El “país productivo” no puede esperar

La proclama de USU menciona 12 medidas a tomar a los efectos de “bajar el costo del Estado y reactivar” la economía, tales como no aumentar el gasto en el próximo Presupuesto quinquenal; reducir los cargos políticos en los directorios de las empresas y de los entes estatales; congelar el ingreso de nuevos funcionarios públicos por al menos cinco años (a excepción de áreas sensibles como seguridad, salud y educación); reducir y unificar dependencias públicas; abatir en al menos 50% la flota de vehículos oficiales; y modificar la ley de biocombustibles. También pidió que se avance en nuevos acuerdos comerciales que mejoren las condiciones de entrada a los mercados, dejando de “regalar cientos de millones de dólares a gobiernos extranjeros para poder acceder con nuestros productos”.

La historia argentina es bien conocida. El año pasado registró una suba del tipo de cambio de más de 100%, con una inflación de algo más de 47%, y una brutal recesión como consecuencia de la pérdida total de confianza. Eso llevó a que desde hace muchos meses se deban mantener tasas reales de interés de entre 20% y 30% a los efectos de que el público no demande todavía más dólares, con lo cual la demanda interna y las importaciones colapsaron (en diciembre cayeron 21% respecto a un año atrás), mientras que la utilización de la capacidad instalada en la industria está a niveles del 2002.

En Brasil, la expectativa es que se hagan reformas estructurales en el gasto público, del sistema impositivo, el régimen previsional y en el mercado laboral, así como una mayor apertura de la economía como forma de devolverle dinamismo y competitividad al sector privado. Si ello no se concreta, es posible avizorar que recorra un camino como el de Argentina.

Las demandas de USU van claramente por el lado de seguir lo que aparentemente está pensando hacer Brasil, para evitar un desenlace similar al argentino.

Como ya ocurriera el año pasado, es difícil pensar en que el gobierno uruguayo vaya a cambiar algo en el sentido de lo que sería necesario, aunque más no sea para evitar continuar empeorando el actual problema de falta de competitividad y rentabilidad de los sectores exportadores. Sin urgencias de caja y con abundante financiamiento externo disponible por ahora, no tiene ningún incentivo para cambiar de rumbo, salvo que en los próximos meses se produzca un colapso mayor del nivel de actividad y del empleo, y se confirme la fuerte caída de la recaudación impositiva que se observó en el último bimestre del 2018.

Qué plantearán los partidos de oposición de cara a las próximas elecciones es una incógnita, sobre todo porque la magnitud del problema es enorme. Y, lamentablemente, no se solucionará de manera “gradual” salvo que se logre una mejora sustancial de los precios de exportación, algo que luce muy poco probable. Es virtualmente imposible pensar que se va a poder corregir un “atraso cambiario” del orden del 20% a 25% como el que existe en la actualidad, así como un déficit fiscal del orden del 4% del Producto Bruto Interno (y creciendo por la baja de la recaudación) de manera gradual, no reponiendo vacantes y restringiendo el uso de celulares y vehículos oficiales, por más que todo ayuda. ¿Intentará la oposición hacer la “gran Macri” y presentar una visión “edulcorada” de la realidad diciendo “Gre- Gre” en lugar de “Gregorio”, o se animará a presentar la verdad y preparar a la sociedad para un ajuste tan inevitable como rápido? Porque lo único claro es que el “país productivo” (o la caricatura de lo que queda del mismo) no puede esperar.