De alguna manera se está repitiendo una situación acaecida hace alrededor de 45 años. Pero la actual está encajada en una coyuntura internacional más endeble y nebulosa, jugándose entre actores con perfiles psicológicos desequilibrados, lo que antes no ocurría. Por ello se puede calificar la actual circunstancia de tremebunda. Y quienes me conocen saben que soy un analista moderado, nada dado al pánico; pero sin caer en él, ahora, desde un posicionamiento objetivo afirmo que, si bien no estamos inmersos en una “tercera guerra mundial” de características especiales como dicen algunos analistas, nos encontramos ante la amenaza de una conflagración que arrastre al mundo y ponga en peligro el estado avanzado de su civilización posmoderna. Aunque, si se logra actuar con sensatez y se neutraliza la ignorancia e ideología de algunos protagonistas, aún se está a tiempo de mantener al mundo en sus actuales carriles, difíciles pero transitables.
En 1962 se producía el episodio internacional conocido como “la crisis de los misiles en Cuba”. Corrían los tiempos del bipolarismo con ápices en Moscú y Washington; había un mundo partido en dos y separado por “la cortina de hierro”: de un lado los occidentales grecorromanos y judeocristianos y del otro los orientales comunistas, marxistas, leninistas; ambos bandos disponían de capacidad nuclear suficiente para destruir al otro; y sobrevivían en un precario equilibrio de poder, en una situación de no beligerancia llamada Guerra Fría, garantizada por un modelo estratégico político-militar conocido como “el equilibrio del terror”. Básicamente este consistía en que ambos bandos disponían y distribuían sus respectivos poderíos bélicos de tal forma que, si uno de ellos lanzaba un ataque nuclear que destruiría al otro, este dispondría de tiempo para lanzar un contraataque que también destruiría al agresor: el atacado sería destruido, pero dispondría del tiempo necesario para lanzar una ofensiva tecnológica que destruiría al atacante después de no existir: una especie de muerto que mataba al asesino.
En esa época el gobierno comunista de Fidel Castro cedió a la URSS bases militares donde instalar lanzaderas de cohetes con cabeza atómica que podían alcanzar el territorio de EEUU y destruirlo sin que este tuviera tiempo de desencadenar el contraataque póstumo. Se rompía “el equilibrio del terror” a favor de la URSS y EEUU debía evitarlo aun recurriendo a una guerra nuclear o arriar sus banderas. Se amenazó con la solución nuclear, pero esta se evitó y se cerró el caso negociando. Ello fue posible porque el equilibrio de poder internacional de los involucrados y las demás potencias, era claro, así como lo eran sus posiciones e intereses políticos; porque los líderes de todos los países tenían posiciones racionales y previsibles; pero especialmente porque John F. Kennedy y Nikita Jrushchov eran conductores capacitados en el manejo de la política internacional, racionales y, especialmente, responsables y conscientes de que estaban resolviendo el destino de una civilización que se estaba abriendo a la posmodernidad; contaron además con el auxilio mediador de un sabio que después fuera elevado a los altares como santo: Juan XXIII.
En la actualidad la situación entre EEUU y la República Popular de Corea, discutiendo y amenazando con el poderío nuclear, tiene elementos similares, pero, en su enmarque real, resulta radicalmente diferente. Las similitudes se ubican en la existencia de una profunda crisis político-diplomática en la que juegan las actitudes militares y la disponibilidad de armas nucleares. Las diferencias están en los protagonistas y sus conductores. Uno es la República Popular de Corea. Su origen se sitúa en el marco de la Guerra Fría cuando en el viejo Reino de Corea la zona ocupada por EEUU se reconoce como el Estado de Corea del Sur y la zona ocupada por la URSS se constituye como República Popular de Corea. Esta última es hoy un pequeño y prácticamente aislado país que diplomáticamente solo se relaciona intensamente con China, tiene algunos vínculos con otros países comunistas o filocomunistas y es miembro de Naciones Unidas. Su población sufre carencias propias del tercer mundo, pero ha destinado todos sus esfuerzos a desarrollar la tecnología misilística de punta y a disponer de un arsenal nuclear.
