una enorme confusión acerca de lo que realmente significa lenguaje inclusivo. Para algunos miembros de la Academia Nacional de Letras, como el ingeniero Juan Grompone, el lenguaje inclusivo “es una especie de mamarracho que se está propagando en este momento”. No se entiende bien a qué se refiere el ingeniero con lo de mamarracho, pero probablemente no sea a lo que la ONU define como “lenguaje inclusivo en cuanto al género”: una manera de expresarse sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Para la ONU, el lenguaje inclusivo “es una forma sumamente importante de promover la igualdad y combatir los prejuicios de género”.

Tampoco parece haber ningún “mamarracho” en las interpretaciones sobre lenguaje inclusivo a las que hace referencia la Real Academia Española (RAE) en su informe de enero de 2020. Allí, la RAE refiere a dos interpretaciones posibles: una, es aquel uso del lenguaje en el que “las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino” y que tiene la estrategia de usar “términos nominales” que abarcan a los dos sexos (por ejemplo, decir “toda persona española”, en lugar de “todo español”). La otra interpretación, dice la RAE, es la que usa el masculino plural como inclusivo, para referir a hombres y mujeres. Aunque esta última interpretación es la que prefiere la RAE, no parece tan disparatado ni tan engorroso intentar usar términos que no den por obvia la inclusión de mujeres en el plural masculino. Y aunque fuera complicado, si el resultado se traduce, por ejemplo, en una mayor equidad en el acceso al trabajo, entonces vale la pena el esfuerzo.

Por ejemplo, el uso de lenguaje inclusivo en los llamados laborales ha demostrado generar resultados concretos, como el ingreso de mujeres a áreas de trabajo no tradicionales. Esto se pudo comprobar en la Intendencia de Montevideo desde que se comenzó a prestar atención al lenguaje inclusivo: en el sector locomoción, al que siempre se presentaban únicamente hombres, se decidió dejar de solicitar “choferes” y empezar a pedir “choferes de ambos sexos”. Aunque según la noción de masculino genérico que defiende la RAE las mujeres deberían haberse sentido incluidas en el plural, lo cierto es que esta fue la primera vez que se presentaron mujeres al sector locomoción. Si hoy en día las mujeres pueden trabajar como conductoras de vehículos en la IM, es en gran medida gracias a que alguien se preocupó por cosas más allá de levantar la basura y el precio del boleto.

Pero el edil nacionalista no es el único incómodo con el tema del lenguaje en estos días: el senador colorado Ope Pasquet, también contrario al “lenguaje inclusivo”, volvió a presentar al Parlamento un proyecto de ley que establece que “el idioma oficial de la República Oriental del Uruguay es el español, que en todas las dependencias del Estado se empleará de conformidad con las reglas de uso generalmente reconocidas en los países de habla hispana”. Incluso quienes se interesan por ceñirse a rajatabla a las disposiciones de la RAE deberían saber que desde hace algún tiempo esta viene trabajando hacia una mayor “feminización del lenguaje” e incorpora de algún modo las propuestas que vienen haciendo quienes defienden un uso más inclusivo del lenguaje. Así, es bueno saber que la RAE sí ha propuesto alternativas al masculino genérico (como los “desdoblamientos o duplicaciones de género”) y la posible sustitución de masculinos genéricos por “sustantivos colectivos o abstractos”.

De hecho y a pesar de lo profundamente patriarcal de la RAE (una institución en la que solo siete de sus 43 “académicos de número” son mujeres, seis de las cuales ingresaron recién a partir de 2010), a más de un comunicador local le haría bien hacer una lectura rápida del último informe sobre lenguaje inclusivo, en particular a aquellos que insisten en referirse, por ejemplo, a Beatriz Argimón como “la vicepresidente”, cuando hace años que la RAE acepta la palabra vicepresidenta. Según la RAE, “la creación de femeninos de profesión es un proceso natural y previsto en el sistema de la lengua. Tan pronto la mujer accede a una actividad o profesión antes ocupada solo por varones, se inicia el proceso de feminización del sustantivo correspondiente”, y aclara que el retraso en la aparición de femeninos de profesión no se debe a la oposición de la RAE, sino a la falta de acceso de las mujeres a determinados “trabajos, cargos y dignidades”. Parecería que ya ni la RAE sirve de excusa a tantos ofendidos con los cambios en el lenguaje, que no son otra cosa que el reflejo de los avances que en términos de género se vienen dando en la sociedad.