Es ahora

El actual 2023, que lleva ya más de dos meses de comenzado, es clave desde el punto de vista político y gubernativo. Político porque las distintas colectividades ya empezaron a transitar el camino que las llevará a una definición de sus precandidatos presidenciales y a sumergirse de lleno en el próximo año electoral. Y gubernativo porque es la última chance para la actual administración liderada por Lacalle Pou de concretar sus planes, ya que el año que viene todo girará en torno a las urnas.

Con respecto a la reforma de la educación, llega un poco tarde, aunque de forma justificada por la pandemia de Covid que paralizó todos los planes durante dos años. La propuesta que se conoce públicamente va en el sentido de hacer al sistema de enseñanza más acorde a los tiempos que vivimos. No se puede seguir con esquemas de enseñanza que tienen más de un siglo. No hay país viable con esa base.

Lo que también sería importante es que el actual director nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, que viene liderando este proceso de cambios con decisión y empuje, no se nuble con las cuestiones electorales, dejando de lado una reforma tan crucial. Se puede llegar a entender su interés por ser candidato presidencial colorado, pero quizá esta no sea la oportunidad. Si su gestión en la ANEP es exitosa hasta el fin del gobierno, ya tendrá tiempo para aspiraciones electorales más adelante.

La otra reforma absolutamente fundamental es la jubilatoria. El actual sistema ya no da para más, se cae a pedazos. Haberlo dejado llegar al estado actual es una irresponsabilidad que involucra a todo el sistema político y en especial a los anteriores gobiernos, que optaron por mirar para el costado. La coalición gobernante quiere aprobarla este año en el Parlamento. Sería una buena señal que la vote la unanimidad del sistema político, sin cálculos electorales. Sin embargo, la oposición ya ha trasmitido que no acompañará la mayoría de los cambios propuestos y algunos partidos dentro del oficialismo están planteando públicamente sus objeciones. Es posible que el proyecto sea perfectible, pero las negociaciones en torno a eventuales ajustes no deberían trancar una reforma, sobre todo si responden a cálculos políticos menores. Los irresponsables son los que luego, tarde o temprano, tendrán que responder ante la ciudadanía.

El tercer aspecto es la rebaja impositiva, que en pocas horas anunciará el presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General. Todavía no se saben los detalles y por eso no es conveniente pronunciarse, pero sí vale la pena mencionar dos puntos. El primero es que apostar por aliviar al contribuyente parece lógico, pero el segundo es que hacerlo sin tener en cuenta las recomendaciones técnicas y poniendo en riesgo la consolidación fiscal lograda hasta ahora —si es que no aparecen claramente los ahorros permanentes necesarios para sustentar esos menores ingresos de recaudación— sería, al menos, cuestionable.

Habrá que ver cuáles son las novedades y los avances que surjan en torno a estos tres asuntos y otros en la agenda para la actual etapa del período que planteará el presidente. No es menor lo que ocurra, porque las elecciones son el próximo año y es difícil que la mayoría no quiera darle otro período al oficialismo si los cambios tan postergados se empiezan a concretar. También es difícil que no quiera cambiar si fracasan. Por eso, el discurso de hoy de Lacalle Pou ante el Parlamento es quizá, luego del de la asunción, el más importante. Estaremos muy atentos a su contenido. Es ahora.