La casa central de la Iglesia Universal del Reino de Dios —“Pare de sufrir”— es un edificio bajo pero con un amplísimo frente vidriado sobre la Avenida 18 de Julio, construido pocos años atrás. Más modesta parece de afuera la antigua casona de altos que, en la calle Uruguay, alberga a la Asociación Rural (ARU), una de las organizaciones empresariales históricas. Por su parte, la sede y el club deportivo del sindicato de empleados bancarios (AEBU) se despliega en media manzana vecina del Templo Inglés, frente al Río de la Plata. Son la cara más a la vista de sus patrimonios.
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A fuerza de una ley de 2015, estas tres organizaciones empezaron a registrar sus estados contables ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN), haciéndose accesibles para quien pague el arancel correspondiente por ello. Búsqueda compró sus balances para analizarlos, en el entendido de que pueden ser representativos del poder económico de instituciones de su tipo, actores de la vida social, cultural y hasta política del país. Por su nivel de ingresos, una de estas asociaciones civiles es asimilable a una gran empresa (las que tienen ventas anuales mayores al equivalente a US$ 9,3 millones, aproximadamente) y las otras dos serían medianas (con facturación superior a US$ 1,2 millones). Las tres dieron resultados positivos en sus últimos ejercicios, convirtiendo las cifras a dólares al tipo de cambio a la fecha de cierre del balance.
El requisito de inscribir los estados contables en la nueva Central de Balances Electrónica de la AIN se aplica para las entidades comerciales de cualquier forma, y más recientemente, también para sociedades y asociaciones civiles, agrarias, fundaciones, cooperativas, fideicomisos y fondos de inversión no regulados por el Banco Central. Pero todavía muchas de estos nuevos obligados no han presentado los suyos; hasta esta semana eran menos de 100 las asociaciones civiles con balances registrados. No estaban los de la Iglesia Católica, ni los de gremios obreros como el Sunca, ni los de las cámaras de empresarios del comercio o la industria, por nombrar algunos relevantes de colectivos sociales como los de las tres entidades analizadas.
El poder de la fe
Son casi las seis de la tarde del lunes 18 y una quincena de personas, la mayoría solas, esperan sentadas. Más sobre la hora entra algún otro como empujado por el sol que abrasa la Avenida 18 de Julio, pero los fieles no llegan a 30 cuando el pastor da inicio a la “reunión”. En una sala con cerca de 3.000 butacas casi vacías, el mensaje en portuñol del líder espiritual brasileño y los rezos de quienes lo rodean se amplifican. Afuera, Juan invita a los transeúntes a la sesión de los martes con un volante que ofrece la “cura” para la diabetes, el cáncer, la hipertensión o el sida. Con marcas en la piel de alguna vieja enfermedad, dice que estaba casi muerto cuando se acercó a la iglesia. Asegura que él cumple una tarea de evangelización, y sostiene que a los indigentes que pululan en la zona los alimentan y les permiten bañarse.
Además de ese edificio gigante, la Iglesia Universal del Reino de Dios cuenta con unos 40 locales en distintos barrios de Montevideo y ciudades del interior del país, aunque ese detalle de activos no figura en la información en lenguaje de contadores registrada ante la AIN. Al cierre de su último balance anual —a fin de marzo de 2018—, tenía activos por el equivalente a US$ 25,4 millones; la mayor parte correspondía a inmuebles (US$ 23,6 millones). Como pasivos figuraban en su balance US$ 420.000, por lo que el patrimonio de esa asociación civil era de poco menos de US$ 25 millones.
Considerada como una “secta” por algunos entendidos, esta organización religiosa recibe “diezmos” y “ofrendas” monetarias voluntarias de los fieles. En Brasil y en otros países sus líderes han sido investigados por lavado de dinero y evasión fiscal, entre otros delitos financieros. En Uruguay, por las dudas que les generaba el origen de los fondos, varios de los principales bancos se rehusaron a abrirle cuentas; en 2015 la iglesia presentó un recurso que el Banco Central desestimó.
En el último ejercicio anual, cerrado a fin de marzo de 2018, los ingresos por la “actividad ordinaria” de esta iglesia superaron los US$ 6 millones, surge de su balance. Por facturación, sería una empresa mediana.
Su resultado mejoró respecto al anterior —casi se triplicó en pesos— y ascendió a US$ 436.900. Desde el punto de vista “integral”, fue US$ 114.168, por efecto de una “cobertura del flujo de efectivo”.
En la sede central, un funcionario, brasileño como el pastor, aseguró a Búsqueda que un responsable del área administrativa se comunicaría para evacuar las consultas. Ayer miércoles a la tarde, por teléfono, una persona que se identificó como Fabiano y dijo ser el encargado contable señaló que la iglesia “no tiene información para dar”.
Dentro de la “información básica de la empresa”, inscripta como persona jurídica en 1994, se indica como objetivo la “predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por todos los medios de comunicación, teniendo como base únicamente las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de las doctrinas cristianas de acuerdo con la Biblia y la Palabra de Dios”, así como “promover la práctica y el estudio de los principios de fe antes mencionados”.
