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El pasado 5 de octubre nos llamó la atención la argumentación del Dr. Ope Pasquet en el Parlamento, en favor de la ley de la eutanasia, al expresar que “la vida no es un deber ni una obligación sino un derecho”. No aclaró que se trata de un “derecho inherente”, lo que es una omisión grave porque no lo distingue de un derecho adquirido. La diferencia está en que la vida no la recibimos por mérito propio, y hasta el propio instinto biológico de conservación nos indica que tenemos el deber y la obligación de asistir ese don gratuito, para no disponer de él como si fuese un derecho adquirido. Así nuestra libertad personal se identifica con ese deber, que es el mismo que respetamos donde comienza la libertad de otras personas que debemos asistir con la misma justicia que el propio instinto de conservación es coherente con la libertad y el deber de defender nuestra propia vida.
Como nuestra propia libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona, en justicia hemos de respetar y asistir su vida como si fuese la propia. Lo contrario supone negar tanto esa libertad como la justicia, que está tanto en el deber como en el derecho de defender la propia vida y la vida de terceras personas, como bien de referencia..., y no como un bien disponible por un derecho adquirido. Por ello, el derecho inherente a la vida debe reconocerse, tanto para sí mismo como para tereceros, como un bien a preservar con el carácter excluyente de “no dañar”, de no privar de él, según el non nocere hipocrático, que no por casualidad aparece en el Código de Ética Médica de nuestro país. Es por ello que también consideramos un grave error que el derecho a la vida (del que habla el Dr. Pasquet), como derecho inherente, pueda eliminarse simplemente desconociendo que nuestras normas morales-sociales descansan en esa tradición médica asclepíade, milenaria, que recoge nuestro Código de Ética Médica. Asumir que alcanza con “eliminar” uno de sus artículos para disponer del derecho inviolable a la vida, como si fuese un bien disponible, por un derecho adquirido. Es un grave precedente contra el Estado de derecho que conspira tanto con la prevención del suicidio como del homicidio, cuando precisamente más aumentan en nuestro país y en todo el mundo. El “deber” y la “obligación” que niega el Dr. Ope Pasquet tanto para proteger la propia vida y el propio desarrollo, como el de terceras personas, sigue estando vigente. Pretender derogarlo impide reconocer la civilización humana y corrompe el Estado de derecho, al quitarle sustento moral-social.
Por otra parte, el argumento del sufrimiento insoportable es tan falaz como hipócrita, pues desconoce el valor científico de la eficacia de la analgesia y sedación, que no requiere matar a alguien para que deje de sufrir, tanto padezca una enfermedad reversible como si padece una enfermedad terminal. La hipocresía consiste en haber olvidado que el verdadero deber y obligación, está en asistir esos cuidados paliativos, ya sean físicos como psicológicos, antes de decidir la muerte como alternativa legítima. La mencionada “muerte digna”, utilizada como argumento en favor de la eutanasia, resulta especialmente hipócrita, al ignorar que el número de suicidios (que se pretenden evitar), ocurren precisamente al imposibilitarse la “vida digna”, pero por sufrimientos causados por falta de asistencia socio-económica, como en continentes como África, que posee las mayores tasas de suicidios. Ante ello cabe plantear, siguiendo la ruta de los intereses político-económicos, si la promoción del suicidio asistido y la eutanasia en nuestro país no equivalen al ahorro de medios de asistencia..., para adelantar la muerte..., en lugar de asistir la vida y el desarrollo humano. Pero ese tipo de normas jurídicas solo creará un precedente para desconocer la libertad responsable de asumir el deber de asistir con justicia derechos inalienables. Atentará contra el Estado de derecho.
