En una América Latina sin bonanza, millones pueden caer en la pobreza

En Venezuela puede faltar hasta papel higiénico, pero sus autoridades rechazan que la escasez se deba a sus políticas. 

La advertencia más reciente sobre un riesgo de retroceso en los avances sociales latinoamericanos surgió en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señaló que en la región hay cerca de 200 millones de personas en riesgo de deslizarse hacia la pobreza. Son gente en la cuerda floja, que sin haber conseguido aún entrar a la clase media vive en mejores condiciones que las que definen a un pobre. En total suman más de un tercio (38%) de quienes viven en el subcontinente.

“Tenemos una buena franja de población que es vulnerable, aunque está mejor que antes”, explicó Alfredo González, experto en pobreza y desarrollo humano del PNUD, en diálogo con Búsqueda. “Es vulnerable porque tiene chances de caer en pobreza”.

El estudio divulgado la semana pasada analizó datos de 2000 a 2012 (hasta antes de la actual desaceleración económica) y mostró que entre los 10 países donde más aumentó esa población vulnerable hay varios sudamericanos: Bolivia (16,9%), Venezuela (10,7%), Ecuador (9,9%), Perú (6,2%), Brasil (5%) y Colombia (3,5%). Todos ellos se ubicaron sobre el promedio latinoamericano de 3,4%. En el caso de Uruguay, que figura como el país de la región con mayor proporción de clase media, la población vulnerable cayó 0,4%. 

Los ingresos de estas personas oscilan entre cuatro y diez dólares diarios, es decir, justo por encima de lo que perciben quienes viven en pobreza y por debajo de lo que gana alguien de clase media. Los factores que podrían hacerlos retroceder un escalafón social son diversos, desde crisis económicas o sanitarias hasta fuertes gastos imprevistos causados, por ejemplo, por la enfermedad grave de un familiar. Pero el estudio indicó que la falta de protección social es un elemento clave de su vulnerabilidad: de los 98,5 millones que están ocupados, más de la mitad (54%) son trabajadores informales y casi otro tanto carece de acceso a servicios médicos o a derecho a pensión para el retiro. 

¿Plan agotado?

Estos datos pueden ayudar a comprender mejor el descontento ciudadano que existe en países del Mercosur con gobiernos que suelen destacar como un gran logro reciente la reducción de la pobreza mediante programas sociales. 

Un ejemplo claro es Brasil, que en una década incorporó cerca de 40 millones de personas a la clase media, pero el año pasado vivió una sorpresiva ola de manifestaciones por mejores servicios públicos y otras demandas. El motor de esas protestas fueron jóvenes de clase media-baja, que notan que sus avances personales y familiares son precarios y están lejos de gozar de mejoras en la educación o atención sanitaria que reciben.

La única política brasileña cuya popularidad creció durante esas manifestaciones fue Marina Silva, una exministra de Medio Ambiente del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoy esa ambientalista evangélica de 56 años es candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) en lugar de su compañero de fórmula Eduardo Campos, muerto el mes pasado en un accidente aéreo, y aparece como favorita para las elecciones de octubre: las encuestas le dan hasta 10 puntos de ventaja en una posible segunda vuelta frente a la presidenta Dilma Rousseff. 

En los dos debates que hubo hasta ahora entre candidatos brasileños, Rousseff ha destacado los programas sociales de su gobierno y el de Lula, mientras Silva la acusa de ignorar los problemas cotidianos de buena parte de los brasileños. El anuncio de que Brasil cayó en recesión técnica en la primera mitad del año (0,6% de contracción en el segundo trimestre y 0,2% de retroceso en el primero) complicó aún más las cosas para la presidenta, que en los últimos días subió el tono de las críticas a su rival.

En Venezuela se desplomó la popularidad del presidente Nicolás Maduro, que en medio de una grave crisis económica anunció esta semana cambios de gabinete, pero no de políticas. En Argentina las encuestas han sugerido que la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pudo hasta mejorar en medio de su disputa con los fondos de inversión por la deuda impaga, pero la gente está comprando cada vez más dólares (un récord mensual de U$S 260 millones en agosto) para cubrirse de la inflación y pérdida de valor del peso. 

La coyuntura regional ha abierto nuevos cuestionamientos a la vigencia de los programas de transferencias condicionadas de dinero, en los que la ayuda gubernamental está supeditada, por ejemplo, a que los hijos de los beneficiarios vayan a la escuela o tengan atención de salud. Estos planes los han aplicado gobiernos de diferentes signos ideológicos, pero sus limitaciones aparecen reflejadas en estudios como el del PNUD.

“Prácticamente no hay un gobierno latinoamericano que no esté hablando de manera muy proactiva sobre cómo ir más allá de programas de transferencias condicionadas de efectivo, precisamente porque las circunstancias les han mostrado que no pueden seguir confiando en ellos como el pilar de las políticas sociales de la región”, dijo González. Destacó el ejemplo de México, que en los últimos días anunció cambios a un emblemático plan de ayuda para introducir familias en esquemas productivos y extender el apoyo para el acceso a educación técnica y terciaria.

Pero otros analistas son escépticos y se preguntan hasta qué punto gobiernos como los de Argentina, Brasil y Venezuela están dispuestos a modificar una estrategia que —además de mejoras sociales— solía darles buenos réditos electorales.