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Especialistas redactan manuales e impulsan capacitación para que el lenguaje jurídico cambie tecnicismos por un estilo claro
La Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro —integrada por la Suprema Corte, la Fiscalía y el Parlamento, entre otros— prepara su primer seminario; el sistema tiene “deficiencias” de comunicación y deben “aggiornarse”, coinciden
Edificio de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El lenguaje jurídico puede ser hermético para quienes no forman parte de su universo. En los escritos abundan las palabras rebuscadas y las expresiones que dificultan la comprensión ciudadana: fojas en vez de hojas, autos en lugar de expediente o proceso, conceptos en latín como el tribunal a quo y ad quem —que significan “el de arriba” o “el de abajo”—, tiempos verbales en desuso, la referencia a las partes como actores o demandados en vez de por nombre y apellido y hasta la alteración de la formación normal de las frases.
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Esta tradición, y los problemas que trae, no es uruguaya. Se trata de un fenómeno internacional, como es también internacional la tendencia reciente a intentar revertirla y adoptar un lenguaje claro. Ese camino, que empezaron a recorrer Inglaterra y Francia, se extendió también a los países de habla hispana.
La Real Academia Española, institución dedicada a la regulación lingüística entre los países que hablan castellano, impulsó la creación de una cátedra latinoamericana formada por universidades de varios países y a mediados de este año constituyó la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.
Uruguay no es ajeno a esa corriente y desde el 20 de junio de 2022 tiene también la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro. El lanzamiento se hizo en el Palacio Legislativo, la iniciativa la impulsó la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo —coordinadora de la red— y se integraron la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Parlamento.
“El objetivo es que el ciudadano común pueda comprender los mensajes que se mandan desde el Estado, desde la notificación de una factura o una multa hasta entender decretos, resoluciones, leyes y sentencias”, aseguró a Búsqueda Santiago Pereira Campos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo y coordinador de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro. Se trata, dijo, de promover un “cambio de paradigma”: las sentencias “siempre” se construyen pensando en los operadores judiciales, abogados y legisladores y pretenden iniciar un proceso que tenga “a las personas destinatarias como centro fundamental de los mensajes”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, reconoció a Búsqueda que hay “deficiencias” en la redacción de “muchas” sentencias, como la utilización de palabras en latín o términos jurídicos que las personas no entienden. En ese sentido, consideró que “concientizar” en la utilización de un lenguaje claro y “aggiornarse” son “cuestiones clave”. “Las sentencias tienen que estar redactadas en un idioma que la sociedad entienda. Es un derecho del ciudadano que haya una Justicia clara y fundada”, aseguró.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, coincidió con Pérez en que existen “deficiencias” en la comunicación de los procesos judiciales y que la utilización de un “lenguaje liso y llano favorece el acceso a la Justicia”. En su opinión, es “relevante” y “muy buena” la iniciativa por “la complejidad de las explicaciones”.
“Muchas veces la gente se pregunta: ¿me dieron la razón o no?”, contó el fiscal de Corte en relación con lo que sucede en juicios de todas las materias, cuando algunas personas tienen dificultades para entender lo que se está definiendo. Por esa razón consideró “muy importante” que “la gente comprenda de forma muy sencilla las decisiones judiciales”.
En ese sentido, Pérez destacó el trabajo que se comenzó a realizar a través de la red y que el objetivo es lograr un “lenguaje uniforme” o “estándar” que permita la comprensión.
La designada como contraparte técnica de la Cámara de Senadores y la Comisión Administrativa del Poder Legislativo en el convenio, Ximena Pinto, señaló que entendieron que era “elemental” participar en la red, dado que el tema del lenguaje que se utiliza en las leyes y la actividad administrativa es “crucial para la democracia y el Estado de derecho”.
“Es necesario mejorar. No se puede olvidar que el destinatario de la ley es la población y es importante que el lenguaje sea claro para que permita su comprensión”, aseguró. Pinto coincidió con Pérez en que es necesario aggiornarse.
Manuales, capacitación y semilleros
En los meses que pasaron desde su creación, laRed Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro formó grupos técnicos que comenzaron a trabajar en cómo se deben redactar los mensajes que salen de los distintos ámbitos del Estado, en la Suprema Corte, la Fiscalía, en el Poder Legislativo, y otro general. El trabajo de estos grupos se traducirá en protocolos y manuales que serán utilizados por los distintos organismos. Pereira Campos señaló que esperan próximamente la incorporación a la red de UTE, OSE y Antel.
Otra línea de trabajo apunta a la capacitación y se pondrá en marcha este mes con el primer seminario general, que se realizará el próximo 20 de octubre. En esa instancia habrá un módulo con expertos internacionales, como representantes de organismos de lenguaje claro de Argentina y Colombia y la cátedra latinoamericana, que explicarán cómo se trabaja en otros países. Luego, le seguirán autoridades nacionales, donde los representantes plantearán el trabajo realizado y las carencias en la comunicación de cada uno, indicó Pereira Campos.
En una segunda etapa de trabajo, la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro se propone crear “semilleros” en las facultades, para que estudiantes comiencen a investigar sobre la temática, además de incorporar una capacitación universitaria en carreras como Abogacía, Notariado, Asistencia Social y Comunicación, entre otras. Pereira Campos dijo que están abiertos a la incorporación de cualquier organismo público ante la mera solicitud y en el caso de instituciones de la sociedad civil con la aprobación de los miembros fundadores.
Además de la Suprema Corte, la Fiscalía y el Parlamento se incorporaron a la red el Impo, el Colegio de Traductores Públicos, el Colegio de Abogados, y se encuentran en trámites de ingreso el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Educación y Cultura y el Banco de Previsión Social.
