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Las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) advirtieron al Parlamento que la “pobreza” en la que está sumido el organismo le dificulta cumplir con su tarea de ser la principal entidad encargada del combate a la corrupción. Anunciaron además que el sistema de declaraciones juradas corre riesgo de colapsar por falta de recursos para su mantenimiento.
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La presidenta de la denominada Junta Anticorrupción, Susana Signorino, concurrió el jueves 5 a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para intentar que los legisladores contemplen sus pedidos en el proyecto de ley de Presupuesto que estudia el Poder Legislativo. En un contexto de restricción del gasto, la titular de la Jutep pretende conseguir fondos para el sistema de declaraciones juradas y también para un plan de acreditación y certificación en transparencia de los órganos públicos o privados que lo requieran.
Signorino planteó un panorama complicado. “La Jutep tiene una serie de carencias y necesidades”, dijo. “No cuenta con profesionales propios y esto es increíble; insisto, ¡la Jutep carece de profesionales propios! Por supuesto que contamos con dos abogadas, pero están en comisión en la Jutep y componen la asesoría jurídica”.
La jerarca subrayó que la Jutep trata muchos temas sensibles, por ser “el organismo superior contra la corrupción”. Al respecto, agregó: “La corrupción no es novedad para nadie, pero socava las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden, la moral y la justicia. La corrupción atenta contra la democracia. Se deben desarrollar mecanismos modernos contra la corrupción porque las prácticas corruptas siempre son innovadoras. Para este planteo que estoy haciendo en general debemos contar con un equipo de técnicos asesores especializados que deben pertenecer a la Jutep”.
La presidenta de la junta dijo que necesitaban incrementar los recursos financieros para contratar asesores para “casos especiales” y también para mantener el sistema de las declaraciones juradas electrónicas.
La encargada de Administración y Finanzas, Teresa Spinelli, dijo al respecto que el sistema electrónico había sido creado y mantenido por la Agesic, pero que ese organismo decidió dejar de brindar el servicio. La Jutep no puede afrontar ese gasto con fondos propios —$ 2.500.000 al año—, por lo que hasta ahora recibió refuerzos presupuestales del Ministerio de Economía.
“De no acceder a un incremento en los créditos de los gastos, no podríamos mantener el sistema de declaraciones juradas”, alertó Spinelli. “Según el encargado del área, que está aquí, eso implicaría dejar sin efecto las declaraciones juradas, lo que ocasionaría un caos, porque no podrían registrarse bajo ningún punto de vista”.
Durante su intervención, Signorino explicó por qué debía ser tan clara en cuanto a la carencia de recursos humanos y económicos en la Jutep. “Esto es para que vean lo que es nuestra pobreza y nuestras necesidades”, les dijo a los senadores.
Idea frustrada
La presidenta de la Jutep también reclamó a los legisladores que incluyeran en el Presupuesto el dinero suficiente para llevar adelante un proyecto que sería su buque insignia. “Así como existen el Latu o UNIT, pretendíamos crear la marca Jutep como organismo certificador. Para ello necesitaríamos, por única vez, $ 700.000 para implementar la mencionada acreditación y contratar técnicos”, describió.
Esa certificación implicaría “armar un manual de procedimiento y una guía de buenas prácticas basada en tres leyes: la ley de acceso a la información pública, la ley de protección de datos personales y la ley de ética pública”, detalló el encargado de Registro de Declaraciones Juradas, Juan Mancebo.
El plan de acreditación ideado por la Jutep no contó con el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados como para ser incluido en el proyecto de Presupuesto.
La senadora blanca Graciela Bianchi dijo en la sesión de la comisión que tenía “serias dudas respecto a la acreditación”. “La verdad es que una acreditación libre de corrupción es una cosa muy fuerte y puede implicar incluso alguna definición más clara respecto a cómo se posicionan frente a la justicia”, explicó.