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La baja del tipo de cambio nominal en la plaza local ocurrida recientemente, al mismo tiempo que la inflación de precios se mantiene alta, desempolvó el concepto de “atraso cambiario”, tan recurrente a fines del siglo XX. Distintas organizaciones empresariales —del agro, la exportación y la construcción— ven en ese fenómeno un problema para la competitividad y la rentabilidad de sus negocios.
Para el gobierno, el reclamo genera algunas incomodidades que salieron a luz por estos días. Mientras las autoridades económicas alegan que el dólar baja de cotización porque Uruguay está exportando mucho y es el reflejo de una economía que crece, las cifras de exportaciones de octubre y noviembre mostraron una caída interanual. Al mismo tiempo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, respaldó la preocupación del campo por el “atraso cambiario”.
Más allá de tecnicismos en torno a este concepto, la discusión acerca de esta variable es relevante con una mirada de corto plazo, pero importa menos en términos estructurales. En unas semanas o meses quizás el dólar se fortalezca frente al peso uruguayo o la inflación doméstica empiece a aflojar, y entonces se dejará de hablar de “atraso cambiario”. Pero si no ocurren otras cosas, los problemas de fondo para la competitividad no habrán desaparecido.
Si bien está habiendo inversiones y desde el año próximo en Uruguay volverá a rodar un tren en condiciones de eficiencia —para UPM 2, pero también para cargar otras producciones desde el centro del país—, parecen limitadas para superar el déficit en cuanto a la infraestructura física. El estado de muchas rutas no es óptimo. Los puertos y la logística que los rodea siguen siendo caros. La reforma para abaratar los combustibles recién está empezando y, para las empresas, aún no se ven los resultados. La intención del gobierno de negociar acceso a mercados en mejores condiciones que las actuales es encomiable, pero son apuestas a largo plazo y no está claro que vayan a prosperar. Aunque menos que en el pasado, los trámites y regulaciones en torno a la actividad empresarial persisten como un freno a los negocios. También hay mucho para mejorar en materia laboral.
Es cierto que, en algunos aspectos más que en otros, el Poder Ejecutivo está encarando estos problemas o al menos tiene la intención de hacerlo, aunque los tiempos políticos son cada vez más estrechos. El año que comienza en pocos días será el de reformas importantes, como la educativa y la de la previsión social, según anunció el oficialismo. A su vez, la intención de la cúpula de la coalición gobernante es promover algún cambio significativo en materia económica. Todos ellos son bienvenidos, hacen falta.
Pero si el ritmo de los progresos es muy lento, es razonable que el empresariado esté preocupado por su subsistencia a corto plazo y reclame por un dólar más competitivo. En definitiva, la agenda pendiente procompetitividad de Uruguay todavía es muy amplia; ese es el verdadero “atraso”.
