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El próximo miércoles 4 de febrero, la Administración Nacional de Puertos (ANP) podrá cortar la cinta y mostrar con orgullo la concreción de uno de los proyectos estratégicos que tenía trazados para este período. Pasaron casi tres años desde que comenzó la construcción del muelle C del puerto de Montevideo y más aún desde el inicio de su planificación. De la misma manera que durante ese tiempo fueron creciendo sobre el agua los metros de cemento, se fueron sumando dólares de inversión.
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“Es un proyecto que viene del Directorio anterior y de la planificación anterior. Nació con Rossi y casi le vuelve, pero se lo inauguramos un rato antes”, bromeó el presidente de la ANP, Alberto Díaz, que continuará en ese cargo el próximo gobierno.
Cuando el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron en abril 2009 el contrato de préstamo, el costo del proyecto estaba estimado en U$S 53 millones. Esa cifra se financiaría con un aporte de U$S 40 millones del BID (75%) y los restantes U$S 13 millones los pondría el Estado uruguayo (25%).
En noviembre de 2011, con las obra cerca de comenzar, las partes firmaron un préstamo suplementario por el que el BID se comprometió a ampliar el préstamo en U$S 20 millones y el Estado a invertir otros U$S 11 millones. El acuerdo inicial sumado al complementario dejaban valorado el proyecto del muelle C en U$S 84 millones.
Sin embargo, al cierre del año 2013 las inversiones consolidadas y verificadas por la auditoría del Tribunal de Cuentas fueron bastante superiores a las previstas y con una relación diferente entre el aporte local y el del BID. En total, al cierre del ejercicio, se habían invertido en las obras U$S 101.310.851. De ese monto, el BID terminó financiando aproximadamente el 45% con U$S 45.872.887 y el Estado el 55% con U$S 55.437.964.
Según informaron a Búsqueda desde el BID, en 2014 hicieron nuevos desembolsos y completaron los U$S 60 millones del préstamo.
Un aumento en los costos de construcción en el país, la decisión de extender 36 metros la longitud original y un problema cambiario son algunas de las dificultades que llevaron a aumentar el costo de U$S 53 millones a más de U$S 100 millones. “Contratamos la obra en pesos y nuestro préstamo era en dólares. Arrancamos con un dólar alto pero después bajó y no nos alcanzaba el préstamo para pagar la obra”, explicó Díaz.
El muelle C tiene 368 metros de longitud, está fundado a 14 metros y tiene una explanada de 3,5 hectáreas en tierra. Esas dimensiones y el modelo constructivo son similares al muelle de la terminal especializada de contenedores Terminal Cuenca del Plata, propiedad de la belga Katoen Natie.
Según figura en su página web, en ese caso la construcción demandó unos U$S 66.709.000
Prórrogas, ampliaciones y observaciones.
Para supervisar las obras en el muelle C, la ANP contrató en abril de 2011 a la empresa CSI Ingenieros mediante una licitación pública. La adjudicación de la tarea se hizo por un monto de U$S 1.925.411.
Pero los plazos y el dinero que se fijaron en esa licitación no alcanzaron para cubrir toda la obra. Por eso la ANP debió hacer ampliaciones del contrato que fueron observadas en reiteradas ocasiones por el Tribunal de Cuentas y que superan el monto del contrato original.
En total, las ampliaciones realizadas al contrato implicaron para la ANP un costo de U$S 2.264.309.
La primera observación del Tribunal de Cuentas fue en marzo de 2014 por un gasto de U$S 1.059.910. Esa inversión fue aprobada por el Directorio de la ANP en setiembre de 2013 luego de que resolvieran modificar la obra del muelle C para alargarlo 36 metros.
El Tribunal de Cuentas argumentó que la ANP incurrió en una “contravención del artículo 211 de la Constitución por “celebrar el contrato sin contar con la intervención preventiva” y que “vulneró el artículo 15 del Tocaf, ya que no se contaba con disponibilidad presupuestal”.
El gasto fue reiterado en marzo de 2014 por la ANP y el Tribunal de Cuentas “intervino”, lo que implica “certificar la legalidad del gasto”.
En diciembre de 2013 el Directorio del organismo aprobó otro gasto de U$S 490.352 por “servicios adicionales de consultoría de supervisión” para la ampliación del muelle. Esas tareas se realizaron en un período de nueve meses entre noviembre de 2013 y julio de 2014.
Nuevamente el Tribunal de Cuentas observó el gasto. En la resolución de abril de 2014 sostienen otra vez que se contravino el artículo 211 de la Constitución al celebrar “el contrato sin contar con la intervención preventiva” y ordenar el gasto “en forma posterior a la realización de parte de los trabajos de supervisión”, lo que configura “principio de ejecución”. Además afirman que se incumplió con el artículo 74 del Tocaf porque “la ampliación no respetó el precio que surge de la oferta y las condiciones pactadas en el contrato” original.
En abril la ANP reiteró el gasto y en mayo el Tribunal volvió a “intervenir”.
Por esos mismos días el choque de una barcaza contra el muelle C provocó daños en la obra y eso llevó a una alteración de los programas para los trabajos restantes. Eso provocó una nueva prórroga al contrato entre ANP y CSI Ingenieros hasta el 31 de diciembre de 2014. Además se aprobó un gasto de U$S 714.047 para ese período de prórroga.
La extensión fue resuelta el 14 de julio, pero ya había sido notificada a CSI Ingenieros cuatro días antes. Por eso el Tribunal de Cuentas entendió que nuevamente “se configuró principio de ejecución”, contraviniendo el artículo 211 de la Constitución, y observó el gasto.
En noviembre la ANP resolvió reiterar el gasto y argumentó que el estado de avance de la obra ameritaba “la necesidad imperiosa de contar con los servicios de consultoría correspondientes”.
El Tribunal decidió en diciembre “mantener la observación” al gasto y le respondió al organismo que los argumentos planteados no guardaban “relación directa con la observación formulada”, que “se mantenía incambiada la causal de observación” y elevó sus actuaciones a la Asamblea General.
