Nº 2129 - 1 al 7 de Julio de 2021
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáNos dicen que nuestra educación está “en jaque” y las alarmas no suenan por ningún lado. Parecería ser que la impotencia con la que enfrentamos este hecho —especialmente los responsables políticos y sociales— nos está derrotando, y con ello dejamos caer la esperanza de un mejor futuro para nuestro país. Ya lo dijo hace más de 11 años en su primer discurso como presidente José Mujica: el camino principal que necesitamos recorrer es el de “Educación, educación, educación. Y otra vez educación”. Más adelante tuvo que reconocer que no logró absolutamente nada.
No fue el único que usó el tema desde un punto de vista retórico en la campaña política. En el siguiente gobierno del Frente Amplio sucedió otro tanto cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció un “cambio en el ADN de la educación en Uruguay”, confiando su apuesta en un grupo de personas que después debió despedir por presiones sindicales. Como en el anterior gobierno, nada ocurrió. Recordemos también el circo que armó su gobierno con el porcentaje de aumento presupuestal para la educación.
Por su parte, el gobierno de Luis Lacalle Pou prometió en su campaña electoral un cambio clave para cualquier intento de dar un golpe de timón: una modificación en la gobernanza que apunte a una disminución de la influencia de los gremios. Un replanteo de la famosa autonomía de los entes de la enseñanza, intentando dar a los gobiernos electos la posibilidad de gobernar —valga la redundancia— también en la educación. La pandemia y las negociaciones con su coalición multicolor parecen haber adormecido las buenas intenciones. En los hechos, una postergación similar a la de gobiernos anteriores.
La herencia maldita que los gobiernos deben enfrentar en nuestro país y la causa de una impotencia generalizada reside en una autonomía preservada por la Constitución en forma excesiva, sin dudas. Tanto que la incidencia del ministro de Educación y Cultura es mínima. Teóricamente, los gobiernos pueden orientar el sistema educativo a través de los directores que designan en los organismos de la enseñanza, pero sabemos que no es así debido a la regla de nombrar a docentes que tienden a actuar más en defensa de los intereses de su gremio que de cualquier otra cosa.
Sea como sea, no importa quién tenga la culpa hoy. El informe sobre Educación Secundaria preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), del que informó Búsqueda la semana pasada, nos dice que no podríamos estar peor, más allá de que la pandemia lo agrava todo. Los problemas comienzan con los “altos niveles” de desmotivación estudiantil respecto a un sistema educativo “en jaque” que continua lejos de alcanzar los objetivos de finalización de los 12 años de enseñanza obligatoria.
El estudio también habla de las “enormes desigualdades” que hay entre los sectores más y menos fortalecidos, que tendrá “consecuencias insoslayables” en el plano educativo y todo lo que ello podría generar. “La pandemia ha dejado en evidencia que es imperiosa y necesaria una reforma en la educación media que promueva una sociedad más cohesionada, garantizando la equidad en el acceso y el recorrido de las trayectorias educativas”, se advierte.
Y hay más: “La existencia de un sistema que no los convoca desde un lugar más conectado a los deseos, intereses, motivaciones y aspiraciones de los adolescentes tiene altas chances de seguir fracasando en sus intentos de retenerlos y conseguir la culminación del ciclo”. Una vez más se perjudicarán los sectores menos fortalecidos de la sociedad, en especial aquellos que carecen de apoyos e incentivos familiares fuertes, concluyeron las autoras de la investigación, Laura Rivero y Daiana Viera, ambas coordinadoras de Nómade Comunidad Consultora. En términos de logros educativos, Uruguay perdió posiciones con respecto a la región y al mundo en las últimas décadas. Mientras que el 84% de los jóvenes y adolescentes europeos completó al menos la secundaria superior, en América Latina el promedio es de 49%, en tanto en Uruguay desciende a 39% y, aunque con fluctuaciones, ese número se ha mantenido constante por un período extenso.
Nada nuevo para nadie, pero asusta la poca reacción de nuestros gobernantes y el sabotaje de los empoderados por el terreno fértil que dejan la autonomía, los gremios docentes y otros practicantes del músculo sindicalista. El presidente actual da muestras de tener claro el cambio que se necesita, pero en los últimos tiempos parece que es un tema negociable para lograr acuerdos con sus socios. ¡No lo es!