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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSegún trascendidos de prensa, en el artículo 313 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas se declara habilitada una zona de interés portuario en Rocha en la misma área en que se había habilitado el puerto de aguas profundas por ley del año 2013. Esa ley, del 4 de enero de 2013, Nº 19.046, estableció: “Declárase habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del Océano Atlántico, en la 10ª Sección Catastral del departamento de Rocha, en la zona denominada entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco, entre los puntos con las coordenadas geográficas 34º 32’ 17” latitud sur, 54º 03’ 38” longitud oeste y 34º 30’ 59” latitud sur, 54º 01’ 39” oeste”. La redacción de este artículo único de la Ley 19.046 sorprendió a los analistas, porque, como sostuve en un artículo publicado en la Revista Naval de abril de 2013, no se puede habilitar o declarar apto o capaz a un puerto de aguas profundas que no existe. Es obvio que las playas que se encuentran en la zona entre Cabos, de Mar del Plata, San Francisco y Palenque, no son puertos y, por ende, no pueden ser habilitadas como tales.
Pero, además, este aventurado emprendimiento no era factible porque si, como dijo el presidente de la ANP, ingeniero Alberto Díaz, se requiere que el puerto de aguas profundas, en la zona entre Cabos de Rocha, mueva 60 millones de toneladas de carga anuales para justificar la inversión que implica y las terminales de Nueva Palmira y de Montevideo mueven poco más de veinte millones, parece fantasioso pensar que esas cargas, necesarias para equilibrar la ecuación costo-beneficio, nos van a ser, generosamente, cedidas por nuestros países vecinos que poseen una infraestructura portuaria más que suficiente para sus propias necesidades.
Para desarrollar esa disparatada iniciativa se constituyó una comisión interministerial que gastó la suma de US$ 6.579.000, principalmente, en diversas consultorías entre las que podemos destacar las siguientes: Acciona S.A.: US$ 469.000; Esgemar/ Mercosurvey: US$ 290.000; Seaforth Geosurveys Inc.: US$ 2.159.266; CSI/Serman: US$ 420.000; Carlos Asuaga SRL: US$ 61.000; Techno Dive S.A.: US$ 217.780; Gea Consultores: US$ 95.000; Ingeniería de Fundaciones: US$ 57.700; Imfia-UDELAR: US$ 1,009,550; Dr. Ing. Piedra Cueva: US$ 76,250; Dr. Ignacio Aragone: US$ 87.840, y Anyca SRL: US$ 60.951.
Lo cierto es que, poco tiempo después de asumir como ministro de Transportes y Obras Públicas, el Sr. Rossi, que se caracteriza por su sentido común, se dispuso el archivo de esta iniciativa mal concebida, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista técnico.
Con el nuevo proyecto de ley de Rendición de Cuentas se vuelve a la consideración de la misma, con una mejor redacción, aunque no se debió decir “que se declara habilitada una zona de interés portuario”, sino, simplemente, que “se declara de interés portuario”. Ahora bien, no se aclara qué se quiere hacer con esa declaración. Si se trata simplemente de reservar, para dentro de varias décadas, esa zona dentro de un campo de planificación a largo plazo de nuestro sistema portuario, nos parecería bien. Pero si se trata de volver a gastar el dinero de los contribuyentes, en forma festinada, como se hizo en el marco de la Ley 19.046, nos opondremos tenazmente a ese tipo de disparates, porque en esa iniciativa no se gastó solo el dinero de esa comisión interministerial, hubo otros gastos importantes que no han trascendido. A esta altura del partido, cuando el país tiene una deuda externa monstruosa, cuando no se pueden mejorar los salarios de la educación, ni los de la salud, ni las jubilaciones, entre otras necesidades impostergables, malgastar nuevamente el dinero en un emprendimiento que, por el momento, no es viable, es absolutamente intolerable.
Dr. Edison González Lapeyre