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A pesar de que a los diplomáticos se les exige estar en su jurisdicción, salvo que pidan autorización o sean convocados por la Cancillería, en sus primeros ocho meses al frente de la Embajada en Argentina, Diego Cánepa visitó Uruguay en más de 20 ocasiones.
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La sede diplomática no tramitó solicitudes de licencia para el embajador Cánepa desde su llegada a la capital argentina a mitad del año pasado, confirmaron a Búsqueda fuentes de la Embajada de Uruguay en Argentina. Desde julio y hasta febrero, el exprosecretario de la Presidencia viajó, en promedio, una vez por semana.
Ante una consulta de Búsqueda, desde la Cancillería dijeron que no estaban al tanto del volumen de los viajes del embajador. Añadieron, no obstante, que en el caso de Cánepa se da la complejidad de que el Poder Ejecutivo lo designó como representante alterno de Uruguay ante la CAF (Comisión Andina de Fomento).
De hecho, en el Poder Ejecutivo están muy satisfechos con la gestión del embajador ante el organismo internacional. Sostienen que fue el principal artífice de haber articulado préstamos por más de US$ 1.000 millones para financiar obras de infraestructura como la represa de Casupá y otras áreas como la reforma del transporte metropolitano, la instalación del programa Más Barrio y otro programa para gobiernos subnacionales.
Para parte de la oposición la legalidad de ese doble papel no está clara. El senador y líder del sector colorado Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, cursó un pedido de informes el pasado 15 de enero a los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores en el que preguntó si Cánepa se desempeñaba efectivamente como director por Uruguay ante la CAF, bajo qué marco legal lo hace y si la Cancillería cree que existe “incompatibilidad legal o funcional” entre ese cargo y el de embajador. En el pedido de informes, Bordaberry recordó que los embajadores están sujetos a un “régimen de dedicación exclusiva y tiempo completo, de conformidad con la normativa vigente y el Estatuto del Servicio Exterior”.
El antecedente de Enciso cuestionado por el FA
El régimen de trabajo de un embajador, sea político o de carrera, es de “dedicación completa” y por tanto para abandonar su jurisdicción deben pedir autorización, explicaron diplomáticos e integrantes de la administración anterior.
El mecanismo establecido para que un embajador pueda dejar su puesto implica pedir licencia a la Dirección de Gestión Humana, que envía el pedido a la oficina que lleva el área geográfica correspondiente y a algunas direcciones generales claves. Si no hay objeciones, se aprueba. Si se trata de un jefe de misión, debe notificar la ausencia a Cancillería y decir quién queda de encargado de negocios en su lugar.
En el caso de la embajada en Buenos Aires, casi siempre liderada por un cargo político, las exigencias suelen ser un poco “más laxas”, reconoció un diplomático de trayectoria extensa. No obstante, también pueden provocar dolores de cabeza. Los consultados recordaron al respecto un episodio que involucró al entonces embajador en Argentina, Carlos Enciso, designado por Luis Lacalle Pou.
En 2022 el Frente Amplio hizo un pedido de informes a la Cancillería sobre la conducta del embajador, quien participó en actividades públicas en Florida contra el referéndum que pretendía derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La entonces oposición buscaba saber si los viajes habían sido autorizados previamente, “de acuerdo a la normativa vigente”, por el canciller Francisco Bustillo y qué opinaba el ministro sobre la conducta de su subalterno.
“Enciso a veces anda más cerca de Florida que de Buenos Aires y queremos conocer las implicaciones que puede tener la Cancillería, porque eso tiene que tener su autorización”, declaró a la prensa en aquella época el senador Daniel Caggiani, según consignó la diaria. “Ha participado en algunas actividades institucionales de la Intendencia de Florida y ha tenido algunas posiciones, a través de sus redes sociales, fomentando actos del Partido Nacional en Florida y los que tienen que ver con la LUC. Creo que esa es una manifestación que no corresponde a un embajador”.
En una ocasión, tras una denuncia de que Enciso había viajado sin autorización, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo que solicitara licencia sin goce de sueldo, ya que no había generado suficientes días para pedirse, recordó un exjerarca de la administración anterior.
El episodio Tróccoli
Para explicar por qué es importante que los diplomáticos estén en sus jurisdicciones o avisen sobre su salida, varios de los consultados recordaron un episodio ocurrido durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) con el entonces embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín.
En 2008 la embajada en Roma recibió un exhorto del juez penal de 19° turno de aquel momento, Luis Charles, que había solicitado a la Justicia de ese país la extradición del capitán retirado Jorge Tróccoli, ya por entonces acusado de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Una demora en la gestión de ese pedido llevó a que la solicitud de extradición se presentara fuera de plazo.
Cuando el gobierno de la época investigó qué había fallado, se enteró de que, cuando llegó el exhorto, Abín había viajado a Barcelona sin avisar a la Cancillería. El presidente Vázquez decidió removerlo del cargo como consecuencia de esos hallazgos.
