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    El sindicato del INAU afirma que hay un “desgobierno” en centros de atención a adolescentes y presentó denuncia penal contra autoridades

    Desde que asumió como presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco fue enfrentada por el sindicado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), organismo del que depende la jerarca. Hubo fuertes cruces en los medios y duras negociaciones en el Ministerio de Trabajo.

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    Ahora el enfrentamiento sumó un nuevo capítulo: ayer miércoles los funcionarios presentaron una denuncia penal ante la Justicia contra las autoridades. La denuncia se presentó en el marco de la Ley 19.196 de responsabilidad penal empresarial. Esta polémica norma, aprobada en el último año del gobierno de José Mujica, establece que el empleador, o quien ejerza en su nombre el poder de dirección, que no adopte las medidas de resguardo y seguridad laboral “de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador” podrá ser castigado con una pena de prisión de entre tres a 24 meses.

    Es la segunda vez que un sindicato del Estado presenta una denuncia amparándose en esta ley. En 2014 la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) demandó a la Intendencia de Montevideo por la muerte de un trabajador en una de las plantas de procesamiento de basura, pero la causa fue archivada por falta de pruebas. Hasta el momento ningún empresario fue procesado en el marco de la ley, que entró en vigencia hace dos años.

    Ahora es el turno del sindicato del INAU. La denuncia contra las autoridades del Sirpa fue presentada por el presidente y el secretario general del sindicato, José Lorenzo López y Carlos Salaberry.

    López dijo a Búsqueda que el objetivo es que sea la Justicia la que “determine la responsabilidad” de las autoridades ante los problemas que tiene el organismo. El dirigente sindical afirmó que el “modelo” de gestión que impulsa Fulco ha “complicado” la relación con los trabajadores. Añadió que con la titular de la institución solo se tratan en reuniones del Ministerio de Trabajo y que las situaciones urgentes las analizan con el director Eduardo Katz.

    El Sirpa fue sustituido el año pasado por una nueva entidad, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), un organismo que será descentralizado del INAU. Sin embargo, la comisión delegada del Sirpa todavía no dejó de funcionar debido a que aún el Parlamento no aprobó las venias para los nuevos directores del Inisa. Las diferencias entre legisladores del oficialismo y de la oposición provocaron que las venias —entre ellas la del Inisa— no se puedan votar.

    En el escrito presentado ayer miércoles ante la Justicia el sindicato relató que el 31 de marzo de este año, en el Centro de Medidas de Contención (CMC) —que está en “pésimas condiciones sanitarias y edilicias”— cuatro funcionarios resultaron lesionados “como consecuencia de las agresiones directas de varios de los menores” de edad internados. “No puede soslayarse que las lesiones obedecen a graves accidentes laborales, que vienen repitiéndose sistemáticamente y que pueden implicar incumplimientos relativos a las medidas de seguridad básicas requeridas por nuestra legislación para el desarrollo de tareas de atención directa y contención de los menores recluidos en dependencias” de la institución.

    Los denunciantes afirmaron que lo que sucedió a fines de marzo es el resultado de “un grave contexto que se arrastra desde hace ya varios meses” y sostuvieron que “más de un centenar de funcionarios han resultado lesionados”.

    Uno de los funcionarios agredidos, aseguraron López y Salaberry, estuvo “por más de una hora sin poder salir de un módulo, bajo amenazas de jóvenes catalogados de gran peligrosidad”.

    “Sin embargo, las máximas autoridades de Sirpa/Inisa, lejos de ajustar las conductas de desacato de los adolescentes, les ofrecen beneficios de forma directa” —denunciaron los dirigentes—, “desconociendo y desautorizando a toda la cadena de mando que tiene el sistema, lo que complica aún más la situación de los trabajadores, que pierden autoridad frente a los jóvenes”. Además “genera la impresión” en ellos de que “la manera de conseguir beneficios por parte de las máximas autoridades es transgrediendo las normas”, afirmaron.

    López dijo a Búsqueda que en este caso uno de los adolescentes fue sancionado por lo que hizo. Sin embargo, luego habló con la “secretaria de la presidenta y le levantaron la sanción”, afirmó. La sanción consistía en quitarle la televisión y modificarle los días de visita.

    Los denunciantes sostuvieron que los “motines, intentos de fuga y recientes agresiones no se deben a otras causas que no sean las pésimas condiciones edilicias, la falta de recursos materiales y humanos y fundamentalmente el hacinamiento que sufren los menores, quienes no resisten las condiciones de encierro”.

    Agregaron que la situación que se denuncia está “precedida de acciones u omisiones que resultan conexas, determinantes o coadyuvantes del evento dañoso y que son responsabilidad directa de las autoridades del Sirpa”.

    López y Salaberry sostuvieron también que se dieron situaciones en las que se desautoriza a los funcionarios frente a los adolescentes, lo que genera “un desgobierno del centro comprometiendo la seguridad”. Añadieron que varias veces exigieron que se garantizara la seguridad de los trabajadores y que nunca recibieron una respuesta a ese planteo.

    Para los denunciantes, los hechos descritos se pueden encuadrar en lo previsto por el artículo primero de la ley 19.196. Según argumentaron en la denuncia, “es muy claro que la normativa regula un delito de peligro, lo que significa que la ley solo exige que el bien jurídico protegido haya sido puesto en peligro, sin efectiva vulneración”.