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    En 2019 se pondrá en marcha un sistema de control del transporte de carga que permitirá regularizar y reducir evasiones millonarias

    La idea original está recogida en el artículo 271 de una ley aprobada casi 18 años atrás: “Todo transporte de carga terrestre que se realice en el país deberá contar con una guía que contenga la información que se dispondrá en la reglamentación de la presente ley. La guía formaliza el contrato de transporte y corresponsabiliza a las partes”.

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    En la recta final del cuarto período de gobierno que pasó desde entonces, el Poder Ejecutivo confía en que ahora sí logrará encaminar un sistema que permita centralizar información clave para la fiscalización de un sector que desde hace años funciona con niveles de evasión de cientos de millones de dólares.

    “Creemos que el 2019 será el año en el que se logrará imponer este instrumento”, anunció el ministro Víctor Rossi el pasado lunes 17 durante una sesión de la Comisión de Transporte del Senado.

    Tras numerosas marchas y contramarchas, lo que en un inicio se llamó “guía de cargas” y se pensó en formato papel, se desarrolla ahora como el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga y en versión electrónica. Rossi contó que ya está en marcha una “experiencia piloto” con 100 sistemas instalados.

    El Poder Ejecutivo confía en que ahora sí logrará encaminar un sistema que permita centralizar información clave para la fiscalización del transporte de carga que desde hace años funciona con niveles de evasión de cientos de millones de dólares.

    La nueva guía se servirá de la información que le brindará “una especie de GPS” que se colocará en los camiones de las empresas que se dedican al transporte profesional de cargas. De esa manera podrán saber —entre otros múltiples datos— por dónde circulan los vehículos, quiénes los conducen, el horario que cumplen esos trabajadores, qué tipo de carga llevan y qué volumen, dónde la levantaron, y hacia dónde la llevan. 

    En el correr de 2019 la incorporación al sistema pasará a ser obligatoria y “nadie podrá circular con carga por las rutas sin estar debidamente registrado”, dijo el ministro. La fecha en que comenzará a regir la exigencia aún está por determinarse. Mientras tanto, el gobierno sigue avanzando en otros aspectos necesarios para la puesta en marcha. Por ejemplo, está en curso la importación en tandas de los 12.000 equipos electrónicos que deberán instalarse en los camiones.

    La información que recaba la guía de carga permitirá, en primer lugar, combatir los graves problemas de informalidad que afectan al sector. Por otro lado, los datos son valiosos para tomar decisiones de gestión sobre la infraestructura vial.

    “Es información muy valiosa para todos, tanto para el ministerio como para los particulares, sin perjuicio de que hubo tensiones, tironeos y competencia”, valoró Rossi sobre el proceso.

    Irregularidades por millones

    Por intereses distintos, tanto los trabajadores del transporte de cargas por vía terrestre como buena parte de sus empleadores están preocupados por los niveles de informalidad del sector y le reclaman desde hace años al Estado medidas de control. Los trabajadores tienen en general jornadas laborales de entre 12 y 18 horas y cobran buena parte de su trabajo en negro. Regularizar ese tipo de situaciones es su prioridad.

    La preocupación principal de los empresarios, en tanto, es que con los altos niveles de evasión e informalidad se vuelve imposible la competencia para quienes cumplen las reglas.

    En diciembre de 2017 una de las gremiales de transportistas visitó el Parlamento para plantear el problema. La Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga estimó la defraudación del sector al Estado en US$ 350 millones anuales y cuestionó a los organismos competentes por no imponer sanciones, siendo que, pese a no estar en marcha la guía de carga, cuentan con información suficiente para probar muchas de las maniobras (Búsqueda Nº 1.947).

    Una de las expresiones más comunes de la informalidad es el incumplimiento de los laudos salariales: en vez de pagar al trabajador por jornal, como deberían, varios empresarios le pagan un porcentaje del flete. A eso se suma la subdeclaración en el Banco de Previsión Social (BPS), la evasión del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas e irregularidades en el descuento del IVA del gasoil.

    Por intereses distintos, tanto los trabajadores del transporte de cargas por vía terrestre como buena parte de sus empleadores están preocupados por los niveles de informalidad del sector y le reclaman desde hace años al Estado medidas de control.

    Otra práctica frecuente es la de los “clones”, trabajadores que supuestamente están en seguro de paro o seguro por enfermedad, pero en realidad siguen trabajando y reparten ese dinero con el empleador.

    El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT también analizó la informalidad en el sector para colaborar con los reclamos del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines. Detectó un 40% de subaportación patronal al BPS y a la Dirección General Impositiva al comparar los pagos de los empresarios con la cantidad de trabajadores del sector y su salario. Grosso modo, los aportes realizados correspondían a salarios de $ 16.000, cuando el salario promedio de los trabajadores rondaba los $ 30.000 (Búsqueda Nº 1.928).

    Según los datos del Cuesta Duarte, el transporte de cargas por vía terrestre está compuesto por unas 5.000 empresas, de las cuales 3.000 tienen cinco vehículos o menos. De los 24.200 trabajadores, unos 15.700 eran asalariados y, entre ellos, 10.500 eran choferes. El informe concluyó que la legislación del sector era “reguladora”, pero que no existían los controles necesarios para que fuera efectiva.

    “No me sorprende”

    En la sesión de la Comisión de Transporte del Senado, Rossi recordó que “cuando se daban los primeros pasos” para la organización de la guía de carga, la gremial empresarial (Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay) era una de las principales impulsoras. Con tono algo crítico, contó que ahora observaba “dudas” entre los integrantes de esa organización y ratificó la convicción del ministerio de implementar el sistema.

    “No me sorprende que, a pesar del empuje inicial —con el que todos nos llenamos la boca en el sentido de que queremos armar y poner en funcionamiento un sistema profesional de carga—, al momento de aplicarlo haya algunas dudas y especulaciones. Porque la verdad es que todavía hay un amplio sector del transporte de carga del país que no cumple absolutamente con todas las normas y las obligaciones. Ese margen se reducirá sustancialmente si logramos éxito en este sistema”, concluyó Rossi.

    El ministro contó que organismos internacionales con los que tuvieron intercambios les hicieron ver que el sistema que aplicará Uruguay será de avanzada en América y que podría servir para aportar incluso a la “regulación regional”.

    “En definitiva, nosotros estamos empujando con una meta más modesta, que es procurar ordenar y regularizar las relaciones entre los distintos actores del sistema profesional de carga en el país”, matizó.