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Es paradójico, pero los “dueños” de las empresas públicas (los ciudadanos) tenemos mucho menos información sobre su marcha que la que poseen los accionistas de cualquier empresa privada. ¿Por qué es así?
Para empezar, las llamadas empresas públicas son más bien “entes”, “organismos” o “administraciones” que —salvo honrosas excepciones— no se mueven con la lógica empresarial.
A quienes contratan o utilizan sus servicios, les suelen llamar “usuarios”, “afiliados” o “contribuyentes”. Pocas veces son tratados de “clientes”; y muchas otras, lo hacen como “esclavos”.
Su fin último no es servir al cliente, sino al Estado. Y en ese camino, sirven a políticos y entenados.
Quienes las gestionan, disfrutan de sueldos, poder y fama, pero jamás cargan con las consecuencias de sus errores.
Como se mueven entre la luz, la tiniebla y la oscuridad, no es fácil acceder a la información sustancial, esa que se gesta en sus íntimas entrañas y encierra las verdaderas motivaciones de su accionar.
Por ejemplo, desde su creación, a la fecha, no ha habido consenso para definir la famosa paramétrica que determina el precio de los combustibles. Durante décadas ha sido un jeroglífico indescifrable. El nuevo placebo (que nos mantendrá entretenidos por los próximos años) será el “precio paridad de importación” (PPI), otro algoritmo rebuscado para determinar cuánto costaría el litro de combustible si no fuéramos rehenes del monopolio de Ancap. ¿Acaso no es más fácil liberar el mercado y resolver de una buena vez este nudo gordiano?
La cantidad de contratos, negocios, acuerdos y proyectos que se ejecutan bajo el velo de la “confidencialidad”, de la “reserva comercial” o lisa y llanamente quedan enterrados por años bajo el rótulo de “documentos clasificados”, hacen muy difícil (cuando no imposible), poder evaluar su efectivo desempeño.
Las empresas públicas tal vez no sean tan “empresas”, pero sí son “públicas” y esto significa: “conocido o sabido por todos”, “que se hace a la vista de todos”, “accesible a todos”1. Es evidente que ni el contrato con UPM 2, ni la construcción del Antel Arena o las sociedades satélite que se han creado, cumplen con esta definición.
La propia existencia de las llamadas empresas públicas está cuestionada. ¿Para qué realmente existen? Pero mientras existan y actúen, que lo hagan a la luz del Sol. De ese mismo Sol que alumbra nuestra bandera. Pero que nunca más lo hagan bajo su sombra.
