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Con el inicio de las clases ya en el horizonte, el Colegio Nacional José Pedro Varela se tambalea en un limbo del cual recién podrá salir el lunes 25. Ese día la Sociedad Uruguaya de la Enseñanza (SUE), sociedad civil que dirige la institución, deberá votar si acepta un plan de rescate elaborado de urgencia por la comisión de padres del colegio.
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La crítica realidad del Varela, uno de los colegios con más tradición del país, sumado a los problemas económicos y laborales que están viviendo otros colegios en este inicio de año, hizo apuntar reclamos en gremios y en el oficialismo hacia la mala gestión de las instituciones privadas, al punto que piden al gobierno que elimine los beneficios fiscales que tienen los privados.
El artículo 69 de la Constitución de la República establece que esas instituciones “estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”.
“Acá hay un problema. El artículo 69 se incorporó en 1917, en el marco del proceso de secularización del Estado. Hoy hay nuevas realidades totalmente distintas. Hoy hay instituciones de enseñanza privada que son muy serias pero hay otras que, impulsadas por ese artículo, tienen como único motor el lucro”, señaló a Búsqueda Sergio Sommaruga, secretario de la Comisión de Asuntos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep).
“Se exacerbó el carácter mercantil de la educación privada, ahora es hípermercantil. Entre fulano y mengano se juntan y crean un colegio solo para ganar plata, porque está claro que no todas las instituciones privadas tienen como su verdadero argumento fundamentos ideológicos, culturales o religiosos”, afirmó.
Para el dirigente, ese carácter “hipermercantil” explica la conducta de muchos colegios que, apenas tomaron conocimiento de la posible quiebra del Varela, “salieron a la caza” de sus estudiantes sin analizar su situación propia ni la ajena.
La postura sobre la exoneración de impuestos ya fue planteada por Sommaruga a la interna del sindicato, que la comparte y ha comenzado a divulgarla para intentar modificar la regulación. Aunque el gobierno ha permanecido neutral y reservado durante la crisis del Varela, ayer miércoles el diputado socialista Roberto Chiazzaro también exigió cambios en las exoneraciones.
“Lo sucedido con el colegio José Pedro Varela tira abajo el mito de que toda administración privada es más eficiente que la pública. Tiene un tremendo impacto social. Se debería estudiar la vigencia o la adecuación del artículo 69 de la Constitución”, escribió en su cuenta de Twitter.
Viable.
El jueves 14 el consejo directivo de la SUE anunció el cierre del Varela tras una reunión que mantuvo con representantes de Sintep. Con una deuda de U$S 3 millones, a fines de año el colegio envió al seguro de paro en forma masiva a sus 432 funcionarios.
Tras el anuncio, la escuela y liceo Elbio Fernández emitió un comunicado donde informa un acuerdo con el Varela para “ofrecer recibir a los alumnos que han adelantado anualidades sin costo adicional” y “ofrecer extender la operación del Elbio Fernández” a la sede del Varela en la Ciudad de la Costa.
El anuncio de cierre generó la reacción de la comisión de padres del colegio, que se quejó de que la información otorgada por el consejo directivo respecto a la situación financiera era “insuficiente e incompleta”. Elaboró entonces un proyecto de rescate que consideran “viable en su totalidad” y fue discutido el martes 19 en una asamblea de la SUE.
Allí se resolvió estudiar el plan y votar si se implementa o no en otra asamblea a desarrollarse el lunes 25. Fuentes de la institución señalaron a Búsqueda que el anuncio del cierre del colegio no solo causó enojo en los padres, sino también en integrantes de la masonería, ya que la mayoría de los integrantes de la SUE forman parte de esa institución y no estaban de acuerdo con la decisión tomada por el consejo directivo.
