Entre el voluntarismo y el laissez faire

En definitiva, dos buenas noticias, de diferente proyección, que parecen ir en la dirección correcta en lo que se refiere a la protección de obras clave para el patrimonio arquitectónico del país. Y sin embargo… siempre hay un sin embargo. Veamos. En el primer caso, el de la iglesia creada por Dieste, la declaración aporta visibilidad, proyecta la obra internacionalmente y, más importante, le da acceso a fondos de restauración y preservación. En el caso del garaje de Vilamajó las cosas son distintas, ya que, como bien recuerda el artista y agitador cultural Alfredo Ghierra, responsable del proyecto Ghierra Intendente, “la distancia entre las intenciones de la legislación sobre protección patrimonial y la realidad es enorme”. En ese sentido, en su más reciente edición el proyecto encabezado por Ghierra propuso una revisión y actualización completa de ese edificio de Vilamajó.

Obviamente, no se trata de que las autoridades deban hacer lo que proponen estos arquitectos (el proyecto se puede ver en ghierraintendente.com.uy). Pero sí debería ser claro que declarando patrimonio a esta obra de Vilamajó, no existe la menor garantía de que mejore la situación actual del edificio. Sin una idea que vaya más allá de la declaración formal, que está bien y es un primer paso, es poco probable que algo ocurra. Y eso es más o menos lo mismo que pasa con buena parte de las normas, declaraciones y demás que son anunciadas con bombo y platillo para que, al final, todo siga básicamente igual.

Con menos bombo y platillo fue anunciado el nuevo plan de limpieza de la Intendencia de Montevideo. Entre otras cosas, dicho plan se propone remover las papeleras de cinco plazas de la ciudad. ¿El motivo? Que la basura se acumula alrededor de las papeleras y que la gente muchas veces las usa para poner en ellas la basura del hogar. La idea parece ser que si se retiran las papeleras de esas plazas, la gente tirará los residuos en bolsas (que tendrán consigo los cuidadores de cada plaza) y que se llevarán esas bolsas con residuos a sus casas o hasta un contenedor. Es decir, en vez de fiscalizar el buen uso de las papeleras y multar a quien haga un mal uso de las mismas, la alternativa que se propone es pasar a depender por completo de la voluntad de quienes hasta el momento han demostrado tener muy poca. Es el voluntarismo populista que mencionaba antes, más interesado por no incomodar al ciudadano que por recordarle sus obligaciones como tal. No vaya a ser que el ciudadano se enoje si lo multamos y no nos vote la próxima vez.

No es loco pensar que ese barco que se balancea entre el laissez faire (decreto pero no concreto) y el voluntarismo basado en la buena voluntad, no sea muy distinto de lo que está detrás de postergaciones como la Ley de Talles, que sigue sin aprobarse, la Ley del Teatro Independiente, que sigue sin reglamentarse, y de un montón de declaraciones de buenas intenciones que terminan siendo niebla en dispersión en vez de robustas herramientas para la convivencia, que es lo que necesitamos que sean. Además de declaración patrimonial hacen falta proyectos reales y tangibles que vuelvan esa protección inicial en algo que sea parte de la vida de la gente. Material que mejore la vida de los vivos y no se limite a preservar la memoria y la obra de los muertos. Y otro tanto ocurre con la limpieza: sin implicar a los vivos en sus responsabilidades concretas, los planes tienen una buena chance de terminar siendo palabras que se pierden en el viento. Desmantelar lo ya hecho porque no hay ánimo de recordarle al ciudadano sus responsabilidades (tocándole el bolsillo, algo que casi nunca falla) es otra forma de diluir esa convivencia.

La distancia entre lo que se decreta y lo que se hace “es una constante en varios ámbitos de la vida del país”, apunta Ghierra y concreta: “Referido a edificaciones protegidas, la evidencia es gritante: basta ver el estado en que se encuentran muchos inmuebles, algunos incluso monumentos patrimoniales, como el palacio Salvo, la estación Central, el palacio Lapido o el ex hotel Nacional.” No basta con declarar intenciones, por buenas que sean, no basta con la buena voluntad. La convivencia es un pacto delicado que requiere de derechos para poder ejercerse plenamente pero también de sólidas obligaciones hacia los otros. Sin una apuesta decidida por el patrimonio, una que dote de recursos las declaraciones, sin una apuesta firme por recordarle al ciudadano sus obligaciones, seguiremos navegando esa nebulosa que va entre las buenas intenciones y sus más que dudosos resultados.