Nº 2197 - 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáHaití es una realidad alejada hasta de nuestras peores pesadillas. Un país sin agua potable, sin baño en las viviendas, sin saneamiento ni recolección de basura, sin salud pública. La inmensa mayoría de los haitianos nunca tuvo electricidad. Sumemos a eso el problema alimentario llevado a niveles de catástrofe: 5 millones de personas luchando día a día contra la desnutrición. El panorama se completa con un territorio devastado, bosques aniquilados, el suelo erosionado, agua contaminada, montañas de basura, y la amenaza de un rebrote de cólera.
Pero, aunque podamos comprender la situación de quienes carecen de todo, aunque nos hagamos una idea de la vida sin los bienes y servicios más básicos, es difícil imaginar la ausencia total de seguridad pública, de policía, de Justicia, entender la real dimensión de un Estado ausente, ineficaz al punto de perder el control de su territorio, de dejar a su población sometida a la delincuencia. ¿Dije Estado? El primer ministro actual, Ariel Henry, detenta un cargo de facto, 20 de los 30 senadores y los 99 diputados han caducado en sus funciones, todo a la espera de elecciones que nunca se realizan. ¿Quién tiene el poder en Haití entonces?
En los cuatro días comprendidos entre el 8 y el 12 de julio hubo 234 muertes en un solo barrio de la capital, Cité Soleil, algunos dicen que hubo más de 500. Una guerra de pandillas por el control de la comuna que la convirtió en un campo de batalla con ráfagas de metralla y asaltos y trincheras, sin que la policía pudiera hacer nada. Después de eso los delincuentes bloquearon las carreteras y el acceso a los combustibles, aumentaron los secuestros (ya en cifras estratosféricas), y el G9, una alianza formada por nueve bandas, pasó a controlar los principales puertos y terminales petroleras de la ciudad. El dominio absoluto de la economía. Superados en número y en armamento, los agentes de policía reclaman más apoyo y más equipamiento. ¿Más apoyo de quién?
En el último año ha crecido el descontrol, según el informe titulado La violencia sexual en Puerto Príncipe: un arma utilizada por las bandas para infundir miedo, de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Niñas y niños de apenas 10 años, mujeres, ancianas y personas LGBTI+ han sido víctimas de violencia sexual, violaciones colectivas durante horas ante padres y madres, a manos de más de media docena de bandas armadas. También se llevaron a cabo masacres en las que hubo mutilaciones perpetradas a machetazos y víctimas que fueron quemadas vivas. Los espantosos testimonios subrayan la necesidad imperiosa de tomar medidas. Pero ¿a quién se le pueden pedir medidas?
Frente a la impotencia de las autoridades y en un intento de controlar la anarquía, el primer ministro Ariel Henry planteó una desesperada solicitud de intervención a la comunidad internacional. “Queremos ver que nuestros vecinos como Estados Unidos y Canadá toman el liderazgo y se mueven rápido”, reclamó también el embajador de Haití en Washington, Bocchit Edmon.
El pedido de ayuda fue rápidamente declarado inconstitucional por la reducida cámara de senadores aún en funciones. El argumento que esgrimen se basa en que fue el endeudamiento lo que sangró al país durante más de 100 años y en que las intervenciones solo han sido una trampa asistencialista que no solucionó ni siquiera los problemas que provocó: epidemia del cólera, desarticulación del ejército, miles de mujeres embarazadas por los extranjeros. No les falta razón. Aunque también es un hecho que en los cinco años desde la retirada de la Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) creció exponencialmente la inseguridad y que las víctimas son los más pobres y la ya escuálida clase media.
Mario Joseph, director de la ONG Bureau des Avocats Internationaux (Oficina de Abogados Internacionales), dijo: “Es realmente grave la situación que estamos viviendo. Es el resultado del fracaso de Occidente, responsable de la pobreza que vivimos”. Y agregó: “La ONU ha fracasado estrepitosamente en Haití. Estamos viviendo este fracaso. Cinco años después de su salida, el caos está presente. Las pandillas están muy extendidas”.
Se dice que tanto Estados Unidos como la ONU hicieron la vista gorda ante reportes de pandillas infiltradas en los gobiernos anteriores. Sin embargo, es histórica la relación de las cúpulas políticas haitianas con las bandas criminales: ya los Duvalier utilizaron a los Tontons-Macoutes, y desde entonces los líderes las han formado, armado y financiado para saquear al país en su beneficio.
“Fueron traicionados por sus propios hermanos y luego por las potencias extranjeras”, son palabras de Georges Michel, historiador haitiano que afirma que las desgracias del país no pueden explicarse sin reconocer la profunda y arraigada cultura de la corrupción. Y es que más allá de los tremendos errores cometidos por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití y por sus integrantes, a cinco años de su retiro total del país, la responsabilidad por la situación no puede seguir atribuyéndose a los extranjeros, o no solamente a ellos. Hay una sociedad atravesada por la descomposición moral, hay instituciones democráticas que actúan deshonestamente, hay una clase política asociada con la delincuencia. Así se configura el mecanismo del caos que provoca la destrucción del Estado, devastación, escombros, ruinas de un país bajo las que quedan atrapados siempre los mismos, los desamparados, los vulnerables, los más pobres.