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    El rescate de la Caja Bancaria

    Nº 2240 - 31 de Agosto al 6 de Setiembre de 2023

    El problema de la seguridad social en Uruguay ya estaba identificado hace años —una cada vez menor proporción de personas activas que cargan con el peso de las jubilaciones de un numero creciente de pasivos, entre otros problemas— pero recién en el actual período de gobierno se tomó la decisión de encararlo. Hace más de una década que todo el sistema político tiene claro que este día iba a llegar, que era inevitable y que no concretar los cambios era directamente un suicido. Igual, como siempre ocurre en estos casos, el proyecto de ley generó un duro debate y al final no fue votado por unanimidad. La oposición frenteamplista aprovechó la oportunidad para desmarcarse, algo similar a lo que hizo durante sus 15 años de gobierno.

    Más allá de eso, la nueva ley que creó el sistema jubilatorio común está empezando a andar, aunque quedaron por resolver situaciones particulares también complejas: las de las cajas paraestatales de bancarios y profesionales universitarios. Ambas entidades se están desfinanciando a ritmo acelerado. Dada la urgencia de reformarlas, se definió que tengan leyes especiales.

    Las negociaciones para tratar de rescatar la Caja Bancaria condujeron a un acuerdo que repartirá el peso de la salida entre las distintas partes involucradas —instituciones financieras, trabajadores y la propia caja— para cubrir un déficit que, en los próximos 10 años, se estima en el orden de los US$ 1.000 millones acumulados.

    La semana pasada, las medidas acordadas fueron convalidadas en una asamblea por la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), aceptando entre otras cosas postergar la jubilación (yendo, gradualmente, al mínimo de 65 años de edad del nuevo régimen general) y, en el caso de los pasivos bancarios, asumiendo que deberán realizar un aporte extra. Los bancos contribuirán con una mayor carga de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) y de un nuevo “paratributo” calculado en función de los depósitos que tenga cada institución.

    El Estado también asume compromisos, actuando como garante de un título de deuda que emitirá la Caja Bancaria. Según se ha informado, el comprador de ese papel —el prestamista— sería el Banco de Seguros del Estado.

    Dejar caer en la insolvencia a la institución previsional de los bancarios no era aceptable, en la medida que están por detrás los derechos de ese colectivo. Pero ¿qué asegura que el salvataje será exitoso? Si fracasa, será el Estado —todos los uruguayos— quien asumirá esa deuda. Es bueno que la ciudadanía lo tenga presente, porque eventualmente puede suponer resignar recursos para otros fines tan o más loables que asegurar las pasividades de los empleados bancarios. Además, otra vez somos todos nosotros a través del Estado los que debemos asumir el riesgo y, llegado el caso de un posible fracaso, pagar los platos rotos.

    Por otro lado, el aumento de 15% de la PCP seguramente terminará siendo un costo transferido a los tomadores de créditos, ya sean empresas o familias que pidan prestado a los bancos. ¿Es justo que ellos carguen con la crisis de esta caja vía un mayor costo de los préstamos? ¿No sería más lógico que los que se hagan cargo de alguna manera sean los responsables de dejar la Caja Bancaria en su estado actual?

    En la asamblea de AEBU, algunos dirigentes celebraron el acuerdo, que se votó por mayoría. “Les arrancamos a este gobierno y a la patronal una parte de la plusvalía. (…) Va a contribuir más el capital que el trabajo para salvar la Caja Bancaria”, dijo uno. A priori, parece ser una lectura bastante simplista y apresurada de la realidad. Esperemos que la reforma de esta caja resulte exitosa, porque lo contrario supondría la solicialización de un problema. Algunos ejecutivos bancarios son abiertamente pesimistas y creen que solo se trata de un parche. Ojalá se equivoquen.