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La voz de alerta la dieron organizaciones sociales y grupos de productores y educadores del interior del país preocupados por la venta de inmuebles públicos que, según el proyecto de ley presupuestal aprobado en Diputados, podrían ser considerados “prescindibles”, sobre todo aquellos que pertenecen al sistema estatal de la educación, como son las escuelas rurales cerradas provisoriamente por falta de alumnos.
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El debate de esta disposición presupuestal provocó tensiones entre las bancadas de senadores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y con autoridades de gobierno y representantes de la sociedad civil en el Parlamento (Búsqueda Nº 2.096).
Finalmente, el Senado resolvió excluir de forma expresa “los bienes inmuebles afectados a escuelas rurales” de una eventual declaración de “prescindibles” y por lo tanto traspasables al Ministerio de Vivienda o “enajenables” para destinarlos al Programa de Mejoramiento de Barrios, según la redacción definitiva del artículo 70 del proyecto de ley de Presupuesto votado esta semana.
De hecho, todos los bienes inmuebles de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “quedan fuera” de esta disposición presupuestal, dijo a Búsqueda Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.
Ya en el Parlamento, Silva aclaró la posición del organismo rector de la educación ante las interrogantes de legisladores frentistas. “Hemos mantenido la política de que no vendemos las escuelas rurales”, afirmó el titular del Codicen el 12 de noviembre en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.
Allí también explicó que hay “normativas de Primaria que permiten mantener las escuelas rurales abiertas por un tiempo”, a veces años, a la espera de matrícula. Y agregó que la ANEP ha habilitado a que vecinos organizados puedan trabajar en proyectos productivos y sociales en predios escolares en desuso, comprometiéndose en contrapartida a mantener las instalaciones en buenas condiciones hasta que Primaria vuelva a requerir su uso escolar.
El gobierno pretende “hacer caja con los bienes de Primaria”, había dicho días antes a Búsqueda Pablo Díaz, integrante de la red de emprendimientos productivos de las escuelas rurales y del Movimiento por la Tierra, al presentar más de 5.000 firmas al Parlamento contra esta medida.
Uruguay tiene 1.067 centros de educación catalogados como escuelas rurales y la mayoría son pequeñas y tienen pocos alumnos. Casi 20 escuelas rurales terminaron 2019 con un solo niño, y cada año cierran de cuatro a seis locales por la falta de escolares.
La resistencia de las comunidades locales al cierre de las escuelas rurales va ligada a que muchas veces se trata de la única presencia estatal en sitios apartados de centros poblados y a que, ya permanezcan abiertos o no, los locales educativos suelen servir de espacio para el encuentro social.
Además de las escuelas rurales, también quedan exceptuados de estas disposiciones de la ley presupuestal los bienes del ex Instituto Nacional de Ciegos General Artigas, trasferidos al Ministerio de Desarrollo Social, y aquellos en propiedad o posesión del Programa Nacional de Discapacidad.
Facultad de Veterinaria
La Universidad de la República también quedó excluida del ámbito de aplicación del artículo 70 del Presupuesto, luego de que el rector Rodrigo Arim planteara el 19 de noviembre en el Parlamento su preocupación por la posible “enajenación” de la Facultad de Veterinaria, que en pocos meses dejará su actual edificio, construido en 1910 en el barrio Buceo, para pasar a un moderno local en un predio ubicado en la intersección de las rutas 8 y 102, entre Zonamerica y el estadio Campeón del Siglo.
El senador Jorge Gandini (Partido Nacional) garantizó que el predio actual de esa facultad permanecerá como patrimonio universitario. “Si la Universidad nos dice que la Facultad de Veterinaria es imprescindible porque su enajenación será producto para la Facultad de Química y la Facultad de Medicina —tengo entendido que esa es la idea—, ya alcanza”, dijo.
Según la redacción final del proyecto de ley, los entes autónomos —como la Udelar— y los servicios descentralizados podrán informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Contaduría General de la Nación sobre “los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión, a cualquier título, siendo en tal caso de aplicación lo establecido en el presente artículo”.
