El sistema de declaraciones juradas de los políticos es “ineficiente” para “controlar la corrupción”, advierte la Junta de Transparencia

Eso ocurre porque la normativa no le permite a la denominada “Junta Anticorrupción” investigar las declaraciones juradas que recibe y, mucho menos, cruzar datos con otros organismo públicos para asegurar que la información incluida en el documento es correcta. Además, la cantidad de personal que dirige Yarzábal es insuficiente para seguir los casos de funcionarios que omitieron presentar su declaración jurada.

Inútil.

Entre ministros, legisladores, autoridades y gerentes de entes estatales y funcionarios, los sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas son 45.509, tienen que hacerlo a poco de asumir el cargo, reiterarla a los dos años y luego al abandonar ese puesto.

Salvo en el caso del presidente y vicepresidente, cuyas declaraciones son públicas, en el resto los documentos son almacenados en una bóveda de seguridad y solo pueden ser abiertos a pedido de la Justicia, por una solicitud del propio interesado, a partir de un planteo de una comisión investigadora parlamentaria o por decisión de la mayoría absoluta de la Junta.

En sus 15 años de funcionamiento la Jutep nunca analizó “de oficio” el contenido de una declaración jurada. Eso se debe, según su Memoria Anual, a “la falta de precisión legislativa respecto a las cuales el organismo está habilitado a actuar”.

“En general, la apertura de declaraciones juradas, si bien ha sido aportada como elemento probatorio en casos dirimidos ante la justicia penal, no ha tenido mayor repercusión en tanto no se realiza un cruzamiento de datos a su respecto”, afirma un estudio elaborado por Jimena Pinto Nerón, técnica de la División Jurídica del Tribunal de Cuentas, incluido en la Memoria Anual y discutido durante el taller organizado por la Jutep.

En la tarde del martes, cuando terminaba el panel que debatió a partir del documento de Pinto Nerón, Yarzábal tomó la palabra. “El Estado uruguayo en esta política pública se ha dado mecanismos eficaces y eficientes para recoger, almacenar y gestionar declaraciones juradas de patrimonio; parcialmente eficiente y eficaz para sancionar a funcionarios públicos que no la presentan; y totalmente ineficiente e ineficaz para controlar la corrupción”, dijo el presidente de la Jutep. “Es un sistema exigente, sumamente costoso, que lleva grandes recursos del Estado y que no conduce a nada”.

“Están ahí, esa información que hemos mencionado está almacenada, y no se puede abrir, y si se abre no se sabe qué hacer. Y no se dan pasos adelante en la normativa”, lamentó Yarzábal. Añadió que le “llama profundamente la atención” que la “sociedad civil” no reaccione a estos problemas.

En su informe, Pinto Nerón advierte que “la carencia de personal” en la Jutep hace que desde 2012 “no se esté cumpliendo con el análisis de omisos y la publicación correspondiente. Este es un control importante para la efectividad del sistema de declaraciones juradas, por lo cual la situación resulta preocupante”.

¿Imparcialidad?

Al problema de funcionamiento del sistema de declaraciones juradas se suma que, según la Memoria Anual de la Jutep, en los últimos años se ha dado un “decreciente interés de la Justicia Penal y del Ministerio Público por solicitar el asesoramiento del organismo en materia de delitos” de corrupción.

La Jutep fue consultada por la justicia en algunos casos polémicos, entre ellos el que terminó con el procesamiento del intendente de Colonia, Walter Zimmer, y las irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ver nota aparte).

En la discusión sobre este punto, la jueza penal de Maldonado Ivón Olivera dijo que a la Asociación de Magistrados le genera dudas el aporte que puede hacer la Junta. “¿Qué imparcialidad, entre comillas, le puedo dar a este informe cuando la Jutep está metida dentro del Poder Ejecutivo, cuando muchas de las veces a quien estoy juzgando forma parte del mismo poder?”, preguntó durante uno de los paneles del martes.

Yarzábal dijo al respecto que las autoridades de la Jutep están de acuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley que saca al organismo de la órbita del Ministerio de Educación y le da carácter de servicio descentralizado.

A diferencia de lo ocurrido con las solicitudes de informes del Poder Judicial, “las consultas de organismos y jerarcas de la administración respecto al comportamiento ético de los funcionarios en el ejercicio de la función pública, exhiben un incremento sostenido”, destaca la Memoria Anual.

El caso chileno.

Al cierre del taller, después de que se presentaron avances del estudio sobre la “Evolución de los indicadores de corrupción en Uruguay en el período 2003-2014”, el presidente de la Junta destacó que el país ocupa “un lugar privilegiado” en los ranking que miden la situación de la corrupción. “Pero nuestro organismo entiende que corresponde mantenerse alerta porque existen operando en el país factores de riesgo que deben ser considerados”, añadió.

Para fundamentar su opinión, recordó que Chile “ocupa el mismo lugar que Uruguay en lo que tiene que ver con los niveles percibidos de corrupción y, a pesar de ello, está viviendo una intensificación extraordinaria del fenómeno en el seno de su sociedad”.

Yarzábal dijo al concluir que la Jutep presentará un informe de las actividades desarrolladas en el taller a todos los poderes del Estado para “mostrar las cosas que deben ser corregidas” y mejorar el combate a la corrupción.