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Con la pandemia “ha cambiado mucho la noción sobre los bienes públicos” y la “necesidad de la intervención” estatal, reflexionó el economista Fernando Lorenzo, entrevistado por Javier de Haedo en el último podcast de la Universidad Católica, Nominal. “¿Alguien se imagina haber enfrentado esto sin intervención pública? ¿Alguien en su sano juicio es capaz de imaginarse la evolución espontánea de algo tan distinto a todo lo que conocíamos, con repercusiones económicas y sociales tan importantes, sin intervención pública? Esto amplió la base de los bienes públicos a preservar”, enfatizó el entrevistado, exministro de Economía y Finanzas entre 2010 y 2013, durante el gobierno de José Mujica.
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Frente a esta crisis por el Covid-19 los gobiernos de todo el mundo gastaron y se endeudaron para atender la salud de la población y dar apoyo ante los impactos económicos. “Siempre digo: la política fiscal está sola. Es muy valiosa, es el único instrumento que nos queda”, y “es un instrumento que lo estamos estresando. Ya lo estresamos” en la crisis financiera global del 2008-2009, añadió. “El problema —según el economista del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve)— es que ahora estamos sobre una política fiscal estresada, agregando estrés” y con bienes públicos que seguirán siendo “caros de preservar” en el futuro.
Lorenzo, junto a otros tres investigadores —Juan Pablo Jiménez, James Mahon y Gustavo Viñales— se explaya en estas cuestiones, con enfoque propositivo, en un reciente análisis titulado Hacia el fortalecimiento integral de la imposición sobre la riqueza y la propiedad en América Latina: nuevas oportunidades y viejos desafíos. Se trata de un trabajo hecho para el Laboratorio Fiscal y Tributario del Cinve que tiene entre otros coordinadores al exministro y a Viñales. “El esfuerzo fiscal sin precedentes implementado para hacer frente a la emergencia sanitaria ha conectado el debate académico y conceptual con las urgencias por generar recursos genuinos para financiar los crecientes déficits públicos. Las voces de numerosos expertos tributarios en favor de la imposición sobre la propiedad se sumaron a las propuestas provenientes de algunos organismos internacionales, lo que coadyuvó a un rápido cambio en el estado de opinión y abrió espacio para avanzar en la cooperación internacional en esta materia”, sostienen los autores. En ese marco, agregan, tanto la imposición al capital, como a la riqueza acumulada y a la riqueza heredada “han vuelto a formar parte de la caja de herramientas de la moderna teoría de la tributación óptima (…). La antigua sabiduría convencional, de que un sistema tributario ideal no debiera incluir este tipo de impuestos, hoy aparece severamente cuestionada”, afirman.
La impopularidad de estos tributos era señalada de manera reiterada en encuestas de opinión pública y eso pesaba sobre el comportamiento de los gobiernos. Sin embargo, según una encuesta que abarcó a 35 economías de diferentes regiones geográficas publicada este año por el Fondo Monetario Internacional, la mayoría cree que la carga fiscal sobre los ingresos bajos y medios es demasiado elevada, y cree que los impuestos a los ricos son muy bajos, lo que, “claramente, puede interpretarse como una preferencia por una tributación más progresiva”, apuntan Lorenzo, Jiménez, Mahon y Viñales.
Una “oportunidad”
En América Latina, donde el 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre, la pandemia causó un “incremento de la desigualdad” y exacerbó la “ya elevada concentración del ingreso y de la riqueza”, indica el análisis. Plantea que el escenario pospandemia “podrá ser una oportunidad propicia, por tanto, para revisar bases imponibles que, históricamente, han sido subutilizadas y que se han expandido de forma considerable durante la emergencia sanitaria”. Para los autores, tal adecuación tributaria debería considerar los impuestos sobre la propiedad y la riqueza y los tributos que gravan las transferencias patrimoniales.
Cuando se revisa el potencial recaudatorio de los impuestos patrimoniales, la imposición sobre la posesión de predios ofrece mayores oportunidades que aquellos que gravan la herencia y patrimonios netos, sostienen los autores. Un cambio de ese tipo, afirman, no debería evaluarse sin tener en cuenta el “sesgo eminentemente progresivo de este tipo de tributación. Esto supone una ruptura respecto a los criterios fiscalistas que, tradicionalmente, han predominado a la hora de justificar la oposición a fortalecer la imposición sobre la riqueza y el patrimonio. La historia reciente de los impuestos sobre el patrimonio neto en América Latina ha seguido este patrón, casi de manera sistemática”, opinan. Mencionan el caso más reciente, el de Argentina: aunque la tasa extraordinaria del impuesto patrimonial aprobada a fin del año pasado fue promovida desde un gobierno de “centro izquierda, esta iniciativa fue justificada por la existencia de un alto déficit fiscal y por las limitaciones de acceso al financiamiento”. Pero apuntan como una curiosidad que, en la región, históricamente la creación de este tipo de tributos fue “tradicionalmente impulsada por gobiernos conservadores”, como en Uruguay y el tributo a la riqueza neta surgido en 1964 bajo el primer gobierno del Partido Nacional.
Según datos de 2019 informados por la Dirección General Impositiva, el Impuesto al Patrimonio a las personas físicas recaudó $ 706.537 millones, equivalentes a 0,17% de los ingresos totales de ese año y 0,04% del Producto Bruto Interno.
Lorenzo, Jiménez, Mahon y Viñales plantean que aunque el “fortalecimiento de la imposición patrimonial aparece como una condición necesaria”, los desequilibrios fiscales actuales en América Latina “son de tal dimensión” que eso sería insuficiente.
En lo que refiere a las herencias, será “imprescindible” —sostienen— una revisión integral del diseño del gravamen, en tanto que la cooperación internacional sería el “camino más adecuado para asegurar que las transferencias patrimoniales entre generaciones no sigan perpetuando situaciones de extrema desigualdad de oportunidades”.
Los autores entienden que un fortalecimiento de la imposición sobre los patrimonios no solo sería una contribución desde el punto de vista recaudatorio. También le “daría legitimidad y aceptación social y respaldo político para otros ajustes de los sistemas tributarios que serían necesarios para cubrir la gran brecha fiscal existente, atendiendo a los nuevos desafíos que plantea el tradicional equilibrio entre los principios de equidad, eficiencia y suficiencia, que hoy se encuentra amenazado”.
