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    Elecciones primarias

    Nº 2226 - 25 al 31 de Mayo de 2023

    El sistema electoral uruguayo vigente, instaurado por una reforma constitucional en 1996, tiene muchas ventajas con respecto al anterior. A más de dos décadas de su aplicación por primera vez, ha dado sobradas muestras de que favoreció la fortaleza de los distintos gobiernos electos a partir de 1999. Desde esa fecha administraron Uruguay los tres principales partidos políticos: primero, el Colorado, luego, el Frente Amplio en tres oportunidades consecutivas y, por último, el Nacional, y todos lo hicieron con una mayoría que les facilitó la tarea.

    Es cierto lo que sostienen algunos finos analistas políticos, como el filósofo Carlos Pareja, en referencia a que el hecho de que las elecciones nacionales se definan casi siempre en una segunda vuelta y al final todo se resuma a dos bloques favorece la polarización. Sin duda ese es uno de los puntos débiles de la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular en 1996.

    Pero no deja de ser un daño colateral tolerable para cambios que implicaron otorgar un mayor blindaje a los distintos gobiernos, en especial en momentos de tormenta. ¿Qué hubiera ocurrido si el expresidente Jorge Batlle en plena crisis de 2002 no contara con el apoyo electoral de más de la mitad de los uruguayos? ¿Y si el Frente Amplio en lugar de llegar por primera vez al gobierno con más del 50% y mayoría parlamentaria lo hubiera hecho con menos del 40%? Seguramente los resultados hubieran sido muy distintos y los hubieran sufrido la mayoría de los uruguayos. Y eso para poner solo dos ejemplos.

    Sin embargo, en un aspecto aquella reforma constitucional falló. Fue en un punto que al principio no parecía ser uno de los más trascendentes y que no provocó controversia. Recordemos que las nuevas reglas electorales incluidas en la Constitución de 1996 fueron aprobadas por muy pocos votos, luego de una virulenta oposición de una parte del Frente Amplio entonces encabezado por Tabaré Vázquez, por más que Liber Seregni y Danilo Astori se habían manifestado a favor de los cambios. En ese momento, todos los partidos políticos estaban de acuerdo con que hubiera elecciones internas para elegir a candidatos presidenciales únicos. Eso nadie lo discutió. Tampoco que se estableciera que esos comicios no fueran obligatorios.

    Con el diario del lunes, fue un error. No por las elecciones internas en los partidos para elegir un candidato único. Eso está muy bien. Antes, ley de lemas mediante, los partidos presentaban a varios postulantes muy diferentes en las elecciones nacionales y todos terminaban sumando para un único ganador, que muchas veces estaba en las antípodas de los correligionarios que le habían dado los votos para llegar a la presidencia. Ahora hay solo una fórmula presidencial por partido y eso hace mucho más justas las reglas de juego.

    El problema es otro. Lo preocupante es que la instancia para elegir los candidatos presidenciales no es obligatoria, mientras que las elecciones nacionales y la eventual segunda vuelta sí lo son. Entonces, ocurre que la mitad o menos de los electores eligen a los postulantes y después son todos los que obligatoriamente tienen que optar por alguno de ellos.

    Como muy bien sostuvo en una entrevista con Búsqueda hace unos meses el director de la empresa de opinión pública Equipos, Ignacio Zuasnabar, las elecciones internas de junio del año que viene deberían ser obligatorias. Sería de sentido común que así fuera. O bien ninguna de las instancias electorales son obligatorias, como ocurre en gran parte del mundo y parece muy sensato, o todas lo son. Que haya diferencias entre unas y otras instancias causa problemas importantes.

    Porque, en definitiva, es a partir de las elecciones internas de mediados del próximo año que se empieza a elegir al futuro presidente. Si todos los ciudadanos estarán obligados a votar por uno u otro o en blanco o anulado en octubre y noviembre, parece lógico que también estén obligados a hacerlo en junio. Esa incongruencia entre una y otra elección lo único que genera es que los discursos se radicalicen o moderen según la instancia y que sea el núcleo más militante el que termine eligiendo a los competidores. Con el agregado de que para las elecciones internas los distintos postulantes ni siquiera tienen la obligación de rendir cuentas sobre su financiamiento porque hasta en eso las reglas de juego son distintas. No parece ser el camino más transparente ni el más sensato.