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    El valor de lo que es medible

    Columnista de Búsqueda

    Nº 2178 - 16 al 22 de Junio de 2022

    La idea de que las políticas públicas deben basarse en la evidencia y no exclusivamente en apriorismos ideológicos parece extenderse cada vez más en la charla pública. Y eso es bueno: es mejor poder contrastar lo que se propone con sus resultados medibles, para así saber qué conviene o no modificar de lo planteado, optimizando así los recursos públicos. Siempre es mejor corregir a tiempo que insistir eternamente en una política pública que no produce los efectos deseados por cuestiones puramente ideológicas. O de superioridad moral, que suele ser la variante más común de lo que llamamos ideología.

    El problema que suele encontrar esa idea de la “política basada en evidencia” es que a veces los anteojos ideológicos se usan incluso para leer esa evidencia. Es decir, los datos pueden ser descalificados por ser considerados en sí mismos una forma de ideología. Ocurre, por ejemplo, cuando se comentan los resultados en las pruebas PISA; ¿por qué deberíamos los uruguayos hacerles caso a unas pruebas de aires imperiales que responden a otras realidades con las que Uruguay no tiene nada que ver? Desde esa perspectiva, solo unas pruebas autóctonas tendrían sentido y no deberían contrastarse con ninguna otra realidad.

    Esto, obviamente, es una tontería ideológica más, una suerte de abrir el paraguas cuando los resultados de esas pruebas nos dan mal, una forma de desplazar la frontera entre lo político y lo empírico en nombre de una supuesta inconmensurabilidad que elimina el sentido de cualquier comparación. Y si bien es cierto que, siguiendo con el tema de las PISA, las políticas públicas se deciden a nivel nacional, no es sostenible decir que esas pruebas poco tienen para decir sobre nuestra realidad y que por tanto no tienen sentido como evidencia para corregir esas políticas públicas.

    Esto de las PISA pasa también con un buen número de comparaciones más o menos globales. Para evitar ese filo es que cuando se habla de evidencia en la charla pública, se suele recurrir a indicadores universalmente aceptados, aquellos que nadie duda de que son útiles. Por ejemplo, cuando queremos conocer el estado del bienestar social y económico de un país, usamos indicadores como el Índice de Gini, que sirve para medir la desigualdad de ingresos. O el Índice de Desarrollo Humano, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que clasifica a los países en tres niveles de desarrollo midiendo la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita. Cuanto más alta sea la esperanza de vida, cuanto más altos sean los niveles de educación e ingresos per cápita, mejor ubicado estará el país en el índice.

    Claro, para poder echar mano de estos indicadores y que sean aceptados en la charla, hace falta asumir su carácter relativamente neutro. Es decir, su capacidad de medir efectivamente aquello que dicen medir. Ocurre sin embargo que incluso esos indicadores consolidados son rechazados cuando no dicen lo que nuestra ideología dice que deberían decir. Cuando contradicen nuestra teoría o nuestro dogma, los descalificamos. Y entonces preferimos hablar de “sensación térmica” o de “sensación” a secas. Como si el impacto de las políticas públicas en la realidad resultara en una suerte de cuadro abstracto que no se puede cuantificar.

    Por eso conviene señalar que así como, al menos en el discurso, cada vez más agentes sociales postulan las bondades de la evidencia, al mismo tiempo en los hechos viene creciendo una idea mucho más “emocional” de la política. Una idea que en esencia lo que hace es atribuirle intenciones al rival, unas intenciones que son malas y que por lo tanto lo convierten en una suerte de inmoral. ¿Y para qué molestarse con la evidencia si los otros son malvados por definición? Al inmoral se lo niega, no se lo discute en igualdad de condiciones. Llegado cierto punto, lo que logra esa “política de las intenciones” es anular la política en sí, la posibilidad del intercambio político en sí. Porque para intercambiar es necesario reconocer nuestra misma moralidad al rival. No porque piense o sea como nosotros sino porque, como nosotros mismos, es un ciudadano apto para sentarse y discutir. Para que entonces, ahí sí, la evidencia pueda entrar en la conversa y hacer su parte.

    Por supuesto, tomar en cuenta la evidencia no implica eliminar la política. Algo de esto se pudo ver en la pandemia, cuando distintos actores políticos le reclamaban al gobierno que se plegara 100% a lo que decía el GACH, como si un grupo científico asesor tuviera mayor legitimidad democrática que el gobierno resultante de las urnas para tomar esa clase de decisiones. De hecho, a lo que se reclamaba allí se lo conoce como tecnocracia y no suele salir bien cuando se lo usa como recurso. La política es, precisamente, el espacio en donde se intentan conciliar esas decisiones para las que no existe una respuesta técnica clara. Es verdad también que no es usual ver a un político reconocer que para algunos temas no existe una respuesta clara y directa. Pero así es la política de mercado en la que vivimos: dudar es visto como una debilidad y nadie vota a los débiles o tibios.

    El problema de que la charla pública se entienda como un combate agonístico entre dos morales distintas, una buena y otra mala, implica poner una traba enorme a la posibilidad de acuerdos. Por un lado, porque cambia lo que es contante y sonante por una retórica de superioridad moral (“ustedes nos quieren joder porque representan lo peor que tiene este país”). Por otro, porque ese intercambio vuelve inútil la evidencia. Es justo esa visión de la política la que rechaza la evidencia cuando esta contradice su postura. Los datos no importan si no me dan la razón.

    Finalmente, cuando se desecha la evidencia, cuando se descalifica al adversario como inmoral, se empieza a perder de vista la política real, que es la búsqueda de zonas comunes, de espacios de acuerdo, que permitan desarrollar políticas públicas en el mediano y largo plazo. Es verdad, conozco algunas ideologías que existen en Uruguay que consideran esta visión, la de la política como búsqueda de acuerdos, como una inmoralidad en sí. Una tibieza y una blandura inconcebibles en tiempos en donde, dicen, se necesita toda la rudeza disponible.

    La noticia que habría que comunicar a quienes sostienen esa idea es que no existe un medio democrático y pacífico para que las miradas opuestas a la nuestra dejen de existir. Por eso, quizá el paso uno de la política hoy sea preguntarnos seriamente si creemos en las formas democráticas de gestionar el conflicto o no. De esa respuesta dependerá el valor que le demos a la evidencia. Y ese será, exactamente, el valor que tendrá lo que es medible.

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