N° 1937 - 28 de Setiembre al 04 de Octubre de 2017
Tarde o temprano, los países, sus economías, deben acompañar las señales y tendencias que siguen mercados internacionales inestables y competitivos. Es inevitable hacerlo, realizar ajustes que impone la necesidad de mantener la competitividad. No seguir esas corrientes implica quedar marginado de las corrientes de comercio mundial y, consecuentemente, castigar a sus ciudadanos con la pérdida de puestos de trabajo, el estancamiento o deterioro de sus condiciones de vida.
Nunca dio frutos, y menos hoy, sobrevivir a espaldas del mundo. Entre otras razones, porque es imposible ignorar la amenaza que supone para los mercados laborales el imparable avance de la robotización en los procesos productivos.
La realidad presiona tanto a naciones pequeñas como a países grandes y poderosos. Estados Unidos, Francia y Brasil, por citar solo tres casos, son ejemplo de ello. Por diferentes caminos y orientaciones, los tres procuran superar sus dificultades y recuperar su vitalidad. Tienen claro que, como expresa el dicho popular: camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Tras una década de gobiernos “progresistas”, durante la segunda presidencia de Dilma Rouseff la economía de Brasil se estancó, se desataron masivas protestas populares por servicios públicos de mala calidad y por una corrupción sistémica en las altas esferas del gobierno y la política. En años siguientes, en paralelo con una severa crisis económica, el país vivió, además del juicio político y destitución de la presidenta, las no menos graves acusaciones contra su sucesor Michel Temer. En 2015 y 2016 hubo una fuerte caída del PBI (3,5% y 3,6% respectivamente), creciente déficit fiscal y endeudamiento, pérdida de miles de puestos de trabajo (la desocupación trepó a 13% de la PEA), regresión en las condiciones de vida de decenas de miles de brasileños que en años recientes habían incorporado hábitos de vida de la clase media. Nada ocurrió de un día para otro. En algún momento habría que pagar la factura de la fiesta.
Pese a estar sometido a acusaciones de todo tipo, incluso de obstruir la acción de la justicia, el gobierno de Temer logró aprobar en el Congreso una “regla fiscal” y una “reforma laboral” que flexibilizará las leyes laborales. Pretende, además, reformar el régimen de pensiones para reducir su presión sobre las finanzas públicas.
En Francia, en cumplimiento de una promesa electoral explícita, el presidente Emmanuel Macron logró pasar por la Asamblea Nacional, en la que tiene una cómoda y cohesionada mayoría, cinco decretos que liberalizan la contratación y el despido, y que acotan el poder de los sindicatos en la negociación salarial. Al suscribir la semana pasada los decretos, Macron sostuvo que se trata de la primera de una serie de reformas que incluyen formación profesional, seguro de desempleo y política impositiva que tienen como objetivo “una transformación inédita del modelo social”.
Macron decidió asumir los costos políticos de hacer frente a lo que muchos analistas consideran una manifiesta resistencia al cambio de sus compatriotas, actitud cuya consecuencia ha sido un prolongado estancamiento, económico de un país que junto con Alemania, constituyen el motor de la Unión Europea. Sarkozy y Hollande, sus predecesores, impulsaron reformas laborales, pero debieron dar marcha atrás debido a la impopularidad de sus propuestas.
Los sindicatos y la izquierda liderada por Mélenchon (La Francia Insumisa) promueven la protesta social. Pero la respuesta del presidente ha sido tajante: “Creo en la democracia, y la democracia no está en la calle”.
En Argentina se asegura que tras las elecciones legislativas de octubre, el gobierno de Mauricio Macri encarará también reformas tendientes a flexibilizar las relaciones laborales.
La reforma sancionada en Brasil habilita jornadas de trabajo de 12 horas, establece que la empresa y el trabajador podrán negociar directamente el salario sin atenerse a los mínimos establecidos por el convenio del sector, en el teletrabajo no se fijan sueldos mínimos ni se pagan horas extras, se legaliza el trabajo intermitente, se crea la figura de trabajador autónomo. La norma empodera al trabajador y disminuye las facultades de las corporaciones sindicales.
El solo conocimiento de la decisión brasileña hizo sonar aquí las alarmas en el gobierno y en sus aliados del movimiento sindical. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro; el titular de la Cancillería, Rodolfo Nin, la de Industria Carolina Cosse, el director de la OPP, Álvaro García, y hasta el presidente del Banco Central, Mario Bergara, cuestionaron la decisión brasileña, a la que consideraron un “pésimo ejemplo”. Todos aseguraron que en el gobierno nadie está pensando en seguir los pasos de Brasil. Nin y Murro invocaron un protocolo laboral acordado en 2015. Anunciaron que Uruguay plantearía su preocupación ante una comisión del Mercosur mediante una nota en la que dejaría constancia de su oposición a “una manera de competir en base a la caída de los derechos laborales”.
Nin y Murro, no obstante, reconocieron el derecho de Brasil a determinar su política laboral. Analistas y expertos han señalado que el protocolo invocado no pasa de ser una mera declaración y que, por tanto, el reclamo uruguayo no tendrá consecuencia alguna. La protesta, por tanto, no pasará de un cacareo para la tribuna.
Una protesta destinada más que nada a evitar un mayor descontento en filas frenteamplistas y evitar crispaciones en los sectores radicales del sindicalismo. Esa gran coalición que es el Frente Amplio enfrenta hoy una mayor competencia política tanto por izquierda como por el centro.
Debilitado en la opinión pública, aun a riesgo de que el país pierda competitividad respecto de uno de sus principales socios comerciales, resulta impensable que el gobierno “progresista” abra un nuevo frente de cuestionamiento tanto en la interna como en el ámbito sindical.
El director del Programa de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, el economista Juan Manuel Rodríguez, consideró que “la legislación laboral uruguaya no va a cambiar por la brasileña”, pero recordó que “todo tema que incluye en los costos laborales a la larga influye y es probable que Uruguay pierda competitividad frente a Brasil”. En declaraciones a El País destacó que “no hay en el mundo regulación de los salarios, ni siquiera en la Unión Europea. Se quejan unos países de otros por los salarios que tienen aquellos con los que deben competir”. Resumió: “es parte del mundo en que vivimos”.
El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, preguntó en las redes sociales: “¿Está mal alertar y pedir estudiar hacia dónde está yendo el mundo del trabajo? ¿Está mal alertar sobre la pérdida de puestos y competitividad?”.
En “el mundo que vivimos”, por ejemplo, es un hecho la radicación de capitales y empresas uruguayas, brasileñas y argentinas en Paraguay debido a las condiciones de la plaza guaraní: flexibilidad laboral, baja carga impositiva, nulo corporativismo sindical. En la pasada década, Uruguay se benefició de la llegada de inversores argentinos, “corridos” por las políticas kirchneristas para el agro. Con la soja pusieron en marcha una verdadera revolución productiva en el campo.
La realidad indica que no es con ideología y voluntarismo, sino con realismo, con cultura del trabajo, mayor productividad y mejor inserción internacional que se deben enfrentar los desafíos de estos reacomodamientos de los mercados. No hay mejor receta que permita aprovechar las oportunidades comerciales para mejorar la calidad de vida de los uruguayos.