Sus fundamentos y su práctica política son, al menos, sorprendentes. La República fue fundada por su primer presidente, Kim II-sung; este estableció las bases institucionales de una República Socialista basada en la ideología juche, una variante propia del marxismo-leninismo que él crea; cuando muere, oficialmente se le instituyó como presidente eterno, cargo que sigue manteniendo desde el más allá. Su hijo Kim Jong-il, le sucedió siendo electo como presidente del Partido (único) de los Trabajadores y primera autoridad en el país, porque el presidente eterno es su padre. Durante su mandato desarrolló la teoría juche, y al morir le sucedió como primera autoridad Kim Jong-un, su hijo y nieto del fundador del país. Este personaje, que se ve rodeado de subordinados políticos y militares, cuyo peso en las decisiones es difícil de conocer y evaluar, es el heredero de la dinastía y aquel en cuyas manos ha quedado, al menos en los papeles, el botón nuclear.
El otro contendiente es EEUU, cuyo papel como país en las relaciones internacionales y su estructura política interna todos conocemos, pero cuyo liderazgo político actual ha caído en manos de un protagonista atípico. Donald Trum fue alzado a la presidencia en un proceso electoral confuso, no tiene antecedentes como conductor de los intereses públicos, se muestra como pagado de sí mismo, los analistas políticos lo califican como narcisista, no tiene experiencia conocida en política internacional y los asesores de los que se ha rodeado son cuestionados por buena parte del elenco de expertos en estos asuntos. Este protagonista ya ha tomado decisiones violatorias del derecho internacional posmoderno al decidir el bombardeo a bases sirias; entendemos que el castigo a Siria es justo, pero con su decisión Trump se apartó del sistema internacional y del debido proceso actuando como “justiciero”, lo que resulta ilegítimo y muy peligroso. El otro botón nuclear está en manos de este individuo.
Como puede colegirse de lo expuesto, en las circunstancias actuales los protagonistas de turno, dejan mucho que desear en comparación con 1962. Terceros imparciales como San Juan XXIII no se vislumbran; el papa Francisco se ha mostrado como un buen hombre con el cual coincido en muchas cosas, pero en relaciones internacionales no ha dado con la medida y ha fracasado en el más importante conflicto donde se involucró, el de Venezuela. V. Putín no es un personaje confiable, aunque puede colaborar por su experiencia y capacidad de poder, en la medida en que ello no afecte los intereses irredentistas de Rusia. Los líderes europeos están muy ocupados en sus problemas internos y en las relaciones internacionales ninguno se destaca, salvo en los sectores que interesan a su política exterior nacional. Los estadistas africanos están muy encerrados en su continente y de Latinoamérica, con todo el cariño que nos merece y el dolor que nos causa, podemos decir algo similar. Oceanía no cuenta y en Asia, Japón y Corea del Sur son víctimas propicias, pero poco más puede esperarse de ellas al no ser potencias militares; la incógnita y con seguridad una de las claves del asunto es Xi Jinping y poder conocer hacia dónde pueda apuntar China. Personalmente no me especializo en los asuntos políticos y filosóficos del Asia profunda, pero tengo la impresión de que aquí está una de las partes más equilibradas entre las directamente interesadas y que el peso de los matices que introduce el pensamiento de Confucio en la doctrina maoísta, puede pesar en forma positiva.
El mundo está en riesgo, aunque, quizá por la presentación folletinesca (en su 3ª acepción) del problema, no se ha asumido la gravedad de la situación. Y aquí aparece Uruguay, que después del fulgurante papel que desempeñó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su primer membresía no permanente en 1965-66, retorna a él representado por el embajador Dr. Elbio Rosselli, que lo presidirá a partir del 1° de mayo cuando posiblemente se decida sobre el planteo de EEUU para frenar el armamentismo nuclear de la República Popular de Corea y sus amenazas belicistas.
Es esta una excelente oportunidad para enriquecer nuestro reconocido prestigio internacional. Para ello disponemos de los instrumentes: el temporal asiento no permanente; la temporal presidencia del órgano; la firme y tradicional postura del país en el sentido de condenar el uso de la fuerza y de las armas nucleares, bregar por la solución pacífica, propiciar al menos la limitación del “veto” y eliminarlo para ciertos ámbitos de competencia. A esto se suma que nuestro actual embajador en el Consejo es un funcionario de carrera ingresado por concurso, que tiene un excelente historial y está en el grupo de los mejores diplomáticos de carrera con que contamos, los que en general son muy buenos. Debe agregarse la destacada y honrosa política internacional que siempre caracterizó a la República a través de todos sus gobiernos y que le dio una fortaleza internacional más allá de la que pudiera pretender por el quántum de su poder material.
