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El martes 1° comenzó a regir la primera fase de la reforma que instalará, gradualmente, un Sistema Previsional Común. Surgió de una ley trabajosa —llevó más de dos años de preparación técnica y de negociación política intensa, incluso dentro de la coalición gobernante—, y si bien no es todo lo profunda que aspiraba gran parte del actual oficialismo, introduce algunos cambios, como elevar la edad de retiro, que resultaban imprescindibles para tratar de darle sustentabilidad a la seguridad social uruguaya.
En el Frente Amplio y el PIT-CNT todavía discuten si promover o no un plebiscito que haga caer esta reforma, total o parcialmente, entre otras cosas porque entienden que el esfuerzo financiero para estabilizar el gasto público previsional recaerá solo sobre los trabajadores. Sostienen que, tal como está planteada, las personas trabajarán más años por jubilaciones menores.
Sin embargo, el Frente Amplio estuvo a cargo del gobierno durante 15 años, tres períodos consecutivos, y evitó de todas las formas posibles afrontar este problema que iba creciendo año tras año. Todos los integrantes del sistema político saben desde hace mucho tiempo que el sistema previsional uruguayo es una bomba de tiempo pero igual muchos de ellos prefirieron o prefieren mirar para el costado en lugar de buscar una política de Estado al respecto. Es una lástima que así ocurra pero es la realidad.
Por eso la ley y su futuro serán un tema de debate político intenso en los próximos tiempos, sobre todo si triunfan las posturas más radicales que propugnan, no desde ahora, liquidar el pilar de AFAP, que se aproxima a cumplir tres décadas de vigencia y ha acumulado fondos por cerca de 30% del Producto Bruto Interno. En cualquier caso, más temprano que tarde es necesario encarar el asunto del desfinanciamiento estructural de la seguridad social, y pretender trasladar toda la carga a las empresas no parece una solución razonable dados los elevados costos productivos actuales.
Una innovación clave que pretende la reforma aprobada es equiparar los parámetros generales entre los distintos subsistemas jubilatorios o “cajas”. Aunque serán cambios graduales y en algún caso parciales, se trata de un avance en la dirección correcta; todavía queda atender, en su caso con urgencia, los problemas financieros de las cajas de bancarios y de profesionales universitarios.
Por otro lado, la ley de reforma contiene artículos que, entre otras cosas, dan al jubilado la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral sin dejar de percibir su prestación pasiva. Estos cambios están entre los que comenzaron a regir este mes y son, también, positivos. Hasta ahora solo los empleados públicos, los policías, los militares, los bancarios y los profesionales universitarios jubilados podían tener un trabajo y aportar por eso a la “caja” de industria y comercio del BPS. Es una situación injusta que empuja a aquellos pasivos que deben o quieren seguir trabajando a hacerlo en la informalidad, lo que parece un contrasentido para un país cuya trayectoria demográfica es tener cada vez menos mano de obra disponible. Así, con la reforma, los demás —cerca de la mitad de los trabajadores— también podrán combinar jubilación y una nueva actividad laboral formal.
Habrá que ir viendo cómo se implementan todas estas transformaciones y qué respuesta tienen entre la gente y los organismos involucrados. Un inicio con buen pie favorecería que las etapas posteriores, mucho más complejas, sensibles y polémicas, puedan ser mejor defendidas por sus impulsores.
Es hora de asumir la responsabilidad, que trasciende a los partidos políticos que estén en el gobierno. Si las cosas se hacen bien desde el arranque, los más beneficiados serán los que vengan después, incluidos los futuros gobernantes. Sería bueno que lo tengan en cuenta.