La historia de esta iglesia autodefinida como pentecostal y evangélica, contada en su sitio web, sitúa su nacimiento en 1977 y habla de la expansión de la organización. Sin condiciones de alquilar un inmueble, entonces el pastor Edir Macedo inició sus primeras reuniones en la plaza Méier, en Río de Janeiro. Luego, arrendó una antigua fábrica que se transformó en el “gran templo de la abolición”, con capacidad inicial para 1.500 fieles. “Cuando el joven Macedo alquiló el terreno, algunas personas consideraron el gesto una locura, ya que el alquiler del inmueble era muy caro. Esa osadía, entretanto, contribuyó para hacer de la Universal lo que ella es hoy: una Iglesia que no para de crecer”, señala. Y agrega: “Actualmente, la Iglesia Universal acumula grandes multitudes en todos sus templos”.
Otra asociación civil con fines religiosos, la Corporación del Presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no le va atrás en poderío económico en Uruguay. Recibió ingresos —“donaciones” y “subsidios de partes relacionadas”— por US$ 14 millones, y sumando su único templo y las más de 100 capillas que tiene según su web, acumuló activos por US$ 56 millones a fin de 2017.
La voz de los ganaderos
De afuera, la casa del siglo XIX donde funciona la sede de la ARU dice mucho menos que lo que es: una escalera de mármol lleva a una primera planta donde está la amplia sala de directorio, con muebles de época y un piso de madera al que el martes 19 una empleada le sacaba lustre con cariño. En otro piso tienen sus oficinas las gremiales ganaderas, y más arriba está el área contable y de estudios agroeconómicos. En la planta baja se lleva el registro genealógico de los animales, una de las fuentes de ingreso principales de la organización.
La casa, recientemente retasada en cerca de un millón de dólares, es uno de sus bienes más importantes junto con un predio en Melilla —donde desde 2012, hace una exposición a menor escala que la de la Rural del Prado— y algunos campos forestales. Según el balance anual a junio de 2018, los activos rondaban los US$ 3,5 millones y tenía pasivos por unos US$ 914.000; su patrimonio era de US$ 2,6 millones.
Los ingresos por “actividades ordinarias” de la asociación fueron por casi US$ 5 millones, lo que descontado el “costo de venta” hizo una ganancia bruta equivalente a poco más de US$ 1 millón en el último ejercicio anual. Pero el resultado se redujo a unos US$ 244.400 cuando se consideran, además, los “gastos de distribución y ventas”, los “costos financieros”, así como el impuesto a la renta. El balance anual anterior (cerrado a fin de junio de 2017) había sido negativo en cerca de US$ 141.600; el clima lluvioso y la suba de los costos laborales jugaron en contra. La ARU tiene 62 empleados.
Los ingresos de esta gremial de productores ganaderos provienen esencialmente de tres vías: el servicio de registro genealógico, que apunta a valorizar la genética animal; las cuotas de los socios (unos 1.800, aunque cerca de 200 son vitalicios y no pagan); y la organización de dos exposiciones al año.
“Somos muy sensibles al clima” y eso obliga a hacer una planificación financiera cauta, explicó a Búsqueda Andrea Martínez, responsable del área contable de la ARU. Es que si llueven muchos días, la concurrencia de público a la Expo Prado cae, así como las ventas en los stands, lo que afecta en ese año pero también en los siguientes, porque los expositores tienden a recortar la inversión publicitaria y de promoción.
De las notas a los estados contables surge que la gremial tuvo ingresos operativos por US$ 1,1 millón en “venta de stands para exposiciones”, otros US$ 876.240 por la venta de entradas a la muestra, casi US$ 629.000 por publicidad y US$ 64.300 por comisiones por el remate de animales. Pero a esos números hay que descontarles los gastos de mantenimiento, todo el año, del predio de la Rural concedido por la intendencia.
Los bancarios
La AEBU tiene en sus manos la bomba atómica del gremialismo vernáculo: el poder de distorsionar o parar el sistema financiero. O de ayudar a salvarlo en momentos críticos, como ocurrió en 2002 cuando, asustados, los depositantes pedían su dinero.
Esta asociación civil sin fines de lucro es también poderosa económicamente, comparada con otras. Sus ingresos en el último ejercicio anual finalizado en abril del año pasado rondaron los US$ 11 millones; si fuera una empresa sería grande por su facturación. Provinieron principalmente del aporte gremial (casi US$ 6 millones), por el club deportivo (US$ 1,7 millones), y luego por el servicio de jardín de niños y extensión escolar (US$ 1,2 millones, más una cifra similar correspondiente a aportes de las instituciones financieras para ese rubro). El Complejo Daymán Juanjo Ramos produjo unos US$ 223.000, mejorando significativamente su contribución frente al ejercicio previo.
La AEBU tuvo un resultado positivo de casi US$ 83.000 en el año cerrado al 30 de abril de 2018, lo que se compara con los US$ 25.100 del ejercicio anterior, surge de los números informados a la AIN.
Entre sus activos principales está la propia sede gremial, el Parque Vacacional de Piriápolis, además del Complejo Daymán. En las notas al balance figuran entre sus activos financieros inversiones en bonos del gobierno, así como plazos fijos en Bandes y Scotiabank.
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