Para mantener estas ventajas hay que ajustar algunos pequeños detalles. La política internacional la conduce el Poder Ejecutivo y la manifiestan el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La exclusividad de esos órgano en esos ámbitos, no es caprichosa sino que responde a que, para opinar sobre estos asuntos en forma sustentable y sin desencadenar conflictos internacionales, se debe contar con conocimientos que únicamente pueden aportar con sus informes los servicios diplomáticos especializados en recogerlos, para que luego sean analizados y evaluados científicamente por los especialistas de los servicios de Cancillería; actividades que deben ser reservadas por los perjuicios y responsabilidades que pudieran acarrear a la República las reacciones de los demás países si fueran publicados y se conocieran. Y la exclusividad de la validez jurídica solo de las manifestaciones de esos funcionarios, presidente de la República, ministro de Relaciones y diplomáticos con poderes, resulta del hecho de ser los únicos admitidos y considerados por el derecho internacional para expresar con validez jurídica la voluntad del Estado en su calidad de sujeto y protagonista del derecho y las relaciones internacionales. Nuestro país debería retornar a la antigua usanza en la cual los que no disponían del acceso a los datos y análisis necesarios no opinaban públicamente sobre política internacional. No admitir esto y, en algunos casos, permitir su influencia política, aún interna, perjudica la percepción de seriedad internacional que otros países tengan del nuestro: debe optarse entre el derecho del común de las gentes a una libertad de opinión irrestricta y el derecho de la nación, el pueblo en ejercicio de la soberanía, a preservar los intereses trascendentes de su país.
Tampoco el Estado puede permitirse el lujo, sin caer en el riesgo anteriormente señalado, de pasar por alto, sin tomar públicamente medidas adecuadas o al menos de marcar su posición, ante actitudes descomedidas o ridículas de los miembros del cuerpo diplomático extranjero. Pensamos en las violaciones al estatuto diplomático: de embajadores extranjeros que exhortan por la prensa al pueblo uruguayo a que presionen a su gobierno para que adopte determinadas posturas internacionales; o que participan en actos políticos de partidos o movimientos de opinión nacionales; o que presentan, fuera de toda competencia, notas de protesta al gobierno por la actitud de un particular en una propaganda, aunque esta fuere descomedida. Ninguna de estas son funciones legítimas del cuerpo diplomático, aunque algunas de ellas pudieran serlo del consular.
Por último, la opinión de los partidos políticos en casos de esta trascendencia, donde debe existir un posicionamiento nacional, debería ser analizada en común y manifestada en forma lo más estudiada y coordinada posible, enfocándose en el interés nacional de la República sin poner el acento en los distintos matices que aporten los intereses e ideologías de cada grupo. Esto no está ocurriendo. La posición de Uruguay ante el caso Corea del Norte es la tradicional de condena de su armamentismo y respaldo a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el mismo; pensamos que esta debería de ser la opinión de todo el partido de gobierno, que es el que dispone de los instrumentos para modificarla, aunque resulta notoria la existencia de distintos matices que manifiestan algunos sectores de la coalición que lo compone. Los partidos de la posición (según “El País” del 29 de abril) divergen: el Partido Nacional y el Partido de la Gente propondrían alinearse con la posición de EEUU, apostando por el dialogo; Unidad Popular condenaría a EEUU por la injerencia en los asuntos internos uruguayos que significaron las manifestaciones públicas de su embajadora, y el partido colorado pensaría que se tendría que tomar posición según lo que resultara de las discusiones del Consejo. En esa publicación no se recoge la opinión del Partido Independiente, pero, consultadas algunas de sus autoridades, estas entenderían que debe seguirse la posición tradicional del país sobre la política de Corea del Norte: condenar su armamentismo, especialmente el nuclear, imponerle el sometimiento de sus política internacional a la normativa jurídica y el acatamiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, también advertir a EEUU que no debe tomar medidas armadas unilaterales, las que serían violatorias del art. 4 inc. 2 de la Carta y constituirían una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y manifestar a China, EEUU y Rusia que no deberían vetar cualquier Resolución que el Consejo pudiera disponer afectando de alguna manera a las partes o sancionándolas y que recogiera el sentir de la mayoría de la comunidad internacional de los Estados.
En mi opinión, esta última es la posición a la cual, jurídica y políticamente, debería propender la República. Así, en lugar de esperar la opinión del Consejo para plegarse a ella, aprovechando el peso de tener la presidencia del órgano, contribuir a la formación de la voluntad jurídica del Consejo de Seguridad y, en consecuencia de Naciones Unidas. Pero al hacer esta opción personal debo advertir que me comprenden las generales de la ley por mis vínculos con la agrupación política que también la sustenta.
Heber Arbuet-Vignali
Antiguo catedrático de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, UdelaR
