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    El oficialismo impuso su mayoría parlamentaria para integrar el Instituto de Derechos Humanos

    La integración del Instituto Nacional de Derechos Humanos dividió a los legisladores del oficialismo y los de la oposición, que después de varios meses y una última extensa jornada no lograron sellar un acuerdo político para definir los nombres del directorio el martes 8 en la Asamblea General. La fiscal penal Mirtha Guianze —quien ha intervenido en la mayoría de las causas judiciales por violación de derechos humanos durante la dictadura— fue la “llave” que el Frente Amplio no permitió negociar y bloqueó el pacto entre los partidos políticos. Su designación solo contó con los votos de los legisladores frenteamplistas, mientras que los blancos votaron a los otros cuatro postulados y el Partido Colorado no respaldó a candidato alguno.

    El ex senador y diputado blanco Juan Raúl Ferreira —hijo del fallecido caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate— fue el más votado con 99 aprobaciones. La abogada especialista en derechos humanos Ariela Peralta fue la segunda con 93 votos, seguida por el ex viceministro del Interior durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Juan Faroppa, con 90 votos. La socióloga Mariana González Guyer obtuvo 84 votos, mientras que 66 legisladores apoyaron a Guianze.

    Los frenteamplistas argumentaron en el plenario que su intención de negociar estuvo presente durante todo el plazo pero que no estaban dispuestos a que la oposición impusiera su “veto” a Guianze. A su vez aseguraron que la lista de cinco miembros que votaron —que fue la que resultó electa— es plural y que no responde a una cuotificación política.

    El Instituto Nacional de Derechos Humanos se creó a fines del 2008 por la ley Nº 18.446 con el fin de encargarse de la defensa, promoción, protección e investigación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y el derecho internacional. Su funcionamiento será autónomo. En la discusión parlamentaria del martes 8, el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) dijo que el inicio del Instituto es malo porque fracasó el acuerdo político para la elección de los miembros del directorio. “Es un fracaso de todo el sistema político”, cuestionó el legislador, quien dijo que es un “grave error” discutir en primera instancia los nombres para los cargos, antes que la labor que deberán desempeñar.

    “¿Se tiene que ocupar de las violaciones de los derechos humanos en las dictaduras? Sí, sin lugar a dudas. ¿Se tiene que ocupar de los derechos humanos que se violan hoy en las cárceles uruguayas? Sí, sin lugar a dudas. ¿Se tiene que ocupar de los derechos humanos de los ciudadanos que hoy están siendo atacados en nuestras calles, que no pueden vivir en paz? Sí, sin lugar a dudas. ¿De los derechos humanos de las víctimas que estamos viviendo? Sí”, subrayó el legislador colorado.