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Argentina casi siempre está un paso adelante que Uruguay, tanto en lo bueno como en lo malo. En estos días estamos viendo cómo varios políticos y empresarios poderosos están presos por haber traficado coimas y favores durante el gobierno kirchnerista. Y la gran pregunta es: ¿quién es el corrupto, el empresario, el gobernante o ambos?
La Real Academia define al acto de corromper como: “1. Alterar y trastrocar la forma de algo. 2. Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. 3. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. 4. Pervertir a alguien”.
Los empresarios, entre sí, no hacen negocios a partir de coimas. Los empresarios, con sus clientes, tampoco. Se basan en acuerdos libres y voluntarios donde ambas partes se sienten satisfechas con la transacción. Es una relación ganar-ganar, si no, no hay acuerdo. Y cuando se dan casos de corrupción, generalmente se detectan rápido, se toman medidas y se establecen nuevos controles.
En cambio, en las transacciones entre empresarios y gobernantes es mucho más común que se den acuerdos “bajo la mesa”, donde corre el dinero o los favores. Entonces, ¿quién generalmente da el primer paso en coimear? La respuesta es clara: son los gobernantes, funcionarios o la corporación política.
En el caso de la obra pública argentina, era un secreto a voces que los políticos les pedían a los empresarios dinero a cambio de adjudicarles obras millonarias. Los empresarios no renunciaban a sus ganancias, sino que ponían un sobreprecio que terminan pagando los contribuyentes y los sindicatos hacían la vista gorda, mientras engordaban a sus “gordos” dirigentes. La tríada que hunde a la Argentina (Estado-empresarios prebendarios-sindicatos) estaba nuevamente en acción.
Estas bombas que están cayendo en nuestros vecinos sin dudas salpican nuestras costas. La lectura superficial que hacen los progresistas del mundo, es decir que los empresarios son ambiciosos y que los funcionarios, en el peor de los casos, recaudaban “para la causa”. Pero la realidad es muy otra.
La evidencia muestra que los regímenes socialistas o estatistas generan muchísima más corrupción que los sistemas liberales. Basta ver el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional para constatarlo: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza encabezan la lista y Yemen, Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia la cierran.
La “corporación política” suele tener las manos “porosas”, por eso les encanta que todo pase por el Estado: empresas, servicios, controles, licencias, obras, empleos, permisos… Cada uno de estos ítems son un potencial peaje para recaudar para las arcas del funcionario de turno. Por eso hay que achicar el Estado al mínimo, por aquello de “muerto el perro, muerta la rabia”.
Recordemos una vez más estas palabras de Ayn Rand en su libro La rebelión de Atlas y evitemos este despojo: “Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar —sin temor a equivocarse— que su sociedad está condenada”.
